La Corte de Apelaciones de Puerto Montt remitió un oficio al Departamento de Aseo de la Municipalidad de Puerto Varas, para que entregue un informe respecto al retiro de los cables en los postes, tras fallo que así lo obliga, decretado por la Corte Suprema.
Fue el miércoles 13 de febrero que entre Puerto Varas y Puerto Montt fueron derribados cuatro postes del tendido eléctrico, debido a dos hechos que involucraron vehículos, causando el corte de electricidad en miles de hogares.
De acuerdo a Saesa, la empresa suministradora de energía eléctrica, hasta el 15 de febrero de este año, un total de 27 postes han sido chocados y destruidos.
Esta situación ha provocado que 25 mil 726 hogares tengan problemas con la electricidad, cortándose ese servicio por largos períodos, que en algunas oportunidades ha superado las seis horas.
En Puerto Varas, el miércoles 13, fue un camión que transportaba maquinaría por el centro de la ciudad, pasadas las 7 horas, que arrastró los cables y derribó tres postes.
En Puerto Montt, el mismo día el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo cuando bajaba por cuesta Crucero, chocando un poste que lo quebró desde su base. La falta de electricidad ese día afectó, sólo en la capital regional, a más de 15 mil clientes de esa firma.
El reemplazo de un poste de concreto del tendido eléctrico tiene un valor de alrededor de un millón de pesos, lo que es traspasado a quien provoca este año, a través de las acciones judiciales que se presentan en los tribunales.
De acuerdo a Pablo Padilla, jefe de Operaciones de Crell, el valor de un poste depende de su altura, su capacidad de ruptura, así como de su materialidad (madera, metal, fibra de vidrio o concreto).
"El que más se utiliza en la red de distribución es el poste de concreto, pero el valor del cambio de un poste va más allá del valor del material, ya que se involucran un conjunto de variables técnicas, como la atención de la emergencia, la destinación de recursos técnicos, la destinación de recursos humanos, el reemplazo de otros componentes producto del choque al poste, como la aislación; los conductores, luminarias, daño a los empalmes domiciliarios- Son un conjunto de variables que se suman al costo de la emergencia, lo que se puede traducir finalmente en un millón 400 mil pesos a dos millones de pesos, aproximadamente", explicó.
Saesa informó que durante 2018 sólo en la Provincia de Llanquihue hubo 177 postes chocados, lo que significó que 155 mil 136 hogares se vieran afectados, en distintos momentos.
Hasta el 15 de febrero pasado, han sido destruidos 27 postes, con más de 25 mil familias afectadas. A igual fecha de 2018, habían sido chocados 23 postes, complicando estos hechos a 20 mil 444 hogares.
Para la suministradora eléctrica, la reposición de un poste tiene un promedio de hasta cuatro horas.
"Una de las principales causas por la que se corta el suministro eléctrico, son los choques a postes. Es por eso que como compañía realizamos un llamado a todos quienes conducen, a que tomen los resguardos y así evitar afectar a cientos de hogares, en algunos casos hasta miles, por largas horas mientras nuestros equipos deben trabajar para reponer el suministro eléctrico", especificó Cristian Arriagada, jefe de Servicio de la compañía.
Otro dato relevante, es que como los primeros en llegar a los accidentes suelen ser los carabineros, la compañía ha estado realizando capacitaciones en riesgos eléctricos en comisarías de la provincia.
El jefe de operaciones de Crell, Pablo Padilla recalcó que un choque es perjudicial para las personas y sus grupos familiares. En general, cuando los cortes ocurren, no es resorte de la empresa. "Generalmente, en las empresas se hacen campañas para evitar estos accidentes, ya que son siempre tres conductas las que llevan a este tipo de problemas: conducir en estado de ebriedad, el paso de vehículos de gran altura por caminos que no están habilitados para ello; y, simplemente, los excesos de velocidad".
La falta de una marcha blanca en la implementación de la llamada ley Cholito, que busca resguardar el derecho y cuidado de las mascotas, es uno de los puntos que faltó, de acuerdo al concejal (PS) Fernando España, al referirse a la posibilidad que esos animales queden en condición de abandono.
De acuerdo a España, la ley obliga a la inscripción que permite identificar las mascotas, haciendo responsable a sus dueños ante cualquier accidente, mordedura, se pierda, sufra maltrato y hasta, en muchos casos, tener que cancelar por una inscripción, cuyo valor no está al alcance de sus bolsillos. "Muchos propietarios terminarán abandonando sus mascotas y con ello aumentar los animales en las calles o en el sector rural, a pesar que la ley sanciona el abandono como delito (no como falta) con penas que van desde los 61 días hasta los 3 años de cárcel".
La puesta en marcha de esta ley produce un cambio en la cultura del país, "y ante tal cambio, esta norma legal debió ir acompañada de una marcha blanca con un plan de educación masivo, explicando la importancia de los deberes y derechos con sus mascotas. Pero aquí se produce el fracaso más estrepitoso del Estado en la implementación de este marco legal iniciado el 12 de febrero".
Para el edil el problema del abandono se podría registrar con mayor frecuencia en los sectores rurales, donde ya se han observado perros que cazan por su propia cuenta.