El intendente Harry Jürgensen admitió ayer que hay un efecto al suspenderse los procesos en trámite de concesiones marítimas. No obstante, aseguró haber observado la disposición de esas comunidades "para desafectar ciertas zonas", ya que "no tienen interés de producir perjuicios económicos". Aseguró que como Gobierno proyectan realizar obras para mejorar la conectividad en las islas, por lo que se mostró confiado en que esa asociación, de 15 comunidades, accederá a desafectar superficies en las que se necesite hacerlo, "para no impedir ni retrasar inversiones importantes de conectividad y de productividad".

Erwin Schnaidt Ávila

Su reconocimiento y respeto a las actividades productivas del sector artesanal, expresó la Asociación de Comunidades Mapuches Williches Territorio Rilon Kawin, que presentó una solicitud de creación de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), para todo el territorio costero de la comuna de Puerto Montt.

La petición fue acogida a trámite el pasado 15 de febrero por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), al cumplir con los requisitos de la también conocida "Ley Lafkenche" ( 20.249).

Ello implicó la suspensión de solicitudes en trámite, como concesiones marítimas, de acuicultura o de áreas de manejo, que presenten sobreposición con el espacio solicitado.

De acuerdo al seremi de Economía, Francisco Muñoz, existen 232 concesiones, cuya tramitación queda detenida, en tanto se gestione esta presentación, lo que en teoría debería tardar unos 12 meses, aunque en la práctica el promedio llega a seis años.

Sin embargo, a través de una "Declaración de principios y voluntades", emitida ayer por esa Asociación de Comunidades, aseveran que "reconocemos el uso histórico de la actividad pesquera artesanal en todo el espacio solicitado y, en consecuencia, respetamos las prácticas productivas, caletas, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y caladeros de pesca en toda la extensión de la solicitud ECMPO".

En el documento, titulado Manifiesto Ngulam Rilon Kawin, expresaron su "voluntad y disposición de diálogo, sin exclusiones", para lo que invitan a los actores del territorio, con intereses en el borde costero, "a participar de una mesa de trabajo que constituiremos, en la que buscamos generar una relación de trabajo mancomunado y respetuoso".

Sus argumentos

La declaración también establece los objetivos que motivaron la solicitud de un área de 85 mil 903 hectáreas, que comprende prácticamente todo el Seno del Reloncaví, incluso las islas Tenglo, Maillen y Huar.

"El Estado y el mercado se han encargado de invisibilizar nuestros derechos por medio de privatizaciones, concesiones, cuotas y leyes; heredándonos sobreexplotación, contaminación y miseria. Por eso nos organizamos, para decir que ¡ya basta!, para exigir que se respeten nuestros derechos de usos colectivos sobre el borde costero y sus recursos y, por sobre todo, para proteger la biodiversidad, el medio ambiente y el bien común".

Aseguran que en su presentación del 23 de junio de 2018, argumentaron varios usos consuetudinarios, como alimenticio, ceremonial, medicinal, recreacional, comercial, conectivo y extractivo "todos debidamente fundados", subrayan.

En esa organización existe certeza en cuanto a que el espacio solicitado "se encuentra dentro de nuestros límites territoriales naturales y en función de lo definido en la propia Ley 20.249, que considera el resguardo de la superficie necesaria para asegurar el ejercicio de los usos consuetudinarios", establecen.

Además, acusan que el Estado "ha demostrado que no otorga las garantías para la debida protección del borde costero y la conservación de los recursos pesqueros, privatizando las costas y los peces, sobreexplotando la vida, fomentando el monocultivo de especies exóticas y depredadoras, que amenazan nuestros ecosistemas seriamente. Tratando al mar como un vertedero".

Entre sus 314 mil 395 clientes de la región, la empresa Saesa evalúa ofrecer el pago de $ 10 mil, para cambiar el medidor antiguo, por un dispositivo "inteligente".

La medida responde a un acuerdo voluntario al que llegó el Grupo Saesa con el Ministerio de Energía, en el que además participan Enel y Chilquinta, lo que representa un universo de dos millones 400 mil hogares, aseguró la ministra Susana Jiménez, quien ayer visitó Puerto Montt.

"Tengo la convicción que el recambio es positivo, para una mejor calidad de servicio para los hogares. Creo importante que la gente conozca esos beneficios y sepa la potencialidad que se abre, pero también que vea un beneficio directo e inmediato, a través del recambio", subrayó la autoridad.

En una mesa técnica se analiza la forma de pago, así como el aviso, recepción y reposición de esos marcadores.

Comentó que como se trata de un proceso gradual, "habrá personas que querrán cambiarlo inmediatamente y otras que se demorarán más. Esta es una obligación de las empresas, que tienen plazos que cumplir, con cierta cobertura de recambio, hasta alcanzar el ciento por ciento, en siete años".

Apuntó que es deber de las compañías informar los beneficios que son alcanzables, "para que la gente, poco a poco, vaya migrando a esta nueva tecnología".

Jiménez admitió que existen movimientos ciudadanos que se oponen a esta acción y que "por eso estamos abocados a informar y a promover incentivos, que permitan que la gente se informe, conozca y tome la decisión de sumarse a este cambio tecnológico".

Situación de crell

Respecto de la otra empresa distribuidora de la región, la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue (Crell), la ministra Jiménez aseguró que en la mesa técnica está representada por la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas.

"Hay una situación distinta, por ser estas instituciones sin fines de lucro. Están participando para ver cómo sumamos incentivos al recambio de medidores", expuso.

Consultada si Crell ha manifestado interés en pagar esos $10 mil, la secretaria de Estado afirmó que "esta es una propuesta que se está trabajando. Su implementación es parte de lo que está haciendo la mesa técnica. Esperamos que poco a poco se vayan sumando con esta propuesta -u otras- que permita hacer atractivo a las personas conocer los beneficios y virtudes de los medidores 'inteligentes' y que obtengan un incentivo inmediato".

Chile Atiende espera recibir más de 400 mil personas en 2019

La red de asistencia y orientación para acceder a diversos servicios del Estado, Chile Atiende, espera alcanzar las 400 mil prestaciones durante este año.

La meta es alcanzable, según reconocen en esa oficina regional, donde el año pasado reportaron 387 mil prestaciones, lo que incluye el despliegue de su oficina móvil.

Pedro Campos, director regional subrogante del Instituto de Previsión Social (IPS), estableció que ese servicio "cumple un rol relevante en facilitar los servicios públicos a la ciudadanía. Nuestro objetivo es orientar y entregar atenciones, dentro del marco de convenios vigentes. Queremos hacer más fácil y accesible la interacción entre el Estado y las personas, y para eso contamos con 21 sucursales de atención en la región", expuso.

Con 28 instituciones

Campos especificó que en la sucursal de ChileAtiende en Puerto Montt (Urmeneta con Guillermo Gallardo), atienden más de 240 servicios o trámites de 28 instituciones públicas.

"Esto considera tanto al Instituto de Previsión Social (IPS), como a esas 28 entidades en convenio, lo que incluye trámites del Pilar Solidario del Sistema de Pensiones, bonos Fonasa, reposición de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), llamados a programas del Fosis y solicitud de Clave Única", especificó el director regional (s) del IPS de Los Lagos.

A nivel nacional, ese canal de atención presencial totalizó el año pasado más de 6 millones 500 mil prestaciones.

Aparte de ello, el medio telefónico, correspondiente al número 101, recibió más de un millón 550 mil llamadas.

En redes sociales (Facebook y Twitter) asistieron unas 56 mil consultas, lo que aumentará ante el crecimiento de esas modalidades de atención.

Asimismo, en el portal web institucional, registraron cerca de 59 millones de visitas durante el año pasado.