La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) informó ayer de un nuevo caso de clonación masiva de tarjetas, que al cierre de esta edición había afectado a 3.564 clientes.

De acuerdo a la SBIF, esta vez fueron once instituciones bancarias involucradas, además de una cooperativa de ahorro y crédito.

Según la información que pudo recabar la Superintendencia, el punto donde podrían haberse cometido los ilícitos estarían en "el servicio de casilla internacional Transexpress, desde donde los datos habrían sido extraídos durante el posible periodo de compromiso, comprendido entre el 12 de septiembre de 2018 y el 5 de marzo de 2019", señaló el organismo fiscalizador.

Asimismo, la SBIF indicó en un comunicado que colgó en su página web, que "los emisores han adoptado las medidas del caso, bloqueando preventivamente las tarjetas y comunicándose con sus clientes, de acuerdo a la normativa de la SBIF".

En el mismo documento, la Superintendencia realizó un llamado a todas las personas a "revisar periódicamente la actividad de sus medios de pago y reportar actividad sospechosa si las hubiera. Esta Superintendencia continúa supervisando la adopción de todas las medidas necesarias para resguardar la estabilidad de los medios de pago".

Desde Banco Falabella detallaron que el episodio afectó a 28 tarjetas de sus clientes y a 305 ejemplares de CMR. Todas, indicaron, fueron bloqueadas de forma preventiva, reportó radio Bío Bío. al cierre de esta edición, no se conocían el nombre de las otras diez instituciones afectadas por el fraude.

Esta clonación es la segunda con características masivas ocurrida en menos de siete días. El fin de semana pasado se informó sobre la clonación de 1.738 tarjetas bancarias pertenecientes a ocho emisores y un operador. En ese caso se logró detener a ocho personas que estarían involucradas en el delito, realizado con el método del Skimming y cuyo punto de compromiso se ubicó en una estación de servicio en la comuna de San Miguel.

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), ordenó una investigación administrativa por el error de omisión de un artículo fundamental de la Ley de Pago a 30 días, que fue promulgada la semana pasada y dejó a las pymes sin la posibilidad de demandar en caso de verse vulneradas en su relación comercial con grandes empresas.

Según Quintana, "todo indica que el problema se produjo en la redacción de los informes técnicos", que están a cargo de la Secretaría de la Corporación, la cual era dirigida por Mario Labbé y actualmente es liderada por Raúl Guzmán.

"Por tal motivo, y con el propósito de conocer el detalle de lo ocurrido, le he pedido al secretario general instruir una investigación administrativa", precisó Quintana.

En ese sentido, "quiero ser enfático en señalar que esto no es responsabilidad de los senadores o senadoras, es más, la materia excluida nunca fue parte del debate", dijo.

En el oficio emitido por el Senado a la Cámara de Diputados, donde se explica la aprobación de la iniciativa, se eliminó la frase "inciso primero", lo que obligó a reemplazar un artículo completo.

El texto original del Artículo 2° emitido por la Comisión de Economía en octubre de 2017 dice "Reemplázase el inciso primero del literal i) del artículo 4º de la ley N° 20.169, sobre competencia desleal".

Sin embargo, en enero de 2018, la Secretaría del Senado señaló "Artículo 2°.- Reemplázase el literal i) del artículo 4º de la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal".

Críticas

El inconveniente levantó una serie de críticas contra el ministro de Economía, José Ramón Valente, debido a que la ley tendrá que ser recogida para su corrección y, sobre todo, tras señalar que "es solamente un error en la transcripción de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso. No es ningún escándalo, no es ninguna manipulación".

Tanto la Secretaría como la Biblioteca del Congreso salieron a defenderse. Enfatizando que tiene un rol asesor de los parlamentarios, la Biblioteca explicó que no realiza interpretaciones de los textos legales y que el material en cuestión fue modificado de acuerdo a lo que dispuso el legislador.

Además, el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS), puso en duda las palabras del ministro "Valente miente", dijo, según consignó La Tercera. "Siendo autor de la ley, junto al exsenador Tuma creemos que aquí nuevamente el ministro miente. En la propia tramitación él trato de forzar esta ley para proteger determinados intereses, especialmente de la banca o de grandes proveedores", agregó De Urresti.

Asimismo, aseguró que Valente debe dar explicaciones no solo por este tema, sino también por la manipulación del IPC. "Es importante que aclare por qué desapareció el párrafo. También tiene que dar muchas explicaciones por lo que ocurrió en el INE y sobre lo que está ocurriendo en su cartera, donde se han producido situaciones anómalas", dijo

El senador subrayó que "la omisión de ese párrafo, que se discutió y fue parte del proyecto, tendrá que ser aclarado por el ministro o tendremos que ir a tribunales o a la Contraloría General de la República para que se pueda dilucidar".

A las críticas al ministro se suman los cuestionamientos hacia el Gobierno realizadas por la senadora Ximena Rincón (DC), quien impulsó una iniciativa en la Comisión de Economía de la Cámara Alta para corregir el error.