El 22 de junio cumplió cuatro años el caso de un adolescente, que en 2015 perdió la vida afectado por Hantavirus, y donde la familia denunció una presunta mala atención y mal diagnóstico médico.

Fue la madre de Joaquín (13 años), Rosana Collado, quien se refirió al avance de la causa, pidiendo que se siga investigando para que sean sancionados los responsables.

"No es la parte económica, a mí me interesa que se haga justicia, porque el médico que nos atendió fue muy negligente. Cuando le dijeron que era Virus Hanta, él no hizo caso, y me hizo pasar por malos ratos. En la clínica no tuve quién me llevara a mí, nadie me ayudó a subirlo a una camilla y a una ambulancia. Creo que han sido muchos errores, por los cuales se debe hacer justicia, sobre todo por este médico que ahora trabaja en un servicio público", aseguró.

La madre del niño señaló que hay testigos y pruebas que permiten que esta causa siga adelante. "No quiero que esto pase desapercibido, no quiero que más gente muera", anotó.

Retardo

Al abogado querellante Rodrigo Tejos le llama la atención la demora del caso, justo a cuatro años del fallecimiento de Joaquín.

Tejos aseguró que la Brigada de Homicidios de la PDI ha efectuado un buen trabajo con testigos, entre ellos personal médico y enfermeras.

"Todas esas declaraciones dan cuenta de un actuar negligente del médico tratante, un diagnóstico equivocado y de la falta de la aplicación del protocolo que había anunciado el Ministerio de Salud en dos oportunidades ese año" (2015), indicó.

De acuerdo al ex fiscal, la única diligencia que resta en la investigación es un pronunciamiento de la unidad de negligencias médicas del Servicio Médico Legal "y nos llama la atención su retardo o demora, ya que lo que hay que constatar es si el médico o la clínica aplicó o no el protocolo que el Ministerio de Salud había informado a los establecimientos de salud de la región ante diagnósticos y evidencia de pacientes contagiados con Virus Hanta", afirmó.

El fiscal Patricio Llancamán, quien lleva adelante la causa, aseguró que la postura del Ministerio Público es que haya sanción, y por ello la causa no se ha cerrado.

Para el persecutor, existe una diligencia relevante. "El fiscal regional planteó esta pericia con una profesional del Instituto de Criminalística de la PDI, pero el proceso investigativo está en desarrollo y abierto para reunir pruebas".