El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para el conductor de un automóvil que en estado de ebriedad impactó y atropelló a un matrimonio en la avenida Presidente Ibáñez, falleciendo la mujer y dejando en estado de gravedad a su esposo.

Tras la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, se entregó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos (54 años) falleció en el mismo lugar mientras que su marido Sergio Hernán Díaz Mansilla resultó con lesiones de gravedad. El detenido (Exequiel Barría) fue imputado por manejo en estado de ebriedad, ocasionando accidente con resultado de muerte, lesiones graves y daños.

Carabinero de franco frustró asalto en Servipag del Mall Paseo del Mar

Un delincuente asaltó anoche el local Servipag, ubicado en el Mall Paseo del Mar de Puerto Montt. Sin embargo, su atraco fue frustrado por un carabinero de franco, oriundo de Coyhaique.

Según los antecedentes policiales, el imputado se hizo pasar por un repartidor de flores para acceder al interior de la sucursal. Ahí un cajero le abrió una puerta y, tras ello, el delincuente lo amenazó con una llave de automóvil en el cuello.

Así el asaltante consiguió un botín estimado en $ 2 millones, aproximadamente. De inmediato se activaron las alarmas. Aún al interior del mall, un carabinero de civil detuvo al malhechor y lo entregó a carabineros de la 2º Comisaría de Puerto Montt.

El fiscal de turno instruyó la presencia de carabineros del OS9, para recabar más antecedentes del ilícito, como relatos de testigos y registros de cámaras de vigilancia en el lugar y sus inmediaciones. En tanto, el asaltante, quien registra antecedentes policiales, quedó a disposición del tribunal de Garantía.

Marcelo Galindo Gallardo

La pérdida de confianza en la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos (Essal) es uno de los factores que argumentaron los parlamentarios de la región para pedir la caducidad de la concesión, ante los hechos ocurridos en Osorno y que mantuvieron a la población por espacio de 10 días sin el suministro de agua potable.

Para el senador (UDI) Iván Moreira los días fueron eternos para los osorninos, quienes se convirtieron en víctimas de una serie de errores y mentiras de Essal.

Moreira dijo que la "falla humana" no la supieron manejar, evidenciando falta de profesionalismo, seriedad y compromiso: "Es necesario plantearse si esta sanitaria está hoy en condiciones de entregar a la comunidad un servicio vital. Uno de sus principales activos era la confianza, pero me atrevo a decir, que eso se perdió durante esta crisis".

Según el legislador gremialista, el suministro de agua potable es clave, la ciudadanía necesita saber que el servicio que provee Essal está en condiciones de consumo, "y muchas personas, en su legítimo derecho, dudarán por un buen tiempo. Más aún, hemos sabido de otras graves negligencias de esta sanitaria en la región, tal es el caso de Puerto Varas y la contaminación del lago Llanquihue, o la investigación que existe en Ancud, por malos olores en la bahía. En fin, son 85 procesos sancionatorios entre 2014 y 2018 para esta empresa", expresó.

Regularización

De acuerdo al diputado (PS) Fidel Espinoza, el gobierno tiene las herramientas para poder pedir la caducidad de esta concesión; sin embargo, no lo hará, "y si bien el Presidente (Sebastián Piñera) ha criticado a la sanitaria, no ha dado señales claras respecto a un término de la concesión", argumentó.

Según Espinoza, en este sentido se debe ser claro, terminar la concesión implicaría que tenga que ser otra empresa que se haga cargo de todo el sistema operativo de la región y ello es impracticable el día de hoy.

"Lo que hay que exigir son regulaciones más duras, que el proyecto que duerme en el Senado hace más de un año se haga efectivo que potencia la regularización a los servicios sanitarios, que esto no sean meras multas porque al final ello lo termina pagando el usuario".

De acuerdo al parlamentario, todas las sanitarias de Chile están llenas de causas de todo tipo, "lo que significa que desde todo punto de vista es que esta empresa tiene que invertir y garantizar que van a estar preparados para enfrentar contingencias de ese tipo".

Para el diputado (UDI) Javier Hernández "la comunidad de Osorno fue herida", y por lo cual se va a exigir todo el rigor de la ley.

"Essal se tiene que ir de Osorno. Ya no es posible que recupere la confianza de la ciudadanía. La recuperación de confianza hoy corre por cuenta de las autoridades, y para ello se debe aplicar el máximo rigor de la ley", anotó.

Informes

Alejandro Santana, diputado de Renovación Nacional, dijo que en el comité político de los días lunes se planteó con claridad al gobierno la importancia de dar una señal de caducar la concesión de Essal.

Según Santana, la contaminación del agua potable en Osorno, es un tema gravísimo, pero recordó que no es el único en el historial de la empresa Essal.

"Hemos visto innumerables informes y sanciones a lo largo del tiempo. En paralelo a lo de Osorno conocimos el informe de los coliformes fecales de Ancud y hoy estamos a la espera de los resultados de una investigación por parte de Contraloría para conocer cuántos de estos informes hay en el pasado, pero que lamentablemente no fueron considerados para tomar determinaciones drásticas sino meramente de sanciones pecuniarias. Y en esa línea nosotros consideramos importante que demos una señal como Gobierno para eliminar los abusos de estas empresas que son monopólicas y reguladas, pero que sin duda se preocupan más de estar bien con su ente regulador que no con las personas y hacen el mínimo esfuerzo, lo que no es suficiente para dar garantías de salubridad y de operación", manifestó el legislador.

Político

El senador (PS) Rabindranath Quinteros, recalcó que se debe profundizar la legislación y las medidas de fiscalización de estas empresas.

De acuerdo a Quinteros, de ponerse fin a la concesión de la sanitaria Essal, deberá nombrarse un administrador provisional del servicio, mientras se realiza un nuevo llamado a licitación. El parlamentario precisó que las formas y plazos del proceso están señalado en la Ley General de Servicios Sanitarios.

El senador Quinteros indicó que, en términos generales, la caducidad de la concesión es una medida excepcional que se aplica cuando la mantención de ésta es incompatible con el interés general.

Explicó que el artículo 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios faculta al Presidente de la República -previo informe técnico- para poner fin a una concesión, por lo que -recalcó el parlamentario "en último término, estamos frente a una decisión de carácter político, la que en todo caso, debe ser declarada por el Presidente mediante una decreto supremo fundado del Ministerio de Obras Públicas".

Indicó que una vez aplicada la caducidad, se debe disponer la administración provisional del servicio.

"Esta administración no es permanente. Debe licitarse una nueva concesión de manera de adjudicar la administración del servicio a un nuevo concesionario en el plazo de un año desde la caducidad de la concesión".