Fiscalía formalizó por cuatro delitos a joven encontrado con explosivos en Calbuco
CASO BOMBAS. Juez desechó dos de los ilícitos en orden de definir las cautelares, de esta forma solo ordenó arresto domiciliario. Fiscal recurrió a la Corte . JUICIO ORAL. Hecho ocurrió hace un año en una cabaña de trabajadores de una empresa de cultivos de choritos emplazada en la Carretera Austral.
Por los delitos de amenazas, tenencia de explosivos, fabricación de explosivos y ofrecimiento a terceros de estos -además de tenencia y porte de arma blanca- el Ministerio Público formalizó ayer al menor de edad de Calbuco que fue detenido el miércoles por manejar en su casa una serie de bombas y productos para fabricarlas.
Los cargos de imputación fueron expuestos por el fiscal jefe de la comuna, Marcelo Maldonado, quien eso sí no quedó conforme, puesto que el juez Riquelme solo consideró dos de las figuras judiciales para definir las medidas cautelares.
En este aspecto, ni amenaza ni el ofrecimiento a terceros ni el porte de arma blanca fue considerado por el tribunal, pese a que la Fiscalía presentó conversaciones de Whatsapp donde, asegura el persecutor, se expresaba claramente las nociones de amenaza a la comunidad y ánimos de venganza.
"Nosotros hemos puesto en conocimiento del tribunal cuatro hechos ilícitos, de los cuales el tribunal ha entendido una interpretación de ello, que no compartimos, pero que estamos en condiciones de presentar los recursos y revertir la situación en la Corte de Apelaciones", confirmó Maldonado.
La extrañeza de Maldonado tiene que ver con los argumentos que presentó en la audiencia, en donde hizo hincapié en aspectos que, a su juicio, merecían mayor culpabilidad. Así por ejemplo, entregó una serie de antecedentes de conversaciones de Whatsapp que el joven tuvo con compañeros de colegio y también con su madre.
"Una de las conversaciones que se extraen del teléfono, es de comportamientos que se interpretan como violentos y que dicen relación con la posibilidad de agresión a terceros, como de su núcleo familiar", explicó el persecutor, asegurando que también habrían intentos de atentados a dos recintos educacionales.
A lo anterior Maldonado agregó, a la salida del tribunal, los antecedentes del equipo experto en bombas que analizó el caso, asegurando que la peligrosidad de los artefactos encontrados podrían, incluso, provocar la muerte de una persona.
Satisfacción
El defensor del joven, Claudio Herrera, se mostró satisfecho de que no entrara en discusión los delitos de amenaza y ofrecimiento a terceros, puesto que estos revierten aún mayor gravedad a las penas.
"El juez, sobre el delito más grave que es la fabricación y oferta de artefactos explosivos, él refirió después de ver imagen de detonación del artefacto, que el poder expansivo era tan mínimo que era incapaz de provocar una lesión, es decir, los elementos supuestamente fabricados por el adolescente escapan de la peligrosidad que la norma reclama para justificar la alta penalidad", explicó el abogado.
Sobre las amenazas, aseguró que "en el Código Penal (la amenaza) tiene que estar dirigida hacia una persona individualizada, y aquí no hay personas singularizadas".
El Tribunal finalmente descartó la internación provisoria como medida cautelar y determinó arresto domiciliario total y arraigo nacional. Además de no acercase a los liceos politécnicos de Calbuco y el Colegio San Miguel, además de no poder acercarse a la joven que hizo la denuncia.
Se determinó un plazo de investigación de 120 días.
La jornada en el tribunal terminó con un amplio operativo en que Carabineros debió trasladar al imputado hacia su hogar en uno de los carros policiales.
Recurrió a la corte
Ayer por la tarde la Fiscalía recurrió de hecho ante la Corte de Apelaciones de puerto Montt, para que esta instancia resuelva respecto a la petición del Ministerio Público para que el adolescente cumpla internación provisoria. El tribunal de alzada determinará si se mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario o se revoca.
Una pena de 15 años de cárcel es lo que está solicitando el Ministerio Público para el acusado del delito de homicidio ocurrido el 10 de agosto de 2018, en horas de la noche, en una cabaña donde pernoctaban trabajadores de una empresa de cultivos de choritos emplazada en la Carretera Austral.
El imputado del asesinato está acusado de dar muerte a su primo, quien incluso tenía una afección cardíaca. Para ello habría utilizado un cuchillo, dejando de existir en el lugar Patricio Ariel Huenul Muñoz (29 años).
El hecho se registró en el kilómetro 26 de la Ruta 7 en el sector de Quillaipe en la cabaña de la empresa de Cultivos Marinos, donde se quedaban los trabajadores.
Ese día en el lugar hubo ingesta de bebidas alcohólicas, de acuerdo a la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI.
De acuerdo a la Fiscal Nathalie Yonsson, el imputado Pedro Gabriel Cárdenas Muñoz (28 años) podría ser sentenciado a 15 años de presidio.
"La defensa alegaba absolución ya que señalaban que se trataba de una lesión autoinferida. Lo que fue descartada por la prueba testimonial, pericial y la evidencia material que daban cuenta de una agresión que termina con este resultado fatal", adujo la persecutora.
Tanto la víctima como el imputado eran primos. La fiscal Yonsson relató que la víctima tenía un marcapasos y justamente una de las heridas con el arma cortopunzante fue propinada a la altura del corazón.
La sala que resolvió el veredicto condenatorio por el delito de homicidio contra el acusado estuvo compuesta por José Bustos, Patricia Miranda y Francisco del Campo.
Testigos
Otra sentencia que se resolverá la próxima semana es el homicidio ocurrido el 26 de julio de 2018 en horas de la tarde en la plaza de la población Mirador de la Cordillera emplazada en la Ruta El Tepual.
En calidad de acusados están dos hermanos, uno de 15 y otro 19 años, quienes atacaron y golpearon con un objeto contundente (un palo) a José Patricio Nancuante Bahamonde, recolector del sector.
La víctima resultó gravemente lesionada y fue trasladada al Hospital Puerto Montt, donde perdió la vida el 31 de julio tras los esfuerzos desplegados por los facultativos de turno.
El Ministerio Público solicitó una pena de 15 años para el adulto y de cinco años para el menor.
El joven mayor de edad, de acuerdo a la fiscal Nathalie Yonsson estaba cumpliendo un condena por robo en lugar habitado cuando cometió el crimen.
Incluso registra antecedentes por su participación en otro homicidio calificado cometido con su padre como coimputado en Osorno.
De acuerdo a la persecutora, fue una indagatoria compleja que logró resolver con prueba diversa la Brigada de Homicidios de la PDI.
"Entre los testigos de la agresión hubo tres menores, dos de ellos entregaron declaración cubriéndose los rostros. También hubo testimonios de los vecinos de Mirador de la Cordillera y Mirador del Sol, la víctima era muy conocida", manifestó la fiscal.