Con la intención de dejar sin efecto la resolución dictada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que decretó la internación provisoria del adolescente de 17 años de edad, la Defensoría interpuso un recurso de amparo para que el tribunal superior enmiende aquella resolución o disponga la mantención de las medidas cautelares decretadas por el Juez de Garantía de Calbuco, es decir, arresto domiciliario.

Se trata de una acción constitucional tendiente a revertir a la brevedad la situación de encierro en el CIP de Puerto Montt.

El defensor público Claudio Herrera insistió en la desproporcionalidad de la medida cautelar impuesta: "estimamos que la decisión que impuso la medida de internación provisoria afecta en forma ilegítima la libertad personal del adolescente en razón que de acuerdo a la normativa legal aplicable para adolescente aquella internación es prohibida por la naturaleza de los hechos que se le imputan al joven. Además resulta desproporcionada conforme la sanción probable que puede recibir en el evento de condena. Se trata de un hecho que no provocó daño alguno, imputado a un adolescente sin antecedente penales y con profundo arraigo social y familiar.

Herrera dijo además que otra arista que contiene la acción constitucional es que el tribunal de alzada no consideró los fundamentos esgrimidos por el Juez de garantía de Calbuco para desestimar aquella medida cautelar, cuando al examinar un video -que daba cuenta de la activación de uno de los artefactos- se impresionó con el escaso poder expansivo, catalogando los mismos como fuegos de artificio -pirotecnia- más que artefactos explosivos.