El aspecto institucional de los derechos humanos en Chile es variado, pero tiene una instancia central con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una corporación de derecho público cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes.

Es una institución autónoma e independiente, pues no está bajo la autoridad de ningún otro poder del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial. El abogado Sergio Micco (1963), quien ha desarrollado una labor tanto en la academia como en la política, militante de la Democracia Cristiana, es desde hace un par de meses el director del INDH, y comparte su mirada institucional sobre algunas materias de su agenda que van desde la niñez hasta el medioambiente.

-La oposición criticó al Gobierno por no conmemorar el 11 de septiembre. ¿Piensa que es justa esa crítica?

-Como INDH lamentamos que no se haya realizado una actividad oficial en La Moneda, porque pensamos que la memoria es parte fundamental de las reparaciones que deben recibir las víctimas de la dictadura, y el país en general. Esta es una forma de que las nuevas generaciones sepan sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas, como una garantía de que nunca más vuelvan a suceder.

-¿Cómo considera la situación de los derechos humanos en Chile: tranquilizadora, preocupante...?

-Más allá de las categorías que plantea, la realidad es que en Chile aún se vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, la tortura sigue siendo una realidad, el INDH ha presentado 311 querellas por hechos ocurridos principalmente en cárceles, comisarías, y centros del Sename. Los niños y niñas, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes, las diversidades sexuales también ven vulnerados sus derechos de diferentes maneras, muchas veces relacionadas con discriminaciones de diferentes tipos. No podemos negar que en las últimas décadas ha habido avances, como el fortalecimiento de la institucionalidad, y un mayor conocimiento de los derechos humanos en la sociedad, pero la realidad es que aún queda mucho por avanzar como país en materia de derechos humanos.

-El Instituto es un ente autónomo. ¿Cómo se relaciona con el Plan Nacional de Derechos Humanos?

-Lo que al INDH le corresponde es proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los derechos humanos. También supervisarlos y emitir las recomendaciones pertinentes para que se cumplan las obligaciones contraídas en materia internacional. El Plan de Derechos Humanos es un producto comprometido en el contexto de la creación de la subsecretaría de derechos humanos, que propone medias para que el país avance en la materia, en este sentido es un compromiso del Estado que al INDH también le corresponde dar seguimiento.

-Le pregunto su diagnóstico sobre algunos puntos: la situación de los inmigrantes, ¿mejora, empeora, cómo considera que ha actuado el Gobierno al respecto?

-Ha habido avances y retrocesos, Chile está viviendo una realidad migratoria para la que no estaba preparado, y en consecuencia hay déficit en tres ámbitos. En el legislativo la necesidad de adecuar una nueva ley de migraciones acorde a los estándares nacionales de derecho humanos, la actual no está adecuada a la realidad. Otro déficit se da en el plano cultural, Chile ha recibido personas de distintas nacionalidades en muy poco tiempo y hay manifestaciones de xenofobia que requieren que el Estado realice campañas de información y sensibilización, visibilizando los aportes de quienes vienen de otros países a Chile. En términos administrativos, es necesario que los poderes del Estado coordinen sus acciones para garantizar los derechos de las personas migrantes.

-Es solo una impresión o la realidad carcelaria es un tema que no se ha dimensionado bien en su seriedad. ¿Cuál es la perspectiva que ha adoptado el Instituto?

-El INDH realiza un estudio permanente sobre la situación carcelaria en Chile, en ellos hemos detectado que existe una deuda permanente del Estado para la protección de derechos en estos recintos. Uno de los principales problemas es el nivel de hacinamiento, que impacta directamente en las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad. Resulta imperativo mejorar la higiene y la seguridad en estos recintos. En materia de castigo hay varios temas, entre ellos como señalamos la tortura, las celdas de castigo que aún persisten, el aislamiento, y condiciones inhumanas para la salud física y mental de los internos. En materia cultural, las cárceles deben recoger la realidad de los pueblos originarios del país, para que donde haya personas privadas de libertad de origen indígena, se respete su cultura. Así también hay que avanzar en el ejercicio de la libertad de culto. Todo esto es un círculo vicioso, que se incrementa con el poco desarrollo de mecanismos para la reinserción social de los internos.

-¿Cuáles son, a su juicio, los temas prioritarios en la agenda de derechos humanos?

-Como INDH para el corto plazo hemos definido cuatro áreas prioritarias para el avance de los derechos humanos en Chile, estas tienen que ver con los derechos de las personas migrantes, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, y de los pueblos indígenas. Se trata de grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados, por lo tanto, es imperativo en el avance de sus derechos.

-¿Tiene alguna consideración de la situación medioambiental?

-La protección del derecho a un medioambiente libre de contaminación también es preocupación para este Instituto, dado que -por ejemplo-, la contaminación y la falta de acceso al agua potable, son un común denominador vulneratorio en todo el país.

4 áreas prioritarias del INDH son los migrantes, las mujeres, la infancia y los pueblos indígenas.