Marcelo Galindo Gallardo

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decretó ayer en forma unánime dejar en prisión preventiva a Jaime Luis Asencio Velásquez (53 años), imputado de por lo menos un ataque sexual a una escolar en la cuesta O'Higgins en el centro de la ciudad.

El abogado asistente de la Fiscalía, Alvaro Espinoza, alegó en la sala del tribunal de alzada compuesta por el ministro Jorge Pizarro, la ministra Ivonne Avendaño y el abogado integrante Mauricio Cárdenas, quienes revocaron la medida del juez de garantía Miguel Ángel García, que había dejado en libertad y sólo con medidas cautelares al imputado.

Asencio Velásquez fue formalizado por abuso sexual a menor de 14 años ocurrido el 1 de octubre. Tras la denuncia, surgió un segundo hecho que también es indagado por el Ministerio Público.

El imputado fue detenido por carabineros el 9 de octubre, cuando llevaba un cortaplumas en una de las mangas. El 10 de octubre fue formalizado por el porte de arma cortopunzante, y la magistrada Marcela Araya determinó que la formalización por abuso sexual se haría el viernes 11.

Ello generó polémica en el ámbito de tribunales, criticado incluso por el fiscal jefe Marcello Sambuceti.

Finalmente, el viernes 11 de octubre, Asencio Velásquez fue formalizado por el delito de abuso sexual, pero el magistrado Miguel Ángel García, quien criticó a la Fiscalía y a Carabineros por el procedimiento, lo dejó en libertad.

Contrarias

Juanita Barrientos, presidenta del centro general de padres y apoderados del Colegio Arriarán Barros, dijo que el tema fue debatido con los padres en el sentido que las policías (carabineros y la PDI) hacen un buen trabajo, pero donde está el problema es en el Juzgado de Garantía.

"Los juzgados y los magistrados no hacen un buen trabajo, porque a ellos le llevan todos los antecedentes y toman medidas contrarias a lo que espera la comunidad, y que está por lograr una mayor seguridad", remarcó.

Dijo que a raíz de los sucedido, se tomaron medidas en el colegio, porque los niños tienen distintos horarios, "y a la hora de salida se abrirá un solo portón, y funcionará sólo una vía de salida, para que la cámara de seguridad tenga acceso a ese lugar", anotó.

La dirigenta indicó que la medida de la Corte de Apelaciones fue la correcta, "porque era imposible que esta persona quedara en libertad, porque podía ocurrir algo más complejo y aún más grave", manifestó la mujer.

El juez Francisco del Campo, del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, dijo que todas las decisiones que se adoptan en los tribunales están siempre determinadas por la prueba que se ha rendido durante la audiencia de juicio.

El magistrado, con experiencia en el antiguo y actual sistema procesal penal, presidió la sala donde se desarrolló el juicio oral contra Francisco Ríos Ríos (27 años), quien fue encontrado culpable del parricidio de su hija Sophie, de un año y 11 meses, ocurrido el 25 de enero de 2018.

Ríos Ríos también fue encontrado culpable de lesiones menos graves, en el contexto de violencia intrafamiliar contra su pareja Camila Adriazola.

De acuerdo al magistrado del Campo, en este caso se rindió prueba pericial y documental abundante, entre otros medios de prueba. "De allí surge la decisión del tribunal finalmente", comentó.

Para el juez, la opinión pública en el caso, "resulta muy respetable".

Explicó el abogado que "las decisiones que se toman en el tribunal se hacen exclusivamente con respecto de la prueba que se haya rendido durante el juicio y no puede existir otro tipo de valoración, que no sea lo que este dentro del juicio; es lo que nos corresponde y en lo demás, por supuesto, la opinión pública puede tener las apreciaciones que estime necesarias".

De acuerdo a Francisco del Campo, la decisión del tribunal finalmente fue acoger la calificación jurídica que le dio el Ministerio Público y los querellantes "y ello tiene una directa repercusión en la prueba rendida durante el juicio por los acusadores".

El magistrado explicó -respecto a la probable pena- que durante la audiencia de veredicto, se reanudó el debate para discutir sobre otras circunstancias modificatorias, y la defensa alegó dos circunstancias atenuantes, como también lo que tiene que ver con la extensión del mal causado. "Como se dijo en la audiencia, estas modificatorias alegadas son objeto de deliberación por los jueces y tenemos que conversar sobre estas alegaciones realizadas por la defensa, como también fueron rebatidas por el Ministerio Público y los querellantes, y luego de eso se debe adoptar una decisión".

Dirigentes de la Junta de Vecinos N° 33 Río Chico, reiteraron sus críticas al proyecto para construir una minicentral hidroeléctrica en el sector, argumentando que su construcción y operación generará daño ambiental.

Conforme a lo expuesto por Hugo Álvarez y Guillermo Núñez, presidente y vicepresidente respectivamente de esa organización vecinal, la generadora provocará alteraciones en el ecosistema del sector, a 17 kilómetros de Puerto Montt.

"En su desvío de siete kilómetros, el río va a disminuir su cauce a prácticamente nada. Incluso en el verano, el río casi pasa sin agua", sostuvo Álvarez, quien reveló gestiones a nivel parlamentario para que la Dirección General de Aguas (DGA) mida el caudal en la zona donde Hidroeléctrica Río Chico tiene proyectado intervenir ese afluente.

Según los planes de la compañía, harán uso de un caudal máximo de 5 m3/s., para generar seis megawatts (MW), volumen que será devuelto al río. "Pero, el agua va a pasar por un proceso industrial, lo que hará perder sus propiedades y subir su temperatura al pasar por turbinas", comentó el líder de la junta de vecinos.

Unas 180 familias viven en el sector, quienes tienen dependencia directa de ese río.

Otras precisiones

Además, a diferencia de lo que expuso la empresa, aseguraron que no existe tramitación de la iniciativa en el Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental (Seia) de la Región de Los Lagos. "No hay ninguna solicitud, después que el Seia puso término anticipado a esa tramitación. Nosotros estamos pendientes de esto, porque no vamos a aceptar que se instale esa central de pasada", advirtió Álvarez.

Núñez, quien preside el Comité de Agua Potable (APR) de Río Chico, también descartó que esa compañía se pueda hacer cargo de financiar una instalación de ese tipo, como lo anunció su gerente general Bautista Bosch, en declaraciones a este Diario. "Estas son obras del Estado, que se encarga de construir y definir esos planes", agregó.