Uno de los temas que más críticas ha provocado en la crisis social y política de los últimos días son las posibles vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia y el toque de queda en que estuvieron varias regiones y ciudades del país.

Ayer, al cierre de esta edición, se anunció para los próximos días el arribo al país de la misión de la ONU que, durante cuatro semanas, evaluará la situación, luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera hiciera una invitación formal al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por la exmandataria Michelle Bachelet.

Asimismo, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago para pedir sanciones a los agentes del Estado que han participado en muertes y torturas a personas detenidas en protestas y enfrentamientos. Esto, mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que ya sumaba 101 acciones judiciales, incluyendo 18 querellas por violencia sexual.

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La portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, explicó que el grupo que estará en el país casi un mes, formado por tres expertos, "intentará reunirse con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos y otros implicados para recoger información de primera mano". Michelle Bachelet, alta comisionada de la oficina, tomó la decisión de enviar la misión luego de que el presidente Piñera se lo pidiera formalmente, lo mismo que un grupo de legisladores.

En la sede del Poder Judicial, en tanto, la movilización de ayer se hizo tras ser convocada por asociaciones de familiares de desaparecidos, presos y ejecutados políticos del régimen militar, federaciones de estudiantes, sindicatos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones feministas y colectivos LGTBI.

Frente a la puerta de los tribunales, custodiada por carabineros, los manifestantes llegaron con siluetas de color verde y negro que simbolizaban a las veinte víctimas mortales que dejan los disturbios acontecidos.

A la convocatoria se sumó Amnistía Internacional (AI), que desde ayer tiene una misión en el país para observar y reunir evidencias de las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estado de emergencia y el toque de queda decretados para resguardar el orden público durante la crisis social. La organización internacional desplegó una gran pancarta con la frase "Presidente Piñera, defensores de los derechos humanos vigilando".

El director del INDH, Sergio Micco, comentó a EFE las presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

"Es un terrible suceso que se ha producido en nuestro proceso democrático. No tengo duda de que la muerte de estas personas no va a ser en vano y surgirá una nueva etapa en nuestro desarrollo donde los derechos civiles políticos que fueron violados en dictadura nunca van a dejar de ser respetados", dijo.

18 querellas por violencia sexual ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

5 querellas por homicidio y 54 por otras torturas ha presentado el INDH. Además, 16 amparos.

3.243 personas detenidas en el marco de protestas y disturbios reportó, hasta ayer, el INDH.

1.132 personas heridas en hospitales reportaba el INDH, incluidas 295 por disparos hechos con perdigones.

Una oportunidad de convocar y reinstalar a las personas como protagonistas de los cambios de fondo que requiere Chile, a través de una participación efectiva en la construcción de políticas públicas, es el acuerdo que lograron tanto autoridades comunales como dirigentes gremiales y de las juntas de vecinos de Puerto Montt, al definir la instalación de "Cabildos Ciudadanos" en espacios bajo administración municipal.

La reunión se efectuó entre el alcalde Gervoy Paredes, concejales, los presidentes de las uniones comunales de juntas de vecinos Urbanas y Rurales y Reloncaví, Hernán Navarro y Raúl Aburto, respectivamente; Unión Comunal de Adultos Mayores, con su presidenta Fabiola Oyarzún; más dirigentes de la educación y salud municipales.

La decisión considera una invitación a reuniones autoconvocadas, abiertas, públicas y transparentes a los vecinos de nuestra ciudad para establecer una serie de temas que se articularán para tratar debatir temas estructurales como una nueva Constitución Política, nueva sistema previsional que termine el régimen de Administradoras de Fondos de Pensiones, un nuevo trato social para dar mayores beneficios a los trabajadores y reduciendo con ello la desigualdad (que tiene a Chile entre los 15 países con peor distribución de la riqueza), son algunas de las propuestas que se darán a conocer a los puertomontinos.

El objetivo no sólo es abrir un debate sobre aspectos fundamentales que afectan su calidad de vida, sino que -como se señaló- agregar componentes de "sanación" a una sociedad en crisis que cuestiona fuertemente la institucionalidad existente.

El jefe comunal destacó la sintonía que se ha logrado con los vecinos gracias al sello social de su gestión, con programas gratuitos y de alta calidad en salud (Asiste, oftalmología, dental, clínicas ginecológicas móviles) y educacionales, más diálogo directo y cercano con diversos sectores sociales "que nos hace tener un perfil único en el país".

Para el Alcalde Gervoy Paredes, "se trata de una señal que hemos dado todos estos años, porque hacemos nuestro trabajo de cara a las personas, sumando a toda persona que encuentre espacios para aportar ideas, proyectos, sobre cómo debiera ser una república que agrupe y represente el sentir de las personas para hacerlos llegar al Presidente Piñera. Es una deuda que tiene el mundo político y que debemos saldar con unión, esperanza y sentido cívico. No más política entre cuatro paredes", precisó.

La Crisis Social o Crisis de Octubre provocó una ola de protestas cuando se anunció una nueva alza en el valor del pasaje del metro, generando una respuesta ciudadana masiva, en la que se ha expresado la frustración y el descontento ante un sistema económico y político que, a pesar de los grandes avances económicos, muestra a muchos chilenos que luchan para llegar a fin de mes. Se acordó junto a los dirigentes sociales establecer lugares para recolectar firmas que ayuden a manifestar la voluntad ciudadana respecto de una nueva Constitución, materia que se informará a la brevedad.