Seis plantas de la industria del salmón en la Región de Los Lagos se han visto afectadas en su producción, debido a las protestas que demandan una serie de aspectos en materia social.

A través de la industria, se refirió a este momento, que afectó a varias empresas en el extremo sur de la Isla de Chiloé.

"Respecto a las diferentes manifestaciones que se han registrado durante las últimas semanas en todo el país, como gremio nos encontramos en un proceso de reflexión profunda y preocupados por empatizar con los trabajadores de nuestras empresas asociadas. Creemos que este es el mejor camino, por lo cual no avalamos ninguna acción alejada del diálogo", señalaron los industriales salmoneros.

SalmonChile reiteró que en estos días el foco está en las personas, "en nuestros colaboradores, en las Pymes y en las familias en torno a la industria. Sin embargo, nuestra operación se ha visto afectada en seis plantas en Quellón, debido a adhesiones al movimiento nacional", comentaron brevemente.

En la Provincia de Llanquihue, específicamente en Calbuco, dos empresas se vieron afectadas por pedradas y un incendio en una garita de los trabajadores.

Los hechos afectaron a Fitz Roy y Aguas Claras, sin que se registren lesionados en estos ataques.

De acuerdo a Leticia Oyarce, gobernadora de la Provincia de Llanquihue, es lamentable que ocurra este tipo de incidentes.

"Como gobierno estamos de acuerdo con lo que la gente manifiesta en las calles, este es un clamor popular que hemos manifestado como gobierno, pero la forma no es la violencia y menos alterando el normal funcionamiento de aquellos que trabajan y tienen un emprendimiento y que se han visto afectados económicamente por la violencia y las manifestaciones constantes que se ven en las tardes por un número menor de personas que está causando mucho daño", adujo. Oyarce tuvo palabras de agradecimiento a los funcionarios policiales.

"Quiero agradecer el compromiso y el valor de Carabineros de Puerto Montt, de Calbuco, de Frutillar, Puerto Varas y toda la Provincia de Llanquihue, que han trabajado para proteger la ciudad y que esta pueda funcionar en forma normal", manifestó.

Marcelo Galindo Gallardo

Como "anormal", calificó el ex fiscal regional Marcos Emilfork el 40% de detenciones ilegales declaradas en los tribunales de garantía durante audiencias por imputados relacionados con las manifestaciones sociales, que se llevan adelante hace dos semanas en la región y todo el país.

Según Emilfork, las detenciones declaradas ilegales no deberían superar el uno o el dos por ciento, por lo que la estadística entregada por la Defensoría Penal Pública "es tremendamente alta".

Para el penalista, no está claro cuál pudo haber sido la razón para que se registre este fenómeno, "pero si se declara ilegal una detención, significa que está no debió practicarse o la privación de libertad de la persona no se ajusto a derecho".

Emilfork explicó que en cuanto a los efectos de la ilegalidad de la detención, sólo impide ampliar la detención, no impide formalizar ni solicitar medidas cautelares.

Sólidos

El ex persecutor regional indicó que debe haber un trabajo coordinado entre fiscales y policías, incluso potenciando una labor in situ.

"Lo importante es que esa coordinación previa y durante estos eventos que son altamente violentos, exista, de manera que los antecedentes con que cuenta la Fiscalía y luego se exponen al tribunal (de Garantía), sean lo suficientemente sólidos para justificar las detenciones que se hicieron", dijo.

-¿Cómo se llega a una audiencia de control de detención?

-La decisión de pasar a control de detención o no a una persona es de la Fiscalía. Respecto a ese 40% de detenciones que no se ajustaron a derecho, sería interesante saber si fueron apeladas respecto a su ilegalidad. Como ya estoy fuera, desconozco por qué se registró un número tan alto de ilegalidades en las detenciones.

-Estamos viviendo un momento distinto en el país. ¿Las determinaciones en materia penal deberían funcionar de forma diferente?

-Cualquier delito cometido en estas circunstancias, sea de incendio, robo, hurto o lesiones, deben ser enfrentados de una manera especial atendida las circunstancias distintas en las que nos encontramos.

Debe haber una coordinación con los organismos policiales en forma previa para analizar los estándares que se van a requerir para ejercer la acción penal. La coordinación previa con Carabineros y la PDI para definir los procedimientos policiales y la forma de cómo se va a actuar frente a la comisión de delitos en estos casos y cuáles son las exigencias que la Fiscalía va a demandar para poder hacer las formalizaciones, requerimientos y solicitudes de medidas cautelares es fundamental.

-¿Qué pasa con la coordinación con las autoridades?

-También, se deben definir las acciones político-criminales en relación a este contexto; es decir, cómo se van a ejercer las pretensiones punitivas del Estado, cómo se hará y con qué intensidad, en el caso de los delitos de saqueo, incendios, robos u otros.

Es importante además que la Fiscalía y los fiscales trabajen en una directa compenetración y direccionamiento in situ con Carabineros en los lugares donde se registran las situaciones más problemáticas desde el punto de vista delictual. Así se pueden direccionar en forma más rápida la evidencia y los medios de prueba.