Marcelo Galindo Gallardo

Los actos vandálicos que han registrado tanto locales comerciales de emprendedores del plano local, como oficinas de pequeños empresarios emplazadas en el centro de Puerto Montt, es lo que motivó a un grupo de abogados a interponer en forma gratuita las respectivas querellas, para que se hagan efectivas sanciones penales.

El grupo de abogados está encabezado por el penalista Juan Cristóbal Grünwald, quien la semana pasada ya hizo efectiva la primera querella contra los daños que -en el marco de los enfrentamientos- produjeron en una oficina.

Grünwald dijo que de alguna forma hay que buscar que quienes protagonizaron estos hechos sean sancionados. El correo electrónico de contacto es info@grunwald.cl.

El estudio del abogado René Fuchslocher fue uno de los afectados por el ataque a pedradas. El propio profesional explicó que son muchas las personas que trabajan en el estudio.

"A diferencia de otras ocasiones, actualmente y gracias a la colaboración del sector público y privado, contamos con muchas fotografías y videos, que permiten identificar a los cabecillas de estos actos y a los jóvenes que se dejan arrastrar. Además, contamos con una fiscal regional particularmente sensible en este tipo de materias, que en lo personal y profesional nos merece nuestra mayor estima", comentó.

El abogado agradeció la colaboración der su colega Juan Cristóbal Grünwald, en la persecución penal ya iniciada.

Derecho

De acuerdo a Grünwald, la acción que se está deduciendo contempla el delito de daños en su hipótesis más grave, esto por cuanto no se está hablando de la figura del delito de daños simple, "sino que una especie de figura calificada, asociada, que no sólo tienen el objeto de causar daño del patrimonio, sino que además causan destrozos a quien tiene un rol activo en la ejecución de la justicia, lo que implica un problema que se hace con el ánimo de atentar en contra de la institucionalidad y en contra del estado de derecho", anotó.

El abogado explicó que la idea es entregar un mayor patrocinio en acciones penales a más personas afectadas.

"Ahora, con respecto al ánimo con el que vamos a patrocinar esta acción criminal, es apoyar a cualquier persona pequeño, mediano empresario o particulares que se vean afectados por la violencia asociada a la manifestaciones de estas últimas semanas. En este caso se trató de un colega, pero estamos abiertos a apoyar a cualquiera que se vea afectado. Esta es nuestra manera de colaborar con la recuperación de la normalidad, la institucionalidad y de la paz", manifestó.

En la querella se pide que la indagatoria sea realizada por la Bicrim de la PDI.

Esta semana la Corte de Apelaciones de Puerto Montt podría resolver el fondo del recurso de protección interpuesto por la Universidad de Los Lagos, para impedir el uso de balines en las manifestaciones que han terminado en enfrentamientos con Carabineros.

El requerimiento, declarado admisible en el tribunal de alzada, se interpuso tras comprobarse que seis alumnos de esa casa de estudios, cinco de Puerto Montt y uno de Osorno, han resultado heridos por el impacto de perdigones.

Los ministros analizaron la acción judicial y el 14 de noviembre solicitaron que en cinco días las partes informen a la Corte de Apelaciones.

El prefecto de Carabineros, coronel Marco Loyola, envió un oficio al tribunal solicitando una prorroga en el plazo para poder responder en el tiempo que los ministros estimen conveniente.

Respeto del protocolo

De acuerdo a la gobernadora Leticia Oyarce, el uso de balines es un instrumento autorizado en el protocolo de Carabineros. "Ministros, junto al general de Carabineros, definieron claramente cuándo se puede hacer uso de estos balines. Se generó una instancia para que los carabineros autorizados para esta práctica lleven una cámara portátil para grabar el hecho", especificó.

De acuerdo al jefe de la Décima Zona de Carabineros, general Patricio Yáñez, si ocurren hechos fuera de norma será la investigación la que determine el dolo o culpa en las lesiones.

Según Yáñez, quien resulta herido por perdigones " podría tener implicancia en los atentados y que incluso los sitúa en lugares de saqueos".

El oficial profundizó su crítica y manifestó que muchos adolescentes y jóvenes implicados en hechos vandálicos, no sólo tendrán una acción penal en su contra, sino que también civil. "En el caso de los menores, sus padres tendrán que asumir el costo", observó.

El oficial se mostró esperanzado en el cese de los actos violentos, "pero seguiremos aplicando el protocolo policial. Serán los procesos (judiciales y de sumario) los que definirán responsables", reiteró.

Con nombres y apellidos fue interpuesta una querella contra los presuntos responsables de la destrucción total de los domos de acceso a los estacionamientos subterráneos en la costanera de Puerto Montt.

Las acciones penales, irán de la mano con una demanda civil, donde se busca que el costo de los destrozos sea asumido por quienes serán llevados a los tribunales de justicia.

Según el abogado Sergio Coronado, quien asumió la representación del propietario de la empresa de estacionamientos, también serán responsables civilmente los padres de los menores presuntamente implicados en estos hechos.

El penalista reconoció que hay cuatro personas sindicadas como presuntos responsables de los destrozos, entre ellos tres adultos y un menor de 16 años, quienes fueron reconocidos a través de cámaras de seguridad y otros medios.

Según Coronado, "por ahora, la acción penal es por el delito de daños a la propiedad privada. No descartamos ampliar a otras figuras en la medida que los antecedentes de la investigación generen hipótesis distintas. Por ejemplo, la utilización de artefactos incendiarios, ya que el ascensor de los estacionamientos fue afectado por una bomba tipo molotov; por lo tanto, esta figura de daños es la base que va a permitir la investigación de estos hechos que estamos imputando, y por lo cual hay cuatro personas sindicadas", aseguró.

El abogado añadió que la acción penal se va a seguir hasta las últimas consecuencias. "Se van a perseguir acciones civiles. En este caso hay un menor de 16 años, cuya responsabilidad tendrá que ser asumida por sus padres", advirtió.