Una vez más, en su pujante historial de 36 años de existencia, Deportes Puerto Montt -como en varias otras ocasiones- debe apelar a su temple de lucha y férrea garra de superación, para enfrentar un nuevo desafío de rearme del plantel, desde el cuerpo técnico mismo, tras la partida del DT Fernando Vergara, que estuvo un año y medio al frente de la escuadra velera.

Resulta impensado este episodio. Sobre todo, por la positiva campaña que este año hizo el equipo porteño. Alcanzó niveles competitivos y estuvo en el liderazgo del torneo en una etapa que despertó muchas ilusiones para ascender a la primera categoría, aunque, posteriormente, se fue desdibujando hasta terminar décimo en la tabla.

El caballeroso entrenador, de goleador pasado albo- al despedirse en la entrevista concedida a El Llanquihue-, hizo substanciosas reflexiones dignas de consideración, como la necesidad de vigorizar y consolidar el desarrollo de las series menores de Deportes Puerto Montt. Que se transforme en una rica cantera, donde se fragüen las nuevas figuras futbolísticas que renovarán a la institución en mirada presente y futura. Que la entidad albiverde no sea la más austral del mundo, donde los futbolistas vengan a dar sus últimos fulgores para terminar sus carreras; sino todo lo contrario, una gran plataforma de despegue, junto con perfeccionar un sistema de captación de nuevos valores sureños desde Temuco hasta Punta Arenas.

Lo cierto es que todos los técnicos que ha tenido el club puertomontino, han proclamado lo mismo -impulsar sus series menores-, lo que nadie ha concretado, por diversas razones.

Ahora, la misión es empezar de nuevo. Y con la convicción de superar expediciones pasadas. Con la vista fija en el ascenso y la determinación de reconstruir un mejor plantel desde la propia banca. Siempre competitivo, luchador e identificado a fondo con Puerto Montt. Así como también los habitantes de la ciudad con el club, para estar a la altura de una capital regional del país de promisorio porvenir.

En el actual debate constitucional se insiste en la necesidad de derogar la Constitución de 1980 por ser obra del gobierno militar. Parece olvidarse que la de 1833 sólo fue posible por el triunfo de las fuerzas conservadoras en la guerra civil de 1829 y la de 1925 por la intervención militar - el "ruido de sables" - de septiembre de 1924. Aquello precipitaría la salida de Arturo Alessandri del poder, al que los mismos militares, con Carlos Ibáñez a la cabeza, llamarían de vuelta tras el golpe de estado de enero de 1925. Alessandri se puso a la cabeza del proceso de redacción de un nuevo texto constitucional -en una comisión que él mismo nombró -, pero su poder se sostenía ahora en el apoyo militar (Ibáñez le había dejado claro que "todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad y consagrado el de honradez política y administrativa"). En efecto, cuando en el seno de la comisión de reforma representantes de todos los partidos, desde el Conservador hasta el Comunista, se pronunciaban por mantener el régimen parlamentario vigente, sólo la intervención del representante militar, general Navarrete, amenazando con una nueva intervención del Ejército ("¿qué ocurriría si las esperanzas de la juventud (militar) fueran defraudadas en esta ocasión?"), hizo posible que se terminara por aprobar el proyecto presidencialista favorecido por Alessandri y los militares.

Ya que no hubo Asamblea Constituyente, que había sido el deseo inicial tanto de Alessandri como de la oficialidad joven del Ejército, el proyecto del Presidente de la República fue plebiscitado el 30 de agosto de 1925, cuando se vivía un ambiente de gran tensión y no se daban las garantías mínimas en el ámbito de la libertad de expresión. Ese día votaron sólo 135.783 ciudadanos de los 302.304 inscritos, de los cuales 127.509 -menos de la mitad de los inscritos- aprobaron el nuevo texto constitucional. Pese a estos orígenes, la Constitución de 1925 determinaría el régimen de gobierno chileno hasta la crisis de 11 de septiembre de 1973. Nadie propuso nunca que era necesaria su derogación por tener en sus orígenes una intervención militar.

Enrique Brahm García,

académico de la Universidad de los Andes