Erwin Schnaidt

Durante la primera semana de enero comenzarán a ejecutarse los trabajos para construir un segundo puente que cruzará la avenida Salvador Allende, a través de Presidente Ibáñez.

Las obras, correspondientes al proyecto de mejoramiento de esta última vía, tienen un costo de mil 535 millones 247 mil pesos, que incluye la rectificación de la línea del futuro trazado de la avenida, entre el puente y el sector de las antenas, donde se van a ajustar las fachadas a ese diseño.

La empresa Luis Navarro, que va a construir ese puente en el lado sur de la actual conexión, dispone de un plazo de ejecución de 270 días, hasta el 31 de agosto de 2020.

Según Fernando Gunckel, director regional del Serviu, el plan es dar la partida el lunes 6 de enero.

Especificó que ese tramo contempla cuatro pistas, con un parque peatonal central. A pesar de ello, aseguró que no será demolido el actual puente, el que será remodelado y actualizado conforme al estándar de la nueva construcción.

Aclaró que ambos puentes tendrán la misma extensión; es decir, 25 metros de largo, por 7 de ancho.

Proyecto ibáñez

Sobre las obras del proyecto central, el director regional del Serviu detalló que está programada su licitación entre junio y julio de 2020, para lo cual se dispondrá de cerca de diez mil millones de pesos.

Entre las características de esa etapa, que considera ampliar de dos a cuatro las pistas de circulación desde la intersección con avenida Parque Industrial hasta Cardonal, en algunos tramos incluye un corredor central exclusivo para el transporte público de pasajeros.

Sobre la carpeta asfáltica actual, Gunckel anticipó que "todo se va a demoler, para recambiar completamente el pavimento y hacer las dos pistas nuevas por ambos costados".

Por ello, anticipó que habrá molestias tanto para quienes viven y trabajan en el sector, como para conductores. Sostuvo que establecerán medidas de mitigación con la Dirección de Tránsito "para que siempre haya disponibles dos pistas de circulación. Se va a mantener lo que hay hoy día, mientras se generan las pistas nuevas. No vamos a esperar tener la obra completa terminada para cortar la cinta y que la gente pueda pasar por una ruta nueva. Vamos a ir entregando apenas esté listo el hormigón".

Expropiaciones

Dada la singularidad del proyecto, fue necesario impulsar un plan de expropiaciones.

Gunckel expuso que se hizo una oferta conforme a los valores del mercado y que no hubo mayores oposiciones, aunque dijo que esos propietarios tienen el derecho de reclamar por el valor pagado, lo que -estableció- no detiene el avance del proceso, a pesar que puede llegar a judicializarse.

Respecto al reclamo de algunos comerciantes arrendatarios, que aseguraron no haber sido notificados a tiempo de su salida, el director regional del Serviu dijo que mantienen conversaciones con el abogado que los representa. "Hemos tenido la voluntad de escucharlos. Hay absoluto entendimiento en cuanto a que no tienen la capacidad de torcer la fuerza de una expropiación y del espíritu que tiene, que es el bien común. Si consideran que sus derechos han sido pasados a llevar, quien tiene que responder por eso es quien les arrienda el local que ocupan", recomendó.

Carlos Martínez, quien hace diez años arrienda una propiedad en la que tiene su frutería, dijo que sólo en noviembre se enteraron de la expropiación, a través de la visita de personal del Serviu. "Los propietarios sabían toda la información y nos cobraron arriendo hasta última hora; pero hace seis meses que les habían pagado", se quejó.

Dijo que están complicados, puesto que el plazo establecido para seguir ahí es hasta el 30 de enero, pero que esperan conseguir una prórroga del Serviu, al menos hasta marzo, para dedicarse a buscar un nuevo lugar, ya que los sitios disponibles en el área son escasos y que sus precios están en alza "de $ 500 mil al mes para arriba y nos piden dos meses adelantados".

A pocos metros está el servicio técnico automotor de Jorge Soto, quien dijo que hace dos semanas supo por una visita de Serviu que debe abandonar ese lugar, que arrienda por seis años. "Fue una gran sorpresa, porque no nos habían avisado. La persona que nos arrendaba, no nos contó ninguna cosa; hasta hoy le seguimos pagando arriendo, lo que no debimos hacer desde que les pagaron por la expropiación", sentenció.

Reconoció que le preocupa su futuro, porque los valores del sector han tenido un repentino crecimiento, ante la alta demanda y escasa oferta. "Pago $ 400 mil de arriendo al mes, más agua y luz. Y he tasado arriendos en hasta $ 600 mil. Estamos bien complicados", admitió.

Soto explicó que el proceso de búsqueda de nuevo local, desarmar lo que tienen y formar una nueva clientela, requiere de tiempo, por lo que espera la comprensión de las autoridades regionales del Serviu.