Marcelo Galindo

La auditoría número 219 de la Contraloría Regional, concluida a mediados de diciembre pasado, detectó irregularidades en calificación, rendición y cierre de proyectos en el Gobierno Regional de Los Lagos y que suman alrededor de 542 millones de pesos.

Ya a mediados de 2018, el diputado (PS) Fidel Espinoza hizo entrega de varios antecedentes en la Contraloría Regional, lo que incluso motivó que, una vez terminada la investigación, los documentos fueran remitidos al Ministerio Público, organismo que ya dio inicio a una indagatoria penal.

La Contraloría Regional realizó un examen de cuentas a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en los períodos del 2017 y 2018, correspondiente a iniciativas de cultura, deporte y organizaciones comunitarias en materia de seguridad.

De acuerdo al documento, de 146 páginas, del resumen ejecutivo del informe final de la auditoria, se determinó la existencia de 133 proyectos aprobados por un valor de 331 millones 525 mil pesos, que al 5 de febrero de 2019 no habían presentado ante el Gore (Gobierno Regional) las rendiciones de cuentas de los recursos entregados, sin advertirse las acciones de cobro.

El mismo examen de cuenta reveló que seis proyectos evaluados, fueron adulterados, porque "los analistas modificaron las calificaciones hasta en cuatro ocasiones, haciendo que las iniciativas pasaran del estado "con financiamiento" al de "sin financiamiento", indicando como justificación para la baja de notas, aspectos referentes a la fase de admisibilidad; materia que ya había sido aprobada en la etapa anterior del proceso, y sin hacer alusión a argumentos de la evaluación técnica de las iniciativas", indica el documento.

Informe

El informe firmado por el contralor regional, Pablo Hernández, confirma que se instruyó un proceso disciplinario en orden a investigar y determinar eventuales responsabilidades administrativas de él o los funcionarios, "que con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de lo objetado y además, advirtiéndose que los hechos en análisis podrían revestir caracteres de delito, se remitirá una copia del presente informe a la Fiscalía Regional para los fines que en derecho corresponda".

En el Ministerio Público se confirmó a El Llanquihue que la denuncia se realizó el año pasado y por lo cual ya existe una investigación.

De acuerdo a la Fiscalía, "corresponde realizar un análisis de los documentos que hizo llegar la Contraloría General de la República en el transcurso de los últimos días sobre las denuncias efectuadas por el diputado Espinoza y organizaciones sociales", se indicó.

El resultado de la investigación del organismo contralor es lo que se está analizando en la Fiscalía, para definir las líneas de investigación.

"También se despacharon algunas instrucciones específicas para indagar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt", se dijo en el Ministerio Público.

Proyectos

Otros puntos relevantes que considera el informe del organismo contralor dice relación con la aprobación del Consejo Regional (Core) de 246 millones 756 mil pesos correspondiente a 79 proyectos.

Sin embargo, se comprobó que el Departamento de Finanzas y Presupuesto del Gore sólo pagó la cantidad de 166 millones 202 mil pesos. Producto de ello, la Contraloría instruyó un sumario.

El examen de cuentas a los recursos entregados a través del 6% del fondo para el deporte y las culturas, agrega que 31 iniciativas adjudicadas por un valor de 211 millones 448 mil pesos se encuentran en proceso de revisión, estando pendientes su aprobación y cierre correspondiente desde el 2017.

El Gore de Los Lagos pagó 6 millones de pesos a un club para el adulto mayor para desarrollar el programa "Creando espacios para nuestros abuelitos" en Cochamó.

Se verificó que del total, no se debió destinar 560 mil pesos por concepto de hospedaje a los trabajadores de la empresa que realizó los trabajos. "Ello, porque dichos empleados no se alojaron en la comuna de Cochamó, sino que viajaban diariamente", indican los antecedentes entregados por Contraloría.

Asimismo, se advirtió la compra de cinco asientos metálicos, con un valor de 49 mil pesos cada uno. No obstante, al momento de la fiscalización, solo se corroboró la existencia de tres y no se acreditó el gasto por los otros dos asientos.

Con esto, el mencionado reparo que efectuará la Contraloría general de la República incorporará también un monto por 658 mil pesos.

Oficio

Durante la semana, Fidel Espinoza intervino a la hora de incidentes en la Cámara de Diputados y pidió que se oficie al Presidente Sebastián Piñera por las irregularidades descubiertas en la Intendencia por el organismo contralor.

"Yo quiero que el Presidente de la República sepa lo que hicieron con el 6% del fondo regional. El informe de Contraloría que salió la semana pasada da cuenta ante las denuncias que hicimos tras la fiscalización que adulteraron de manera arbitraria e ilegal las notas de las evaluaciones de más de 70 proyectos de organizaciones que habían ganado legítimamente y que tenían calificación para tener financiamiento", puntualizó.

Según Espinoza, "a través de instrucciones vía Whatsapp y correo electrónico desde la alta autoridad de la región le bajaron las notas a las organizaciones sociales para hacer perder sus proyectos y subir los proyectos de organizaciones afines al gobierno".

Para el legislador socialista se trata de un delito "y eso el Presidente de la República no lo puede tolerar en una autoridad como el intendente, quien desde mi punto de vista tiene que asumir la responsabilidad política de lo que ocurrió en la región con estos hechos que considero gravísimos. Esto es atentar contra la fe pública, es atentar contra el rol de los dirigentes sociales y sus organizaciones, porque hacer un proyecto implica tiempo, sacrificios y responsabilidad en la postulación. Fueron más de 70 organizaciones engañadas y estafadas y ojalá el Presidente adopte medidas de responsabilidad política como corresponde", manifestó el parlamentario.

Isabel Artiagas, presidenta de la agrupación folclórica Katemu Lawal, lamentó lo ocurrido y señaló que ellos fueron damnificados por esta irregularidad.

"Lamentablemente fuimos perjudicados, esta era la primera vez que participábamos como agrupación folclórica después de muchos años de trayectoria y quedamos fuera en uno de los proyectos, mientras que en el otro se nos bajó al mínimo la nota (para calificar). No somos del grupo de los conocidos y no corresponde que algunas agrupaciones sean favorecidas que sean cercanas al intendente", resaltó.

Nataly Muñoz, dirigenta del Partido Socialista, afirmó que "este informe corrobora la denuncia realizada en 2018. Contraloría señala que seis organizaciones fueron afectadas con un descenso de sus calificaciones. Si esto lo aumentamos al número real de proyectos de la región, nos da aproximadamente 70 entidades con problemas en sus puntajes".

Variación

El intendente Harry Jürgensen manifestó que él no ha mandatado "ni mandatará a nadie para que aplique criterios sin fundamentos y que se alejen de las bases acordadas por el Consejo Regional. Aquellas afirmaciones son absolutamente irresponsables y las rechazo categóricamente, también es muy irresponsable señalar que se han adulterado calificaciones en el Gobierno Regional de miles de proyectos, en circunstancias que en definitiva los proyectos que están sin una fundamentación clara de la variación negativa que se practicó, son 13 proyectos en definitiva. No es responsable hablar de cientos o de miles cuando son 13".

Consultado por la situación, se descubrió en el informe la disparidad de criterios que podrían aplicar los evaluadores a determinado proyecto y el cambio de criterio respecto de un proyecto.

"Esos casos están en el sumario correspondiente para aplicar las responsabilidades administrativas respectivas (...) los sumarios determinarán las responsabilidades respecto a la aplicación de criterios que no se han fundamentado claramente", anotó.

Otro aspecto que resaltó el jefe regional tiene relación con las rendiciones y los cobros en los proyectos que están pendientes y que suman del orden de 331 millones de pesos.

"En ese sentido, la Contraloría le solicita al Gobierno Regional que haga los cobros judiciales correspondientes; situación que hay que acoger y practicar durante el presente mes de enero", aseguró.

Respecto del sistema de control en el Gobierno Regional, la autoridad explicó que la plataforma no funcionaba en el 2016, el 2017 se activó parcialmente y en el 2018 se cargó la plataforma para que el 2019 sea instalado este instrumento de fiscalización para una mejor aplicación.

"Hay varias materias que se deben contestar, ser resueltas y corregidas, para lo cual existen 60 días de plazo, con seis materias, y hay otras siete materias en el informe que obligan sumarios que practicará Contraloría contra quienes resulten responsables", explicó Jürgensen.