Un fuerte debate abrió ayer el anuncio del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló en El Mercurio que en La Moneda trabajan en un proyecto que establezca normas para el derecho a reunión en la vía pública, porque "el derecho a la protesta como tal no está regulado".

La materia en cuestión, opinó el diputado UDI Jaime Bellolio en CNN, "tiene que ser de rango legal, como es un derecho constitucional las reuniones, la libertad de expresión, las limitaciones a ese tienen que ser muy pequeñas, muy estrictas. Entonces está bien que se pueda avanzar en una ley que delimite cuándo se da permiso y cuando no se da permiso".

"Si se usa la calle para una manifestación, implica que no pueden pasar vehículos, personas, ni transporte público. De eso estamos hablando cuando queremos compatibilizar el derecho de reunión, la libertad de expresión, con los otros derechos que tienen los ciudadanos", enfatizó el legislador.

Su par UDI Jorge Alessandri, quien es miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, dijo a Emol que "sin tener detalles del proyecto, me parece que va en la línea correcta, en el sentido de ir manteniendo y resguardando las garantías y los derechos fundamentales de todo ciudadano en Chile, pero también definiendo cómo actuar cuando hay colisión de derechos".

"se equivoca"

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que la iniciativa "me suena mucho a limitar este derecho consagrado en la Constitución, en tanto ocurra pacíficamente y sin armas".

"El Gobierno se equivoca no solo cuando no se discute una agenda social profunda, sino que también cuando el derecho a reunión ha sido materia de controversia en acusaciones constitucionales", afirmó el excanciller.

En tanto, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, indicó que La Moneda "con el pretexto de regular el derecho de reunión, quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones antidemocráticas, sino dando respuestas a las demandas ciudadanas".

Su par de la DC, Fuad Chahín, agregó que "la verdad es que cuesta entender a qué se refieren, porque lo que en Chile existe es libertad de reunión y lo que no puede ocurrir entonces es restringir esa libertad. Eso es propio de los estados de excepción o de los regímenes autoritarios, pero no de una democracia que funciona con normalidad".

"Creo que parece bastante incomprensible el objetivo del proyecto, toda vez que cuando se trata de bienes nacionales de uso público existe un procedimiento que está establecido. (...) Es un camino absolutamente peligroso", dijo.

La presidenta de RD, Catalina Pérez, recordó que "hasta en nuestra Constitución de bajos estándares democráticos se asegura el derecho a reunión sin permiso previo. Si el Gobierno busca restringir las pocas garantías que tienen quienes se manifiestan, no estaremos disponibles".

"Va en la línea correcta (...) definiendo cómo actuar cuando hay colisión de derechos".

Jorge Alessandri, Diputado UDI

"Eso es propio de los estados de excepción o de los regímenes autoritarios, pero no de una democracia que funciona".

Fuad Chahín, Presidente de la DC

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reconoció ayer que las operaciones de inteligencia para saber quiénes han provocado desmanes en la vía pública durante la crisis social, específicamente en Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, no han sido óptimas porque el sistema "tiene debilidades".

La autoridad fue consultada sobre qué está haciendo La Moneda para identificar a quienes estarían protagonizando los desórdenes en las manifestaciones, a lo que respondió en Estado Nacional de TVN, que "lo lógico es que esa información esté permanentemente analizada y se tomen decisiones preventivas para evitar que esos hechos ocurran, pero no hay que anunciarla. Algo que muestra la experiencia pasada es que nuestro sistema de inteligencia tiene debilidades, y por lo tanto nos gustaría tener más información de la que tenemos hoy".

El subsecretario Galli fue consultado respecto de la estrategia de copamiento preventivo impulsada en el sector de Plaza Baquedano, Santiago, tras la llegada a la intendencia de Felipe Guevara. Ayer el subsecretario dijo al respecto que "las estrategias operativas no se anticipan, y dependen de las circunstancias de los hechos".

El abogado explicó que el Ministerio del Interior ante un evento que requiera seguridad primero debe revisar los "objetivos y después evaluar sus resultados, pero a quien le toca la estrategia operativa son los servicios de ejecución, por lo tanto será Carabineros, la PDI. Pero lo que nos toca es evaluar".

"En una primera instancia, (el 'copamiento') podría haber sido una estrategia similar a la que se venía utilizando, ahora es más selectiva: encontramos a los que tienen las bombas molotov, los detectamos, se les detiene, y ahora tenemos una causa penal que, probablemente, si es que la Fiscalía y la Justicia así actúan, va a terminar en una condena para esa persona", detalló la autoridad.

Agua amarilla

Un carro lanzaguas arrojó un líquido amarillento a las personas que ocuparon Plaza Baquedano el viernes. El hecho se difundió en Internet y Carabineros sacó de circulación aquella misma tarde al vehículo policial, para luego anunciar una investigación sobre qué contenía el agua, aunque de forma preliminar se indicó que era un tipo de gas lacrimógeno.

"Efectivamente, uno de los carros lanzaguas arrojó un líquido que tenía una coloración distinta", afirmó Galli, detallando que "la Fiscalía envió un equipo a tomar muestras (...) esas muestras están en examinación".

Sin embargo, detalló la autoridad, "ninguna persona (esa tarde) llegó a centros asistenciales con quemaduras, lo que puede haber habido es mayor irritación, pero obviamente los gases lacrimógenos producen irritación. Con lo que nos quedamos es que no hay una persona que haya sido atendida por quemaduras, y el resultado de la investigación tiene que arrojar qué sucedió en ese caso, que puede haber sido una falla mecánica, una mala operación, vamos a tener que esperar la investigación".