Una sentencia de 20 años de presidio mayor en su grado máximo deberá cumplir Juan Luis Pérez Almonacid, acusado del femicidio de Mónica Paillacar Paillacar, en un hecho ocurrido en febrero de 2019 en Calbuco.

Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, que también lo condenó a 61 días por el delito de lesiones menos graves.

Según se estableció en la sentencia, días previos a la muerte de Mónica Paillacar, ésta fue tomada por sus vestimentas por parte de su cónyuge Juan Luis Pérez Almonacid, quien la empujó y botó al suelo, a raíz de lo cual resultó con una contusión en la cabeza.

El Ministerio Público probó en el juicio oral que en la mañana del 26 de febrero de 2019, en la vivienda de ambos, ubicada en el sector San Rafael de Calbuco, el acusado con el fin de provocar la muerte de la mujer, ejerció presión con sus manos en el cuello de ésta, apretándolo fuertemente, obstruyendo las vías aéreas, provocando su muerte a causa de asfixia por estrangulamiento.

"Se ha logrado que se imponga la verdad. El imputado, durante todo el curso del proceso intentó eludir su responsabilidad, atribuyendo la muerte de su cónyuge a desconocidos", dijo el fiscal Patricio Llancamán.

Boris Sanhueza, defensor de Pérez Almonacid, anunció que analizará el fallo "porque es probable que interpongamos un recurso de nulidad".

Explicó el abogado que observaron cierta infracción de "garantías constitucionales", por lo que va a "tratar de que el recurso llegue a la Corte Suprema. No obstante, igualmente el fallo no accede a lo peticionado por el Ministerio Público, que era un presidio perpetuo simple, ni tampoco la parte querellante, que era un presidio perpetuo calificado".

Aplicar la ordenanza que regula el comercio ambulante en el centro de la ciudad, sin más cambios de fecha, exige el concejal RN Fernando Orellana, tras cumplirse el plazo que permitía a los integrantes de este sector presentar, ante la Municipalidad, propuestas para desarrollar sus actividades en otros lugares.

"Quien no esté de acuerdo con la ordenanza, no está jugando las reglas del juego de Puerto Montt, y eso me parece grave. Se ha negociado, se ha hablado con todos los comerciantes ambulantes, pero ni la Municipalidad, ni tampoco los ciudadanos, tenemos porqué darles un traje a la medida a cada uno de ellos. Las soluciones son generales", aseveró.

En ese sentido, Orellana resaltó que aquel comerciante ambulante que no quiere cumplir con la ley o con la ordenanza, y que no tomó ninguna de las alternativas que se le ofreció, tendrá que acatar las consecuencias de no respetar ese marco.

"En algún momento tiene que entrar en vigencia. Por lo demás, entiendo que la mayoría de los ambulantes han tomado las opciones tanto del tema de Alto Bonito, como de la carpa provisoria; el resto de los comerciantes, la mayoría, no es de Puerto Montt, se tienen que ir, y ejercer sus labores donde residen", precisó.

El administrador municipal Carlos Soto, aseguró que la ordenanza entrará en funcionamiento hoy, tras terminar la prórroga de 15 días hábiles anunciada el 2 de enero.

"El municipio ha tratado con absoluta transparencia y empatía la situación del comercio ambulante. Se han desarrollado múltiples reuniones de trabajo para que se instalen en las locaciones que ha dispuesto el municipio para ellos, y agradecemos su cooperación con un tema que es complejo socialmente hablando, pero respecto del cual hemos optado siempre por buscar salidas conjuntas. Ahora bien, aquellos que perseveren en seguir desarrollando el comercio ambulante dentro del área que definió la ordenanza lamentablemente están expuestos a las sanciones que correspondan", agregó.

No al desamparo

José Pacheco, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), considera que lo más importante de la entrada en vigencia de la ordenanza, son los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre el gobierno comunal, la Municipalidad, con distintos gremios del sector que están organizados, para implementar acciones que no permitieran que los trabajadores ambulantes queden al desamparo.

"Consideramos legítima la prioridad que tiene el municipio, pero también el derecho a trabajar. Creemos que el comercio ambulante es una actividad que debe regularse y que también debe reivindicarse, porque cada cierto tiempo sufren persecuciones, y hay que distinguir que son trabajadores que están en esa actividad y llevan haciéndola por muchos años; por lo tanto, hay que tener un cierto grado de respeto y consideración", resaltó.

En ese sentido, Pacheco pidió a las autoridades municipales, buscar los mecanismos pertinentes para la puesta en marcha de la ordenanza, y evitar que la fuerza pública entre a regular el sector.

Para la Cámara de Comercio, lo más importante a atender tras la implementación de la ordenanza, es la remodelación de la calle Antonio Varas, para modernizar el casco histórico y comercial de la ciudad.

"Hoy día tenemos un comercio ambulante desbordado, la calle no está en el estado que debe estar, hay lugares muy poco amigables, que incluso representan un riesgo para el ciudadano común que transita por el sector", dijo Eduardo Salazar, presidente de esa instancia.