Casi 200 empresas y personas de la región se apegaron a ley de insolvencia económica
EN 2019. Experto asegura que a partir del segundo trimestre del año comenzarán a verse efectos del estallido social que inició en octubre, con un aumento considerable en la cantidad de casos en que se opte por la declaración de quiebre financiero.
En 2019, se registraron 199 casos, entre personas y empresas, que se acogieron a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley 20.720) en la región, lo que representa un aumento de 31%, respecto al año 2018.
En cuanto al caso específico de personas, 118 optaron por liquidar sus bienes en 2019, para un incremento de 57%, cotejado al año anterior.
Por otro lado, durante el período que recién culminó 32 personas renegociaron sus deudas con acreedores.
Para el abogado fundador de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, el bajo número de renegociaciones versus las liquidaciones se produce "básicamente porque las personas tienen menos dinero disponible y su capacidad de pago ha disminuido, tanto producto del desempleo y el estancamiento de los sueldos, que tienen pocas posibilidades de ofrecer alternativas que sean aceptadas por los entes financieros".
Las cifras reflejan que la ley es más conocida por las personas para ordenar sus deudas; sin embargo, advierte que " es baja su utilización si consideramos que en la región hay más de 200 mil morosos", señaló.
En detalle
El experto afirmó que los hombres lideran el uso de la ley. Del total de procedimientos (tanto de renegociación como de liquidación), 91 varones la implementaron, mientras que 59 fueron mujeres.
"El nivel de endeudamiento que tienen ambos sexos es muy similar, pero con un fondo distinto. El 51% corresponde a hombres y el 49% a mujeres. La diferencia es que el hombre se endeuda con créditos hipotecarios, automotrices y bancarios, mientras que la mujer se endeuda con créditos de consumo, a través de las tarjetas del retail", explicó el abogado.
Respecto a las empresas, se registraron 49 liquidaciones, "en cuanto a las reorganizaciones siguen con poco movimiento, con apenas tres procedimientos".
El especialista fue preciso en señalar que "aún no vemos los efectos de la crisis y estallido social iniciado en octubre. Esto comenzará a ser evidente a partir del segundo trimestre del año, con un aumento en el número de empresas liquidadas".
Indicó que las organizaciones más afectadas por la crisis han sido las Pymes.
Ver las ventajas
Ibáñez considera que la ley es positiva porque ha permitido rehabilitar financieramente a miles de personas y emprendedores que han caído en una situación de sobreendeudamiento. "La normativa establece pasos claros para reorganizar las deudas u optar por un proceso de liquidación", puntualiza.
El profesional dijo que este mecanismo tiene por objetivo que el emprendedor, que ha fracasado en algún negocio o bien ha estado sometido a un caso fortuito de fuerza mayor, como aquellos que han sido saqueados o afectados por incendios en las manifestaciones, puedan volver a comenzar sin la mochila financiera anterior.
"Según la ley, el procedimiento dura en promedio 12 meses, pero lo cierto es que en la práctica es alrededor de 18 meses. De todas maneras, es una acción rápida, ya que la persona deja de recibir cobranzas en, aproximadamente, 60 días", manifestó.
Sobre las empresas, la disyuntiva de reorganizarse o liquidarse "dependerá de la viabilidad de la empresa. Si la empresa es viable es posible reorganizarse y así permitir su continuidad. De lo contrario, no queda otra solución que la liquidación. Ambos procedimientos, reorganización o liquidación, requieren de abogado, por lo tanto, no son gratuitos. En el caso de la liquidación voluntaria para empresas, se necesita la representación de un abogado".
Para personas, la renegociación es gratuita y se realiza sin necesidad de un abogado.
El economista y profesor de la Universidad de Los Lagos, Jorge Weil, considera grave que el número de personas o entes apegados a esta ley haya aumentado el año pasado, ya que, si bien es beneficioso para los particulares, significa que se constata la contracción de la demanda de consumo que ya estaba afectando al mercado antes del estallido social en octubre.
"En los últimos meses ha habido una disminución de la demanda de consumo, originada antes del estallido social y esto hace que las empresas más pequeñas sean muy frágiles frente a esa merma en el consumo de los sectores más bajos. Estas tienen muy poco margen de crédito y la banca les da pocas posiblidades, entonces se ven acorraladas y recurren a esta opción", refirió.
Weil aseguró que esta norma, recién modificada, fue hecha con el objetivo de darle posibilidades a las unidades productivas de seguir funcionando sin irse a la quiebra directa.
"Para la pymes o persona que está con problemas, es como darle un respiro, si no se acogen a esta normativa se van a la quiebra directa y aquellos que tienen deudas con clientes o proveedores, quedarían aún en peores condiciones, quebrados y con deudas", apuntó.