Para nadie es un misterio que la Ley de Pesca es fiel expresión de la ley del embudo, ancha para los industriales y estrecha para los pescadores artesanales. Como presidente de la Comisión de Pesca del Senado, y en cada proyecto de ley que nos ha tocado tratar, hemos podido comprobar el desequilibrio existente entre los intereses de los pequeños y los grandes en este sector.
En el caso de la ley de mitílidos, los grandes poseían permisos indefinidos para desarrollar sus cultivos, mientras los pequeños sólo tenían permisos precarios. En la ley de la jibia, los artesanales pescaban una a una, con poteras y gran esfuerzo físico, y los industriales, en grandes cantidades y con arrastre.
En cuanto a la ley de caletas, los pequeños trabajaban comúnmente en ocupaciones irregulares, verdaderas tomas, mientras los grandes accedían a extensas concesiones marítimas. En la ley de Sernapesca, que regula la fiscalización y las sanciones, los artesanales tenían multas desproporcionadas y los industriales, penas sin efecto económico persuasivo. El caso de la ley general de pesca y acuicultura no es muy distinto.
En 2018, el Gobierno ingresó al Senado la Ley Corta de Pesca, cuyo objetivo era suspender la renovación automática de las Licencias Transables de Pesca. Nuestra respuesta fue clara. Le dijimos al Ejecutivo que no estábamos disponibles para aprobar la idea de legislar, si no se incluían algunas de las demandas más urgentes del sector artesanal. Incorporamos modificaciones tendientes a mejorar el registro pesquero artesanal, eliminando causales injustas de caducidad y mejorando la participación de los comités de manejo.
Sentamos las bases para una plataforma social incorporando becas de estudio para hijos de pescadores o programas de capacitación. Generamos un mecanismo para ir eliminando la pesca de arrastre que arrasa nuestros recursos.
Se estableció la posibilidad de determinar zonas de pesca exclusivas para la pesca artesanal más allá de las 5 millas de reserva actual. Priorizamos el consumo humano estableciendo porcentajes obligatorios de la producción para ese fin. Incorporamos los principios ecosistémicos, de seguridad alimentaria y cambio climático en las medidas de manejo y administración pesquera y mejoramos normas asociadas a la sustentabilidad entre muchas otras materias.
Hemos ido equilibrando la cancha, aunque quedan temas por seguir debatiendo y mejorando. Los pescadores y pescadoras, buzos y asistentes, recolectores y algueras, merecen una nueva ley, una ley justa. Nada más. Y nada menos.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos