Tres meses de la desaparición de la puertomontina Claudia Agüero se cumplirán el próximo lunes y, lamentablemente, el caso parece estar tal como desde el principio: con pocas pistas concretas y una familia angustiada que a través de estas páginas pidió, esta semana, que se mantenga la investigación que encabezan el Ministerio Público y la PDI. De los escasos antecedentes que se han aportado estos días, en voz del abogado de la pareja de la mujer que se desempeñaba como asesora del hogar en una casa de Valle Volcanes, figuran el descarte de algunos sospechosos que tenía la policía y la toma de nuevas declaraciones; poco, en realidad, para una causa que en diciembre impactó a la opinión pública nacional y que requiere mantenerse vigente para arrojar las claridades que esperan los familiares.

Al menos públicamente, no ha habido novedades acerca de diligencias clave que se estaban realizando, como los peritajes telefónicos al celular que pertenecía a Claudia Agüero y que deberían permitir conocer sus últimos pasos o contactos. Lo único que hay hasta ahora es una total nebulosa respecto de su paradero, los restos del teléfono y unas pocas y difusas imágenes cuando subía al microbús que la trasladaría a Valle Volcanes luego de despedirse de su pareja.

Aunque cueste creerlo, hay numerosos casos de desapariciones que se reportan año tras año en Chile, y sólo algunos de los cuales logran superar la barrera de la indiferencia e instalarse como preocupación central de la ciudadanía. Tal como lo ha solicitado encarecidamente su familia, es crucial que la Fiscalía y la PDI persistan en su búsqueda, como también lo es que estos organismos sean capaces de atender las naturales interrogantes sobre el avance de una causa que tiene más oscuridades que claridades.

Ahora que eventualmente el país entrará en una espiral de nuevas emergencias informativas, es indispensable no olvidar a Claudia Agüero ni a su familia, que espera con ansias saber qué es lo que pasó con ella.

Esta semana comenzó el periodo de propaganda electoral de cara al plebiscito en el que, por primera vez en la historia, la ciudadanía podrá decidir si quiere cambiar la Constitución. Quienes estamos por la opción Apruebo creemos firmemente en que Chile necesita una nueva Constitución, que se haga cargo de las demandas de los chilenos, que establezca límites a la acción del mercado, que fortalezca el rol de lo público -asegurando servicios de calidad y oportunos-, que otorgue seguridad y confianza a la gente y que garantice criterios comunes respecto de la tan necesaria equidad.

La Constitución del 80 fue redactada durante la dictadura militar por una pequeña comisión a la medida de la dictadura y de la elite que la respaldaba. Fue aprobada en un plebiscito fraudulento, sin libertad de expresión, de prensa, de reunión ni de asociación; y sin control ni en la emisión ni en el conteo de votos.

Si bien ese texto ha experimentado una serie de modificaciones durante los últimos 30 años, sigue presentando varios problemas de fondo, como un débil resguardo a los derechos sociales, serias limitaciones al ejercicio democrático -con quórums legislativos imposibles y un desproporcionado rol del Tribunal Constitucional- y a la expresión de las mayorías electas y una clara inclinación en favor del mercado.

De hecho, quienes hoy sostienen que no es necesario cambiar la Constitución, sino sólo modificarla, nunca estuvieron dispuestos a respaldar la reestructuración de sus bases fundamentales, aquellas que hicieron propicio el escenario para la reducción del rol del Estado, la privatización de recursos tan esenciales como el agua, la instalación y consolidación de las AFP e Isapres y la transformación de la salud y la educación en verdaderos negocios, con todo su historial de abusos y discriminaciones que fueron acumulando malestar y frustración en una gran cantidad de chilenos.

Quienes defienden la actual carta magna han desplegado una campaña bastante aterradora que profetiza los peores males para Chile tras el cambio constitucional.

Pero seamos serios. El país no se va a venir abajo. La nueva Constitución será el espacio común donde queden plasmadas las directrices fundamentales del tipo de sociedad que queremos. Este proceso exige responsabilidad de parte de todos. Las campañas del terror, las noticias falsas y las premoniciones catastrofistas están muy lejos del tipo de debate que esta materia exige y que la ciudadanía se merece.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos