Ingreso mínimo garantizado: un paso en dirección correcta
El martes recién pasado el Congreso despachó el proyecto de ley de Ingreso mínimo garantizado. Fue uno de los primeros proyectos de la agenda social enviados por el Presidente Sebastián Piñera tras el estallido social con un objetivo claro: suplementar, apoyar y ayudar a los ingresos de los trabajadores de menores recursos a través de un subsidio que fijara un piso mínimo de ingresos en Chile.
El corazón del proyecto buscaba garantizar a todo trabajador de jornada completa una remuneración de 300 mil pesos líquidos. Eso hoy es una realidad.
Para nuestro gobierno y para el Ministerio de Desarrollo Social, además, era muy importante que ningún trabajador quedara excluido de percibir este subsidio, un propósito que conseguimos gracias a un acuerdo con senadores de todos los partidos políticos, y que releva un valor a veces extraviado en nuestra democracia: nos podemos entender entre distintos y lograr mejores políticas sociales para los trabajadores de nuestro país.
Era una injusticia poner cortapisas a una política pública bien orientada, algo que fue comprendido por la mayoría de los parlamentarios. Hoy podemos decir que cerca de 700 mil trabajadores recibirán este subsidio y que nadie quedará fuera por el tipo o el tamaño de la empresa. Cerca del 60% de los potenciales beneficiarios integran un hogar perteneciente al 40% más vulnerable del país, y dos de cada tres trabajan en una micro, pequeña o mediana empresa.
¿Es suficiente? No lo es. Pero sí creemos que era algo urgente. Sabemos que los ingresos en el país tienen que seguir incrementándose, siempre conversando y comprendiendo los márgenes ya no solo del estallido social: también está por verse el impacto a todo nivel de la pandemia del coronavirus en Chile.
Con todo eso a cuestas, es fundamental que, en este tipo de contextos tan delicados, la urgencia y la respuesta con la cual actuemos para suplementar los ingresos es -sin duda- la mejor política social que podemos implementar.
El gobierno asumió e impulsó la iniciativa siguiendo las recomendaciones de la OCDE, en el sentido de estimular las transferencias directas al ingreso, como una forma de potenciar la formalización "ampliando los subsidios salariales existentes para los jóvenes y trabajadores con salarios más bajos" (informe económico de la OCDE, Chile 2018).
Ese es el camino correcto y el ingreso mínimo garantizado es sin duda un paso que va en esa dirección. En estos tiempos de aislamiento social, proyectos como este avanzan en la construcción de comunidad.