Un grupo de miembros de comunidades y sociedades médicas y científicas proyectó un total de 70 mil muertes por covid-19 en el país si el Gobierno no cambia de estrategia y decreta medidas "drásticas de confinamiento" que pongan freno al actual ritmo de contagios.

"En el largo plazo, al final de la pandemia, las estimaciones nos alertan de la posibilidad de alcanzar la magra cifra de 70.000 personas fallecidas, si consideramos un 0,6% de letalidad en el 60% de la población (inmunidad de rebaño)", advirtieron en una carta enviada al presidente Sebastián Piñera. El índice de letalidad corresponde a una reciente publicación de la revista Nature.

Consultado por la proyección, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo: "No puedo adelantar cifras, por eso quiero conocer cuál es el mecanismo o método que están utilizando para hacer esa proyección. Una vez que me reúna con ellos, podré dar respuesta a esa pregunta".

El país ya llegó a 246.963 contagios y 7.571 decesos vinculados con el coronavirus, superando a España en número de personas infectadas. Del número total de fallecidos vinculados, 4.502 son muertes confirmadas mediante test PCR y el resto son decesos con un cuadro clínico relacionado con este mal pero que no están confirmados aún por un test.

Críticas

Los firmantes de la carta, entre quienes están la directiva de la Sociedad Chilena de Epidemiología, la de la Sociedad Chilena de Microbiología y la Asociación Red de Investigadoras de Chile, expusieron que el país ocupa el octavo puesto mundial en número de contagios y aseguraron que más del 10% de la población está contagiada. Exigieron al Gobierno que no siga "impávido" y que "cambie la estrategia". La subsecretaria Paula Daza afirmó en radio Duna que "decir que estamos impávidos me parece absolutamente insólito".

El médico internista Juan Carlos Said, del hospital Sótero del Río y quien hace cuarentena pues se contagió de covid-19, dijo en radio Universo que considerando el número de fallecidos confirmados y cómo operan las curvas de contagios, "podríamos perfectamente llegar a 10 mil fallecidos y con 10.500 ya tenemos la misma cantidad de fallecidos por millón de habitantes que Italia". Y agregó: "A esta pandemia no le vamos a ganar con ventiladores mecánicos".

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira, expuso en Cooperativa que "hay que parar realmente todo para que esta cuestión tenga un fin", lo que el Minsal descartó. "Fortalecer la estrategia de residencias sanitarias es lo más importante, porque la cuarentena no está dando los resultados que nos hubiera gustado", dijo Paula Daza en radio Duna.

Además, consultado por la calidad de la atención en recintos de la red integral covid-19, el ministro Paris dijo que "ambos servicios, público y privado, se esmeran por entregar la mejor calidad de atención, con la mejor calidad de funcionarios" y que "en ningún caso hay diferencia en la atención porque, y en esto quiero ser tajante, no puede haber diferencias". Sí varían, aclaró, los determinantes sociales.

982.353 exámenes PCR se han aplicado a la fecha. Hay 138 residencias sanitarias, con 9.242 cupos.

284 ventiladores estaban disponibles ayer. Pacientes en UCI son 2.014 y 403 de ellos en estado crítico.

El Gobierno rechazó los cuestionamientos al funeral del exarzobispo Bernardino Piñera. El rito fúnebre se llevó a cabo en Santiago del domingo y en él participó, entre otros, el presidente Sebastián Piñera. El video del funeral permite ver que una persona abrió la tapa del ataúd, a pesar de los intentos de otros presentes porque no lo hiciera, y que el mandatario se acercó a mirar.

El diputado Gabriel Ascencio (DC) ingresó una denuncia a la Fiscalía Nacional para que se ordene una investigación porque el funeral "habría sido realizado en incumplimiento de varias de las medidas sanitarias". Entre otras cosas, el legislador indicó que había más de veinte asistentes -máximo permitido- y que se produjo una aglomeración para acercarse a la urna a ver al religioso, quien tuvo covid-19 en mayo, aunque ya estaba recuperado cuando murió. El congresista pidió también a la autoridad sanitaria que haga un sumario.

El ministro Paris respondió: "En circunstancias de tanto dolor, creo que utilizar esta situación por parte de un parlamentario, que tiene derecho a fiscalizar, me parece que no es lo más adecuado. Los protocolos se han cumplido".

La subsecretaria Daza reafirmó que "se cumplió 100% con el protocolo que rige en el Ministerio de Salud para poder asistir a un funeral. A este funeral asistieron 18 personas, manteniendo la distancia social y el féretro cumplía con todos los requisitos de sello". Y agregó: "No nos parece adecuado que este tipo de situaciones, en tiempos de tanto dolor, se instrumentalicen".

Fiesta en recoleta

Mientras tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que el Gobierno apelará a las medidas cautelares dispuestas para algunos de los 31 detenidos que participaron en una fiesta en Recoleta, comuna de la Región Metropolitana que se halla en cuarentena como todas las de la provincia de Santiago. De los 31 aprehendidos, 30 quedaron con arresto domiciliario nocturno y uno con arresto domiciliario total.

"Hoy día todos los chilenos están sujetos a medidas restrictivas de libertad: a toque de queda durante la noche y además 10 millones a cuarentena. Por lo mismo, las medidas cautelares que se deben imponer a aquellos que no entienden el mensaje y realizan este tipo de eventos tienen que ser claras y duras", dijo a Mega.

Galli afirmó que el Gobierno no comparte el criterio dispuesto por el juzgado de garantía que conoció la causa. "Por lo mismo, vamos a presentar una apelación que tendrá que ser resuelta por la Corte de Apelaciones y, además, en el contexto de la aplicación de la nueva ley que se dispone en esta materia y que establece un agravante especial para aquellos que realicen eventos masivos en época de pandemia".

La nueva norma refiere a la modificación al Código Penal promulgada hace unos días, la cual fija que quienes pongan en peligro la salud pública arriesgan penas que pueden llegar incluso a los cinco años y multas de hasta $10 millones.