Constanza Hitschfeld

Producto de la pandemia de coronavirus y la crisis sanitaria y social muchas personas quedaron sin empleo o con una remuneración mensual más baja de la que solían tener. Esto fue lo que motivó a Loreto Calisto, hace dos meses, a crear la "Campaña Puerto Varas Solidario" a través de las redes sociales, la que tiene como objetivo otorgar a las familias más necesitadas una canasta integral solidaria.

Todos los sábados entregan 70 canastas y hasta la fecha han ayudado a unas 400 familias de la comuna lacustre.

En total son 80 voluntarios que trabajan por turnos en las tareas de armar las cajas, que tienen un valor de $25 mil, y repartir los insumos básicos a las familias. Han llegado casi al 63% de las poblaciones del Puerto Varas urbano y a las localidades de Ensenada, Ralún, Nueva Braunau, Santa María, Línea Errázuriz y Las Lomas.

Qué trae cada canasta

Cada canasta integral solidaria posee una caja de abarrotes, una de verduras y frutas, un set de entretención con lápices de colores y juegos, tales como crucigramas y sopas de letras, un papel impreso con los contactos de psicólogos, ginecólogos y matronas para la atención gratuita vía teléfono y semillas para incentivar el cultivo de sus propios alimentos.

Todos los productos que componen la canasta los compran a proveedores y agricultores de la zona, fomentando el comercio local.

"La campaña surge a finales de abril, cuando nos cuestionábamos qué podía ser de esas personas que ya llevaban un mes o incluso un mes y medio cesante. Veíamos a esas alturas como la ciudad estaba súper quieta, Puerto Varas tenía el comercio cerrado. Entonces decíamos qué es de aquellos que perdieron sus trabajos, los colectiveros que ya no andan por la ciudad, de los vendedores informales en las calles y eso nos dio el impulso a actuar", dice Loreto Calisto.

A fines de abril el gobierno aún no anunciaba la entrega de las cajas de alimentos, así es que Loreto Calisto sola y sin haberle puesto aún el nombre a la campaña se comprometió a entregar 15 canastas tras el dato de una iglesia.

Cuenta que a dos días de comenzar la iniciativa ya tenía el dinero para comprar 40 cajas de alimentos. Aprovechó sus contactos por haber trabajado en una seremía y en la Municipalidad de Puerto Varas y echó a andar la campaña.

La coordinadora explica: "Se me fue acercando mucha gente que podía ayudar y entonces hoy hay una red de voluntarios gigante. Hay gente de todos lados que se contactan a través del Instagram. Ayudan con autos. Incluso hoy día hay grupos de personas que ayudan a armar las cajas durante la semana, otro grupo que reparte los sábados, hay otro grupo que prefiere no tener contacto con la gente, por ejemplo, personas de riesgo, entonces, está detrás del teléfono haciéndole seguimiento a las familias de cómo están".

Más necesidades

Loreto hace hincapié en que el trabajo debe ser dinámico, puesto que una familia puede ir creciendo producto de la llegada de los allegados, a quienes les llevan una segunda caja. Remarca que hay otros casos de personas con necesidades especiales: está la falta de leña y pañales, entre otros. La iniciativa busca poder abarcar todos los insumos básicos que necesita una familia.

"En esta época, en la que todos nos hemos visto afectados, entender los costos que está dejando la pandemia. Ojalá los podamos asumir como comunidad completa, integrada, porque sino el costo más duro se lo llevan algunos. Entonces tratar, entre todos, de ponerse la mano en el corazón y ser solidario y, dado que es una pandemia, más nos ayudemos para que la gente no salga de sus casas. Así vamos a tener menos contagios y vamos a salir más rápido de esto", agrega la creadora y coordinadora de la cruzada solidaria.

80 voluntarios se dedican a la logística de armar y repartir las cajas con ayuda.

$25.000 es el costo de cada caja. Hoy buscan donaciones para poder financiar los insumos.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de mil UF -más de $28 millones - aplicada a la Clínica Universitaria de Puerto Montt por no informar a los pacientes los derechos y beneficios contenidos en las garantías explícitas en salud (GES).

En fallo unánime la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Adelita Ravanales, Jenny Book y Verónica Sabaj- confirmó la sanción aplicada a la clínica por la Superintendencia de Salud.

La resolución explica que la superintendencia efectuó una fiscalización a la citada clínica "con el fin de verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad administrativa relativas a la obligación de informar sobre el derecho a la GES, mediante el uso adecuado del formulario correspondiente, a toda persona a quien se le diagnostica una patología o condición de salud amparada por dichas garantías". Según el fallo, en una muestra de 20 casos, en siete no se dejó constancia del cumplimiento de la referida obligación

Luis Barrientos, gerente general de la Clínica Universitaria, comentó no estar al tanto de esta resolución puntual. Sí admitió que son frecuentes este tipo de fiscalizaciones por parte de la superintendencia y reveló un vicio de la norma.

"La legislación sobre notificaciones GES tiene un problema en su génesis. Cuando usted va a ver al médico, adentro del box, no hay cámaras ni micrófonos, sólo el paciente y el médico", explicó.

Agregó que es el doctor quien tiene la obligación de notificar en un formulario la sospecha o confirmación de una enfermedad GES, y si esto no ocurre, es la clínica la que tiene que responder.

Por esto mismo, cuenta Barrientos, en los sistemas informáticos de la clínica cuentan con notificaciones automáticas de patologías GES, formularios en papel e impresoras, por ejemplo.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los Lagos), dio a conocer una denuncia realizada por reos LGBTI del módulo 89 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito de Puerto Montt, respecto a recibir golpes y ofensas verbales en razón de su orientación sexual e identidad de género.

José Arcos, activista de Movilh-Los Lagos, dijo que se trata de una situación "inhumana, que se agudiza al estar cruzada por un desprecio irracional a las personas LGBTI", y pidieron el cambio de penal.

En la denuncia, llegada al Movilh-LosLagos y al Colectivo de DDHH y Género de San Felipe, los internos acusaron que sufren discriminación por parte de gendarmes. "Nos tratan de 'caballos culiaos', 'maricones hijo de perra' y cuestionan a mujeres trans por su vestimenta. Nos están vulnerando", dijeron. Explicaron que un mismo módulo se encuentran personas afectadas por "VIH, hepatitis, asma, epilepsia, hipertensión arterial, y depresión" a lo que se suma "la carencia de agua caliente y de electricidad y una plaga de ratones que nos deja propensos adquirir otras enfermedades.

Desde Gendarmería reconocieron estar al tanto de la denuncia e informaron el inicio de un sumario administrativo. Indicaron que un funcionario fue cambiado de dependencia laboral mientras dure la investigación y revelaron que, según un parte médico, las lesiones eran "antiguas y autoinferidas" y que "ninguno de los cinco internos denunciantes presente lesiones actuales".

"Gendarmería de Chile reitera su férreo e irrestricto apego al respeto de los DD.HH (...) prueba de ello es que desde 2017 existe en el CCP Puerto MOntt un módulo especial para la reclusión de quienes se declaran miembros de la comunidad LGBTI", dicen.