Efe

Miles de manifestantes se congregaron ayer en las calles de Hong Kong para protestar por la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China promulgó para el territorio y que dejó cientos de detenciones por incumplirla.

Según la última cifra oficial compartida por la policía en redes sociales, más de 300 personas fueron arrestadas durante la jornada, nueve bajo el amparo de la nueva normativa.

Las autoridades habían prohibido, por primera vez en 17 años, la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997.

No obstante, y pese a la numerosa presencia policial de unos 4.000 agentes y a que las principales calles fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar, tal y como habían reclamado usuarios de los foros en internet del movimiento prodemocrático hongkonés.

Eso sí, el número de participantes en esta protesta fue muy inferior al registrado en las marchas del 1 de julio de otros años.

La policía emitió varios comunicados recordando que la marcha no estaba autorizada, reclamando a los manifestantes que se dispersaran y advirtiendo de que, de no atender esa exigencia, se procedería a llevar a cabo detenciones. Se emplearon carros lanzaaguas para tratar de dispersar a los manifestantes y también lanzaron botes de gas lacrimógeno, mientras que quienes protestaban levantaron barricadas.

El diario local "South China Morning Post" informa, citando a fuentes policiales, que los agentes recibieron autorización para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslóganes relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad, que han sido ilegalizados.

Primeras detenciones

La primera detención de ese tipo la anunció la policía: "Un hombre fue detenido por sostener una bandera independentista de Hong Kong (...), infringiendo la ley de seguridad nacional. Es la primera detención llevada a cabo desde que la ley está en vigor". Más tarde, una mujer fue detenida por portar una pancarta con el lema "Independencia de Hong Kong" y banderas del Reino Unido y Estados Unidos.

Asimismo, el cuerpo policial informó de que un agente resultó herido por un manifestante, que lo apuñaló con un objeto punzante en el hombro cuando estaba tratando de detener a una persona: "Los testigos no ofrecieron ayuda y los sospechosos huyeron. La policía expresa su mayor condena ante este acto violento".

Lam y pekín

La jefa del Gobierno local, Carrie Lam, afirmó que la culpa de la radicalización de facciones del movimiento prodemocrático es de las autoridades de la ciudad. "Todo ha contribuido a una crisis y al auge de elementos radicales locales", dijo.

Lam se propuso "implementar la ley lo mejor posible. Ahora que tenemos la ley, la haremos cumplir con decisión. Hong Kong recuperará su prosperidad muy pronto".

Mientras tanto, el Gobierno de Pekín aseguró que la nueva ley es "la segunda más importante" tras la Ley Básica y que "fortalecerá" el modelo de "un país, dos sistemas" que rige la autonomía de la antigua colonia británica frente al resto de China.

Los electores rusos aprobaron enmiendas a la Constitución que le permitirán al presidente Vladimir Putin aspirar a retener el poder hasta 2036, aunque el plebiscito de una semana que concluyó el miércoles fue empañado por reportes generalizados de presiones sobre los votantes y otras irregularidades.

Luego de contarse los votos en tres cuartas partes de los distritos electorales, el 77,6% sufragó en favor de las enmiendas constitucionales, según funcionarios a cargo de los comicios.

Por primera vez en Rusia, los centros de votación se mantuvieron abiertos durante una semana para estimular la participación y evitar las aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus, una disposición que los críticos del Kremlin consideraron se trató de una herramienta adicional para manipular el desenlace. Fue así como en los primeros seis días 50 millones de rusos acudieron a sufragar.

Una campaña masiva de propaganda y el fracaso de la oposición para presentar una alternativa coordinada ayudaron a Putin a obtener el resultado que quería, pero el plebiscito podría terminar erosionando su posición debido a los métodos poco convencionales empleados para estimular la participación y la dudosa base legal de la consulta.

Las enmiendas que le permitirían a Putin postularse a otros dos mandatos de seis años cada uno, en 2024 y 2030, forman parte de un paquete de cambios constitucionales que también declaran ilegales los matrimonios entre personas del mismo sexo, mencionan que "creer en Dios es un valor central" y hacen énfasis en la primacía del derecho ruso sobre las normas internacionales.

Los electores no podían votar por cada enmienda en particular, sino por todo el conjunto. Se reportó que a nivel nacional participó el 65% del electorado, pero críticos del Kremlin y observadores electorales independientes cuestionaron las cifras de participación.

"Observamos las regiones vecinas y las anomalías son obvias: hubo regiones en las que la participación fue (inflada) artificialmente, hay regiones donde es más o menos la real", comentó a The Associated Press Grigory Melkonyants, codirector del grupo observador independiente Golos.

Putin, de 67 años, votó en Moscú cumpliendo con el requisito de identificarse con su pasaporte ante una vocal de mesa. Traía el rostro descubierto, a diferencia de la mayoría de los votantes, a los que se les ofrecían mascarillas gratis. La votación corona una compleja saga que comenzó en enero, cuando Putin propuso por primera vez enmiendas constitucionales.

El ministro israelí de Cooperación Regional, Ofir Akunis, reconoció que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno estadounidense sobre la anexión de territorios en Cisjordania ocupada.

"La extensión de soberanía sucederá en julio", dijo Akunis a la radio del Ejército y señaló que, en su opinión, "se podría haber llevado a cabo hoy (ayer), pero aún no hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos".

Las palabras del ministro dan a entender que el comienzo del proceso de anexión, que Israel podía iniciar a partir de ayer según lo estipulado por el acuerdo de coalición del actual Ejecutivo, quedaría para más adelante.

Según medios locales, el equipo estadounidense que está coordinando la anexión con el Gobierno israelí habría exigido una compensación para los palestinos por la aplicación de soberanía en territorios ocupados. La anexión está prevista en la iniciativa de paz de la Casa Blanca para la región, que incluye también la creación de un Estado palestino.

Mientras tanto, organizaciones palestinas realizaron numerosas protestas, tanto en Gaza como en Cisjordania e incluso en ciudades árabes en territorio israelí, en oposición a la anexión, que es también rechazada por la comunidad internacional.

De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, publicó una columna de opinión en hebreo, en la portada del diario israelí de pago más vendido, el Yediot Aharonot, en la que urgió al gobierno de Benjamín Netanyahu a no anexionar partes de Cisjordania ocupada. Johnson argumenta que la anexión no solo dañaría los propios intereses de Israel, sino que también perjudicaría sus lazos con "el mundo árabe y musulmán, incluyendo la potencial cooperación de seguridad contra amenazas compartidas".

Sobre una posible reacción de su propio gobierno, el mandatario se limitó a describir la anexión como una "violación a la ley internacional" y agregó que su país "no reconocerá ningún cambio a las fronteras de 1967, con excepción de aquellos que se acuerden entre ambas partes". Aclaró, sin embargo, que "el Reino unido siempre ha estado al lado de Israel y su derecho a existir como cualquier nación, en paz y seguridad.