Después de diez meses, producto del estallido social y de la pandemia, el Concejo Municipal de Puerto Montt retomó la semana pasada el debate acerca de la solicitud del Grupo Pasmar relativa a construir una pasarela aérea que conecte al Mall Paseo Costanera con su ampliación actualmente en construcción, para lo cual la empresa necesita de una concesión de bien nacional de uso público. Convocados por la presidenta de la Comisión de Infraestructura del cuerpo colegiado, los ediles se reunieron para discutir en torno a los aspectos jurídicos y condiciones en que se podría entregar el espacio público, para lo cual escucharon presentaciones de los abogados del municipio y de la Dirección de Obras, probablemente la repartición con la voz más autorizada de la corporación alcaldicia, desde lo técnico, para entregar los pro y contra de tal solicitud.

Para analizar el impacto de una pasarela entre ambas estructuras, por sobre una vía pública, vale la pena tener dos ejes de consideración. El primero, la errática relación que ha mantenido Puerto Montt con su borde costero durante años, y que ha devenido en una ausencia de planificación que tiene a la Costanera, por ejemplo, sumida en un abandono que afortunadamente ahora pareciera empezar a desvanecerse, gracias a un proyecto gubernamental que apunta a una completa remodelación. Y el segundo, el significativo empuje al desarrollo económico de la ciudad que ha significado el mall de Pasmar, con numerosas plazas de empleo que en esta crisis, son más necesarias que nunca.

Con este contexto, habrá de admitirse que una materia de la relevancia de la concesión de un bien nacional de espacio público, nuevamente en el borde costero, exige de una profunda reflexión en la que los concejales requieren de una amplia mirada que no abarque únicamente a las reparticiones municipales, sino que a arquitectos, urbanistas y el propio Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda (impulsor precisamente del futuro Parque Costanera), todos los cuales de seguro anhelan un borde costero que logre conjugar la inigualable belleza escénica de la ciudad y su sustentabilidad, con el desarrollo económico.

Son días decisivos para el proyecto que permitiría el retiro voluntario del 10 por ciento de los fondos de las AFP. Durante esta jornada, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra debatiendo esa iniciativa, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

Todo indica que la Cámara Alta daría el visto bueno a la iniciativa a pesar de la oposición del Gobierno, políticos clave de la derecha y gran parte del empresariado. En tanto, la semana pasada, la administración de Sebastián Piñera anunció nuevas medidas económicas destinadas a la clase media.

Ideológicamente no comparto la propuesta que está en discusión. Ese proyecto, sin duda, traerá una merma en las jubilaciones de los afiliados, en circunstancias que cada uno de ellos podría retirar hasta cuatro millones 300 mil pesos aproximadamente.

Sin embargo, de aprobarse, sería una buena fórmula para inyectar recursos al mercado, dado que la cesantía ha aumentado considerablemente y el consumo se ha reducido en un 50%. En tanto, el paquete del Gobierno tiene el mismo objetivo económico.

Por una o las dos vías -si La Moneda mantiene o mejora su propuesta- se generaría liquidez. Con ese dinero los chilenos comprarán comida y pagarán cuentas. El chileno es un buen pagador.

Ese aumento del consumo, en consecuencia, reactivará diversos rubros y evitará que se corte la cadena de pago. Porque si esta se corta, se afectaría tanto a empresas chicas y medianas como grandes.

Se decidió tocar a las aseguradoras por falta de credibilidad en el sistema y el posicionamiento del movimiento populista "No más AFP". Eso es riesgoso, en particular, porque abre la puerta a la expropiación de las administradoras de fondos de pensiones.

También provocará una baja en la bolsa y en el dólar, como ya se ha visto en los últimos días. Ese clima de inestabilidad, provocado por el "miedo" e ideas populistas, sería sólo momentáneo. Es decir, comprar acciones ahora es una excelente apuesta: las empresas subirían su valor cuando se active el consumo. Y lo que es seguro: las nuevas medidas -si se concretan- darán el respiro necesario al mercado.

Alberto Gerszencvich, abogado

y gerente general de Remesa