la región, es que la maquinaria mercantil se encuentra trancada con una caída de la demanda y la oferta, en la cual solo una fracción del aparato productivo funciona, contrayendo sectores como la construcción, comercio, gastronomía, hotelería, turismo, transporte y servicios".

En aumento

Mientras que Ibáñez advierte que una vez que se superen las restricciones que impone la cuarentena, "se debería producir un aumento explosivo de las solicitudes de liquidación, ya que también enfrentaremos un alza en las notificaciones de demandas judiciales por parte de los acreedores, en contra de los deudores", proyectó el abogado.

Aún así, estima que los efectos más duros de esta crisis se harán sentir durante 2021, "cuando las pymes tengan que enfrentar el pago de las obligaciones postergadas, como créditos hipotecarios, y los adquiridos, como las líneas de financiamiento covid", precisó.

EFECTOS DE LA LEY

De su lado, el seremi Muñoz añadió que al igual que la opción que se abre para las personas naturales, también ocurre en el caso de las empresas "que con esta ley pueden sanear sus acuerdos tanto con trabajadores como con acreedores, en el sentido que puedan reiniciar otro emprendimiento. Sin esta ley, ellos quedarían manchados en el sistema crediticio y tendrían impedimento a cualquier acceso a financiamiento".

Junto con reiterar su llamado para que tanto personas como empresas, se acojan a esta ley "para evitar un daño mayor en los próximos años en su actividad económica", invitó a participar en campañas de educación financiera, como las que impulsa el Sernac, con énfasis en el adecuado uso de tarjetas de crédito "el instrumento más caro para cualquier persona natural".

2.670 procedimientos de liquidación de bienes de la persona deudora se realizaron en todo el país.

32 procesos de liquidación de bienes de la persona deudora ingresaron en junio a la Superir regional..

5,1 por ciento fue la participación regional en quiebra de personas, bajo la Metropolitana, Biobío, Valparaíso y Coquimbo..

Para las personas La Ley 20.720 permite que las personas con atraso en el pago de sus deudas puedan optar a dos procedimientos: la renegociación de deudas, con la que se busca mejores condiciones de pago con los acreedores; y, cuando no es posible pagar deudas, la liquidación de bienes, con cuya venta se paga a los acreedores "y todos los compromisos financieros quedan extintos y podrá salir de los registros de morosidad", afirmó Ibáñez.

Para las empresasAl igual que las personas, empresas de todos los tamaños pueden acogerse a la Ley 20.720 y elegir dos alternativas: si es posible que siga operando, puede optar por reorganizarse. En ese caso, se buscarán mejores condiciones de pago a sus acreedores y se reestructurarán sus pasivos y activos. Cuando la empresa no es viable y debe dejar de funcionar "existe la posibilidad de darle un cierre ordenado al solicitar la liquidación de la empresa", agrega Ibáñez. El objetivo es la venta rápida y eficiente de los bienes para pagar a sus acreedores. Con ello, se extinguen los compromisos financieros y existirá la opción de reemprender.