Marcelo Galindo

Desde el jueves 19 de marzo al martes 18 de agosto de 2020, más de siete mil personas han sido imputadas por delitos cometidos contra la salud pública en la Región de Los Lagos, de acuerdo al último informe de la Fiscalía Regional.

Son siete mil 450 casos, cuyos procesos, en su mayoría, han terminado en la aplicación de multas. Pese a ello, 51 personas permanecen en prisión preventiva por estar además asociados a otros delitos.

Para la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, se trata de una estadística muy alta, de personas que no han cumplido con las normativas que buscan bajar el número de contagios por covid-19.

Las cifras del Ministerio Público se refieren a los cinco meses de pandemia.

"De ese número hasta ahora, han sido dos mil 300 personas condenadas, mil 115 formalizados con medidas cautelares y dentro de ellos, 51 que están en prisión preventiva", comentó Wittwer.

Vehículos

De los detenidos que permanecen en prisión preventiva, se consideran imputaciones asociadas a otros delitos. A ello se suma el decomiso de 200 vehículos, que han quedado a disposición de la Fiscalía.

"Cualquiera que intente vulnerar las barreras sanitarias y para lo cual utilice un vehículo es y será detenido en calidad de imputado. De estos, algunos están en recintos de Carabineros y otros en corrales municipales", explicó la persecutora.

La fiscal Wittwer, explicó que la pena que establece el delito (por infracciones a las normas sanitarias, artículo 318) es de multa y estas parten desde las seis UTM (300 mil pesos aproximadamente) y puede llegar hasta las 200 UTM, más de 10 millones de pesos.

"Las personas pueden reclamar por estas multas y la última modificación a las sanciones por no respetar esta normativa, estableció la facultad de suspender la aplicación y su ejecución si esta persona no comete delito durante los próximos seis meses", adujo la fiscal regional.

Oposición

Soledad Llorente, defensora regional, respecto de las multas, recordó que quienes han sido multados por infracciones a la salud pública tienen distintas posibilidades para enfrentar este proceso, pero que todas deben iniciarse con un reclamo.

De acuerdo a Llorente, una vez que el tribunal le notifica, la persona puede reclamar al tribunal, "de cualquier modo que exprese claramente su disconformidad con la sanción o su monto, lo cual puede ser incluso vía correo electrónico".

En esta etapa del proceso -expresó la defensora regional- "no es necesario agregar otro antecedentes como fundamento, por lo que basta la sola oposición en forma clara".

La jefa de la Defensa Pública en la región señaló que el plazo para reclamar es de 15 días, el que está suspendido, al igual que en otras causas, por la ley 21 mil 226.

"Estos comenzarán a correr 10 días hábiles después de terminado el estado de excepción constitucional, es decir, a partir de esa fecha las personas pueden comenzar a oponerse a la multa. Para todos quienes necesiten mayor orientación sobre el procedimiento y las distintas posibilidades que la ley entrega, pueden contactar a la Defensoría Penal Pública", anotó la abogada.

Molesto

Según el general Patricio Yáñez, jefe de la Décima Zona de Carabineros, los números del Ministerio Público respecto a la cantidad de personas detenidas en pandemia son similares a los que mantiene la institución, y ello obedece a una constante en materia de fiscalización, que se ha desarrollado con las Fuerzas Armadas y la PDI.

"Sabemos que muchas veces es molesto esperar en largas filas de vehículos, pero es por el bien de todos. Buscamos que la pandemia no se siga propagando, que volvamos a la normalidad, y para ello es necesario aplicar las herramientas legales existentes".

Para Yáñez , el trabajo con la Fiscalía "ha sido coordinado y efectivo, al igual que con todas las autoridades".

200 vehículos ha decomisado el Ministerio Público a choferes que no respetan las normativas.

10 millones de pesos pueden alcanzar las multas aplicadas en tiempo de pandemia.

2 mil 300 personas han sido condenadas en la región y otras mil 115 han quedado con cautelares.

Detectives de la PDI y personal de Sernapesca han realizado diversas diligencias respecto al hundimiento de un pontón perteneciente a la empresa Salmones Austral, en el sector Quillaipe de la comuna de Puerto Montt.

Según informó el Sernapesca, y tras la inspección desde el aire con un dron, se pudo constatar y confirmar la cobertura de un derrame de combustible en el mar.

"Se detectaron restos de materiales que se han estado usando en la absorción del derrame de combustible, por lo que se notificó por playa sucia a la empresa. Vamos a mantener la fiscalización de modo permanente en el lugar, de modo de cautelar la preservación de los recursos hidrobiológicos", aseguró el director regional se Sernapesca Los Lagos, Eduardo Aguilera. Además, adelantó que la vigilancia se mantendrá por los siguientes días.

Indicaron que la empresa tiene un plazo de 10 días para limpiar la playa aledaña al pontón, a partir del pasado lunes 17 de agosto, de lo contrario, Sernapesca procederá a cursar la citación correspondiente.

Por otro lado, los oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Valdivia confirmaron que las instalaciones marítimas se habrían hundido con más de 20 toneladas de alimento para salmones y más de 5 mil litros de petróleo, por lo cual la Autoridad Marítima de la capital regional de Los Lagos tomó las primeras medidas, activando sus protocolos para evitar la contaminación del lugar e indicando las acciones que debe seguir la empresa responsable.

La estructura siniestrada tiene un peso superior a las 300 toneladas y mantenía en sus bodegas el alimento para peces junto a varios miles de litros de combustible.

La empresa Oxxean se adjudicó la licitación técnica para realizar las labores de extracción del centro Caicura, propiedad de Salmones Blumar, hundido a 295 metros de profundidad en el Seno de Reloncaví.

Las labores de recuperación se realizarán con embarcaciones especializadas, plataformas, grúas y guinches de levante, además de robots submarinos, entre otros y requerirán de permisos y autorizaciones de la Armada de Chile y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Para implementar este plan técnico de salvataje, Oxxean realizará inspecciones en la zona del hundimiento y analizará los informes ambientales y oceanográficos que a la fecha ha entregado Salmones Blumar a la autoridad, además del informe de Análisis de Riesgo en el que se está trabajando para tomar las decisiones para el ecosistema, las comunidades y las personas.

En el reciente informe de Verificación del Estado de las Estructuras y Biomasa presente en el fondo marino se confirmó que el módulo no se ha desplazado y que la biomasa se encuentra encapsulada dentro de las jaulas y redes peceras.