Correo
Paro de camioneros
Más allá de la legítima discusión sobre cómo los bandos políticos defienden el Estado de Derecho y el orden público según conveniencia y afinidad con quienes alteran la convivencia, un hecho que queda de manifiesto es cómo los denominados grupos de presión (Pastor, 1990) nuevamente tienen la capacidad de definir la agenda del Poder Ejecutivo y Legislativo. Si bien puede ser entendido como una paralización más, toda la información que circula durante estos días gira en torno a la movilización de camioneros.
Los partidos políticos se han manifestado, los parlamentarios han adherido o refutado y nuevamente la agenda, tanto del Gobierno como del Congreso, empieza a girar en torno a las demandas de un grupo de presión, tal como ocurrió en 2006 con el movimiento de los pingüinos, en 2011 por la educación, en 2012 con el movimiento "Aysén, tu problema es mi problema", similar a lo ocurrido en su momento en las regiones de Magallanes y Los Lagos por la crisis socioambiental de 2015, tal como en 2017 con el Me Too, o en 2019 con el estallido social.
Todos hechos de protesta social que en mayor o menor medida impactaron en el devenir de la agenda pública y definieron los ejes de acción posteriores de los distintos órganos del Estado, que respondieron una y otra vez, aletargados con un golpe de knock out.
Los partidos políticos, desde sus trincheras, toman posiciones a un problema en curso, sin capacidad de diagnóstico previo, con bastante ambigüedad en sus definiciones, y siempre tratando de sacar ventajas pequeñas, en función de la posición del momento, y de si hoy están de lado del Gobierno o la oposición.
En este sentido, y a raíz del conflicto en la Región de La Araucanía, la escalada de violencia y la falta de garantías de parte del Estado, nuevamente tienen a un grupo de presión tomándose la agenda, y al Estado, en sus distintos poderes, tratando de reaccionar. Este no es un problema del Gobierno, es un problema del Estado, de sus distintos poderes, de las cúpulas de partidos políticos y quienes los representan, por ser selectivos en las demandas y no tener capacidad de canalizar las demandas ciudadanas en sus ejes programáticos, y siguen sin salir de sus trincheras para avanzar y enfrentar en diálogo con ánimos de mejorar la convivencia social.
Hardy Oyarzo Cahuas
Desastres en Calbuco
Dos desastres ecológicos han vapuleado a Calbuco, la comuna de las aguas azules, el mes recién pasado. Aguas que de azules a estas alturas carecen de serlo. El reciente hundimiento de un muelle flotante con mas de 300 toneladas de alimento para salmón, perteneciente a la portuaria Cabo Froward; y el escape de más de 120 mil salmones desde un centro de la empresa Camanchaca, son la guinda de la torta a un ambiente natural que pide a gritos una desintoxicación.
Los mares calbucanos están invadidos de la basura y desechos generados de la industria acuícola, y si a esto le sumamos la contaminación que provoca la misma gente que considera al mar un basurero, arrojando desperdicios domiciliarios de forma inconsciente, el escenario se visualiza cada vez peor.
Las políticas de desarrollo sustentable no deben quedar sólo en el discurso. Las sanciones por los daños medioambientales deben ser reales y ejemplificadoras si queremos que las futuras generaciones conozcan algo de este mar azul, y no sean parte de un cuento perdido en el tiempo.
Cristian Vargas Mansilla
Justicia y violencia en el hogar
Me llama profundamente la atención la Carta al Director de Adolfo Paul Latorre (publicada el lunes pasado en El Llanquihue), relacionada con la condena del general Héctor Orozco Sepúlveda a 18 años de prisión, y sólo porque por su situación jerárquica debió saber y aún mas autorizar situaciones excepcionales, como las ocurridas, en las que resultaron dos personas muertas.
Entonces, me cabe preguntar con todo respeto a usted, a la ciudadanía y al Poder Judicial, qué ocurre con la justicia, y es más, en especial con ambas cortes del Poder Judicial, cuando de acuerdo a su investidura, jerarquía y conocimiento por experiencia de todos esos casos de violencia intrafamiliar, en los que las medidas adoptadas inclusive con incidencia de amenazas de muerte, los jueces y ministros de corte no han protegido, no han sancionado y menos por experiencia, han actuado en perjuicio de cientos de mujeres que han sido muertas por sus parejas.
Y todo esto por actitudes, deficiencias y desprecio por las víctimas y sus familiares.
Mario Marambio Álvarez
Orden público e izquierda
Ojalá que si vuelven los disturbios del "estallido", los políticos de izquierda se acuerden del Estado de Derecho y el orden público que han pedido estos días por el paro de los camioneros.
Julio Sánchez