Arremetida centralista
De manera insólita, un grupo de diputados del norte y centro, además de dos de La Araucanía, intentó prohibir el uso de la leña en el sur del país. El proyecto de ley desconocía totalmente los mecanismos contenidos en los PDA vigentes y futuros.
Desde hace poco más de una década, al menos, las ciudades del sur del país vienen dando una seria lucha contra la contaminación del aire que produce el incorrecto uso de la leña, que es el principal insumo al que recurren miles de familias para calefaccionar sus hogares en el largo invierno. De la mano de los planes de descontaminación atmosférica (PDA) que ya están vigentes en ciertas zonas urbanas y a las que en el mediano plazo debieran unirse Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, las autoridades y la ciudadanía han acometido una tarea que requiere de ingentes esfuerzos familiares y del Estado para cambiar los calefactores, aislar sus viviendas y diversificar la matriz energética.
Aun así, a pesar de estar frente a una política pública que ha requerido cuantiosos recursos estatales y que en cada ciudad se proyecta un horizonte de diez años de plazo para reducir el material particulado del 2,5 (el más dañino para la salud de las personas) en cuanto entra en vigencia un PDA, un grupo de ocho diputados de todo el arco político presentó un proyecto de ley que prácticamente desconocía todo lo que significaban estos planes, pretendiendo prohibir el uso de la leña en el sur del país. Por insólito que parezca, estos parlamentarios (seis de ellos de las zonas norte y centro, y dos de la Región de La Araucanía) pensaron que la mejor manera para acabar con la contaminación pasaba derechamente por prohibir el sistema de calefacción más accesible para familias incluso de clase media, y no sólo eso, querían hacerlo en plena crisis económica, cuando la leña sigue siendo por lejos el "combustible" más barato.
Lo ocurrido con este proyecto de ley, que afortunadamente fue rechazado por 54 votos en contra y 49 a favor (inquieta la estrecha diferencia), demuestra la vigencia de dos tipos de males en el sistema político. Primero, el eterno afán centralista por dictar desde el nivel central el marco normativo en el que se deben desenvolver las regiones; y segundo, la profunda desconexión con lo que pasa en los hogares del país. Si los autores del proyecto querían contribuir a la descontaminación, podrían haber empezado, por ejemplo, por fiscalizar el ritmo de cumplimiento de los distintos PDA en curso y que requieren recursos del Estado. Pero parece que era más fácil prohibir.