Descentralización y planes a medias
No sólo el traspaso de recursos es relevante, sino también quién decidirá el destino de ellos en las regiones. Cada vez que puede, el largo brazo del centralismo deja sentir todo su peso e historia sobre los afanes de las regiones del país.
Episodios recientes en el país han dado cuenta de la necesidad de impulsar un proceso de descentralización que considere avances significativos que pasan primero por una mayor comprensión de este proceso, como también un compromiso real de generar un diálogo horizontal y realista entre las regiones y el nivel central, donde además la participación del sector privado -la denominada sociedad civil- es clave para dar continuidad a las propuestas más allá de los ciclos gubernamentales.
De lo contrario, es probable que se siga observando la sucesión de planes a medias, desarticulados y contradictorios, que suelen ser ubicados en el amplio concepto de la "descentralización", pero que muchas veces se quedan a medio camino y obedecen a iniciativas de desconcentración o deslocalización del poder. En ese sentido, hay que destacar que existe cierto consenso a nivel académico sobre la definición de la descentralización como un proceso de aplicación de políticas públicas que en su conjunto traspasan responsabilidades, recursos o autoridad desde el gobierno central a los subnacionales, en la medida que estos últimos gocen de una suficiente autonomía. Si de una u otra forma el control se mantiene -así como el poder de decisión respecto de la continuidad de determinadas políticas-, difícilmente se podría estar frente a procesos de verdadera descentralización.
Se trata de un proceso complejo que acentúa el carácter autónomo de los receptores de aquellas nuevas cuotas de poder, por lo cual, por ejemplo, difícilmente se podría pretender que el traspaso de atribuciones a los intendentes sea un elemento que esté dentro de esta categoría conceptual.
El recorte presupuestario de partidas asociadas a recursos de decisión regional es otro ejemplo de centralización, donde pesa sobre las decisiones de los niveles subnacionales, la permanente sospecha del riesgo de captura política de inversiones públicas.
Si se quiere optar a una descentralización real, seria y de largo plazo, no sólo se debe poner atención a cuántos nuevos recursos serán decididos desde las regiones, sino también en qué manos quedarán esos fondos públicos y cómo -con leyes, capacitación y orden- se aseguren crecientes niveles de eficiencia y claridad en la administración.