Marcelo Galindo

La inestabilidad del servicio de Internet tras el corte de fibra óptica ocurrido el 15 de septiembre pasado y que dejó sin el sistema a más de 100 mil personas en la región, es la principal motivación de la presentación de un proyecto de ley que busca mejorar la fiscalización a las empresas de telecomunicaciones.

Aunque Telsur, empresa afectada por el corte, presentó una querella contra los que resulten responsables por estos hechos, ya que habría intervención de terceras personas, el diputado (RN) Alejandro Santana argumentó que las interrupciones han continuado por períodos de tiempos menos prolongados, pero que se reitera con bastante frecuencia.

Lo preocupante, de acuerdo a Santana, es que se está en medio de una pandemia que ha acrecentado la importancia de contar con una conexión de Internet estable para trabajar a distancia, mantenerse comunicado y acceder a la realización de trámites que no se pueden hacer de forma presencial.

Alerta

Aunque el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Nicolás Céspedes no respondió nuestras llamadas, en su oportunidad y tras el corte del servicio por seis horas y media, admitió que tendrá que haber una compensación por parte de la empresa a los clientes.

Telsur hasta el momento no ha entregado detalles de la compensación y en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se han recibido sólo dos denuncias.

Desde el Sernac se dijo que posiblemente se va a solicitar un procedimiento voluntario colectivo y que el servicio levantará la alerta, pero que Santiago resolverá.

"La alerta fue levantada sobre la base de información", se indicó desde el servicio.

Fiscalizar

Hernán Navarro, director del Centro del Consumidor de Puerto Montt, dijo que generalmente este tipo de reclamos se hacen personalmente.

Según Navarro, la baja cantidad de reclamos es una señal y con ello "se le está diciendo a las empresas y a la Subtel que tiene que fiscalizar y fijar parámetros distintos para realizar esta labor".

De acuerdo al diputado Alejandro Santana "hoy hay una necesidad de incrementar las multas por los inconvenientes e intermitencias presentadas en la prestación de servicios y compensar a los usuarios afectados, cuando así se requiera".

Entre sus fundamentos, la iniciativa señala que el confinamiento ha llevado a que muchas personas se vean en la necesidad de realizar sus trabajos desde casa y los estudiantes realicen sus labores académicas también desde sus hogares, por lo que hoy el uso de Internet es permanente.

En ese sentido, Santana, expresó que la autoridad está realizando su trabajo según sus facultades, "pero la actual normativa requiere ser modernizada".

6 horas y media estuvo interrumpido Internet el 15 de septiembre, por lo que se espera compensación.

Para el abogado Cristhian Zúñiga, quien asesora a la familia que recurrió de protección contra el colegio San Francisco Javier, y cuyo fallo de la Corte Suprema fue favorable, se trata de una instancia que "marcará un precedente".

El establecimiento educacional particular pretendía que los dos alumnos cancelaran el año completo y que debía reservar cupo para matrícula, contra lo que solicitaba el recurrente que pedía congelar el año y asegurar matrícula sin postulación para el próximo año y además sin costo.

"En marzo pedimos retirar a nuestros hijos y congelar (los niños presentan déficit atencional e hiperactividad asociado a tratamiento farmacológico), pero el colegio prefirió los fines de lucro y nos dijeron que lo teníamos que matricular de nuevo. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso, y la Corte Suprema lo acogió y resolvió. No es cosa de llegar y entregar educación online", manifestó Héctor Almonacid, padre de los dos alumnos.

Según el abogado de la familia Cristhian Zúñiga, el fallo se refiere al principio de igualdad ante la ley, "y la Corte Suprema termina apoyando a los padres, porque el colegio no puede aplicar un reglamento de postulación".

Según Zúñiga, el fallo habla de aceptar una discriminación positiva y lo reconoce la corte, "y hace la distinción y entiende que todo el mundo (las personas) no son iguales".

Indicó que "se trata del principio de la igualdad porque se consigna el reconocimiento de las diferencias de las personas. En términos generales es un fallo de la Corte Suprema que marca un precedente". Tanto el Colegio San Francisco Javier como el Centro de Padres del establecimiento no respondieron a las consultas de este Diario..

2 de octubre la Corte Suprema acogió y se pronunció sobre este recurso de protección

Uno de los certificados más requeridos por la comunidad es el de posesión efectiva. Este documento, que entrega el Servicio de Registro Civil e Identificación, acredita la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas de la Resolución Exenta dictada por el director regional respectivo, que otorga este beneficio a los herederos.

Antes de la pandemia, este certificado sólo era posible obtenerlo acudiendo a la oficina del Registro Civil. Ahora, está disponible para los herederos de la persona fallecida, quienes lo pueden solicitar con su Clave Única.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, comentó que "este es un avance en tiempos en que se requiere el resguardo de la salud por sobre todo, quedarse en casa lo más posible. Hoy estamos trabajando a diario en la digitalización del máximo posible de certificados que este servicio entrega, y así contribuir a facilitar la vida a las personas", mencionó.

Según Meeder el precio del primer certificado de Posesión Efectiva que se emite es gratuito por ley.

La siguiente emisión del certificado se denomina Informe de Posesiones Efectivas (duplicado) y tiene un costo de mil 250 pesos, ya sea solicitado en la página web o en la oficina en forma presencial, según explica la autoridad.

El certificado se solicita una vez que los herederos ya hayan realizado con éxito la tramitación de la posesión efectiva. Para las herencias de un monto que no supera los nueve millones de pesos (15 UTA), puede realizarse de forma online y gratuita con clave única, en el sitio web www.registrocivil.cl completando los antecedentes que se despliegan en el formulario.