ron curso además a procesos administrativos", remarcó.

El general Yáñez puntualizó que, hasta el momento, se ha concretado la formalización de un funcionario de la institución y será el debido proceso, que ejerce el Ministerio Público, el que determine la responsabilidad ante un tribunal.

"Nosotros, cada vez que somos requeridos, entregamos los antecedentes a la Fiscalía, así también con el director regional del INDH, con la finalidad de agilizar los requerimientos cuando se denuncia algún hecho que pudiese constituir delito", comentó el oficial.

Tribunal

La jueza vocera del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Marcela Araya, confirmó que en marzo ingresaron al tribunal "cuatro querellas interpuestas por el INDH, por el delito de tortura previsto en el artículo 150 A del Código Penal, en tres de las cuales las presuntas víctimas serían menores de edad". Agregó que las querellas se declararon admisibles y se remitieron al Ministerio Público para la investigación de los eventuales ilícitos que se "habrían perpetrado en marzo y abril de 2020. Se encuentran en tramitación y aún sin personas formalizadas. A solicitud de la querellante, además, se dispuso la reserva de la tramitación", aseveró.

Región

De acuerdo a la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, existe un avance significativo en las investigaciones, pese a los efectos que ha tenido para el ente persecutor en general la pandemia del coronavirus. "Hemos ubicado a las víctimas y recogimos sus declaraciones", sostuvo.

Wittwer anotó que son alrededor de 500 investigaciones en la región por denuncias por acción de policías o agentes del Estado.

"Estas investigaciones involucran a toda la región, desde el 20 de octubre de 2019 al 7 de octubre de este año. Tenemos un total de 650 víctimas: hombres, mujeres y adolescentes. Como detalle, una causa puede tener más de una víctima", explicó.

La autoridad del Ministerio Público señaló que hasta el momento un sólo funcionario policial está formalizado por estos hechos.

Se trata del incidente ocurrido el 26 de enero, en Puerto Montt. Se trata del subteniente Rodrigo Bustos, quien fue imputado por violencia innecesaria con lesiones graves. El carabinero quedó con arresto domiciliario parcial, ya que habría disparado una bomba lacrimógena que hirió a una adolescente de 17 años.

Informes

Respecto a lo que habría ocurrido en el Juzgado de Garantía de la capital regional, la fiscal comentó que todas las investigaciones están aún desformalizadas, "pero sí estamos reuniendo antecedentes y algunos con los cuales ya se cuentan y se está trabajando en la individualización de los posibles responsables. Se solicitaron informes a todos quienes habrían estado en ese lugar y a Gendarmería".

La persecutora explicó que estos delitos tienen una sanción mayor que si la conducta hubiese sido cometida por un civil "precisamente porque es un funcionario público quien atenta contra la integridad física de una persona encontrándose bajo su custodia, por lo que ello hace que el delito sea más grave y tenga una pena más alta", reveló.

Pese a las consultas realizadas en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, no obtuvimos respuesta durante la jornada de ayer.

María Soledad Llorente, Defensora Regional de los Lagos, manifestó que la defensa es un derecho y como tal, la Defensoría Penal Pública asegura que cualquier persona imputada de un delito penal, cuente con un abogado que le represente frente a un tribunal competente para resolver este tipo de causas.

Para Llorente, ellos son "una institución pública y, por tanto, es indistinto quién sea objeto de la imputación penal. Defendemos los derechos humanos y estos representan un valor supremo. Eso significa que no distinguen función, etnia, nacionalidad o cualquier otro tipo de diferencia entre las personas", expresó la autoridad de la Defensoría Penal Pública.

Respecto de los procesos venideros -dijo María Soledad Llorente- esperan que estos se desarrollen en un "contexto de respeto irrestricto a las garantías fundamentales, siguiendo la línea del destacable trabajo que han desarrollado hasta el momento los defensores y defensoras".

500 investigaciones desformalizadas están abiertas en la Fiscalía por delitos ocurridos por agentes del Estado en el estallido social.

650 son las víctimas por hechos violentos en la región, entre hombres mujeres, adultos y adolescentes.

4 querellas por traumas oculares interpuso INDH. El caso más grave es de Osorno, con la pérdida total de la visión en un ojo de víctima.