Recursos con decisión regional
Avanzando en el proceso de regionalización, ya está en el Congreso un proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la descentralización financiera. Además de la elección del gobernador regional, será crucial el presupuesto que se podrá definir localmente.
Afines de septiembre ingresó al Senado el proyecto de ley que "fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica". Se trata de una normativa esperada desde las regiones y que en principio se esperaba que correspondiera a una "ley de rentas regionales", aunque -por su contenido- no alcance para ser definida de esa forma.
Con relación a esta iniciativa, se deben hacer dos consideraciones iniciales. Primero, que se enmarca dentro del concepto de descentralización fiscal, mediante la cual se busca traspasar poder, funciones o responsabilidades desde el gobierno central a los niveles subnacionales, en este caso en particular, vinculadas al ingreso y gasto público. La segunda consideración es que el proyecto complementa el proceso de democratización de la elección de la autoridad regional, que se realizará por primera vez en abril del año próximo.
Entre las novedades que incluye el texto ingresado para su discusión en el Parlamento resaltan varios puntos que dan cuenta de la forma en que suele asumirse el proceso de descentralización en el país. La propuesta define que será el gobernador regional quien elabore cada año el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Se trata de una medida positiva, en consideración a que este es el principal instrumento de planificación regional, y representa una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios públicos efectúan en cada territorio.
Es indudable que la iniciativa mantiene varios de los principios que rigen la forma en que se lleva adelante la descentralización en Chile; es decir, con un férreo foco en el control desde el centro. Pero no hay que olvidar una realidad que pocas veces se considera desde las regiones y que merece particular atención si se quiere tomar en serio la batuta del proceso de transferencia de poder. Y es que éste puede significar muchos beneficios, pero también algunos riesgos, asociados a elementos como la captura política, el clientelismo y los efectos redistributivos negativos.
Con todo, contar con las cartas sobre la mesa es un punto de partida relevante para seguir avanzando en la tarea de dotar de un mayor poder de decisiones a las regiones.