Mayor decisión en las regiones
La elección de los gobernadores regionales, en abril, supone una conquista de autonomía largamente anhelada. La construcción de un proyecto verdaderamente regional aparece ahora como una de las grandes oportunidades tras la elección de abril.
A menos de cuatro meses de la primera elección democrática directa de las máximas autoridades regionales, es indudable que se está frente a un avance significativo en un proceso cuyo éxito dependerá en buena parte de la calidad de quien sea elegido. Por lo pronto, se sabe que se tratará de una autoridad que tendrá una mayor validación regional y que ya no dependerá sólo de la nominación y confianza de la autoridad central, sino que deberá responder directamente a la apuesta que realicen los electores.
Según la Ley 21.073, será el gobernador regional el que tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo de la región y los instrumentos que las aterrizan, además del presupuesto regional. Además, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional. Para ello, se ejecutó una reforma constitucional que estableció la elección popular de los gobernadores regionales, como órgano ejecutivo de la gestión regional, y se definió la distribución de las funciones que hoy pertenecen a los intendentes.
Este último punto ha sido motivo de cuestionamientos, pues hay quienes plantean un escenario poco claro en relación a quién ejercerá efectivamente el "mando" en las regiones. En ese sentido, los más críticos aluden a que podría repetirse un escenario similar al de los consejeros regionales, que ya han sido electos directamente por dos períodos, pero no cuentan con suficientes atribuciones para realizar su labor.
Con todo, lo que está claro es que la figura del gobernador regional será clave en la alineación del camino que se trace la propia región en materia de su desarrollo, con las prioridades que se soliciten establecer con miras a que toda la inversión pública sea coherente con esos principios específicos establecidos en cada territorio. Deberá apelar de forma muy intensa a una buena coordinación multinivel -desde los municipios hasta el gobierno central y, por supuesto pasando por el propio Gobierno Regional- así como a una creciente capacidad de fomentar la articulación público-privada en la definición de un verdadero "proyecto regional".