Inseguridad en las poblaciones
La balacera ocurrida en Maipú ha reavivado la queja que hay en Puerto Montt sobre los disparos y fuegos artificiales en las poblaciones. Los parlamentarios de la zona tienen bastante qué decir en este problema con la adecuación de las leyes a las nuevas tendencias delictivas.
Sólo dos semanas después de que dirigentes sociales de Puerto Montt hayan denunciado públicamente la creciente sensación de inseguridad que se vive en poblaciones y villas por los disparos al aire libre y fuegos artificiales de dudoso interés, la opinión pública nacional ha sido remecida con la balacera en plena feria navideña en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, uniéndose a otros episodios similares ocurridos en el último tiempo en Santiago. Por cierto, la comunidad puertomontina no ha tenido que lamentar afortunadamente hasta ahora un incidente de estas características, pero si las autoridades no atienden con premura el llamado de atención surgido desde los barrios, tal vez será sólo cosa de tiempo para que la violencia delictual y el emergente fenómeno del narcotráfico amenacen de forma grave la convivencia.
Con toda razón, los dirigentes sociales de la capital regional se quejaron a través de este diario que a dos semanas de desclasificar lo que pasa en sus sectores, el Estado, desde sus distintas instancias ejecutivas y legislativas, pareciera permanecer ajeno ante este pedido de auxilio. A propósito de esta denuncia, un funcionario regional, encargado precisamente de la prevención del delito, definió hace unos días como meras "incivilidades" la ocurrencia de disparos y fuegos artificiales en los barrios, desconociendo los claros indicios que esto significa y que ya han sucedido en otros lugares; el mejor ejemplo de ello es, sin duda, Santiago.
Como era de esperar, los parlamentarios de la zona se unieron al coro de protesta de los representantes vecinales, pero la verdad es que ellos también tienen responsabilidad en la materia. Si bien la mantención del orden público es tarea exclusiva del Poder Ejecutivo, es a ellos, en su condición de legisladores, los que les compete la misión de adecuar la legislación a los nuevos tipos de delincuencia que hay en el país y, en particular, al inquietante aumento del narcotráfico.
Sea con un proyecto ya presentado por el Gobierno, uno nuevo o el mismo, pero mejorado, lo que requiere el país es atender con urgencia, y desde las herramientas que entrega la democracia, el combate a la delincuencia y al narcotráfico.