Redacción

La Nueva Educación Pública (NEP) avanza en la Región de Los Lagos. El organismo estatal, que tiene la misión de implementar el nuevo sistema educativo, incorporó ayer oficialmente a sus filas cinco comunas, las que ahora son dependientes del nuevo Servicio Local de Educación Pública Llanquihue (SLEP).

En total son 84 establecimientos de Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Fresia y Los Muermos los que pasaron a formar parte del nuevo sistema de Educación Pública. Con la incorporación del SLEP Llanquihue, son 11 los servicios locales que estarán funcionando a lo largo de nuestro país en 2021.

El nuevo organismo tendrá el desafío de conducir la educación de cerca de 12 mil estudiantes de cinco comunas, siendo el primero en la Región de Los Lagos. La ceremonia de traspaso de llaves contó con la participación de la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, quien destacó uno de los pilares fundamentales de la ley 21.040 como es la participación.

"Esperamos que a través del Consejo Local y Comité Directivo, que son estos nuevos organismos colegiados, podamos tener una real participación y construir educación pública de calidad con pertinencia local. Ese es el gran desafío", dijo.

El Servicio Local de Educación Pública es el sostenedor que vela por entregar una formación integral, de calidad y con pertinencia local, centrado en los aprendizajes con estándares adecuados al siglo XXI. Una de sus principales misiones es entregar oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes de la Región de Los Lagos para asegurar su trayectoria educativa.

En esta línea, la directora ejecutiva del SLEP Llanquihue destacó el papel de la familia en este desafío: "Hoy día estamos haciendo este esfuerzo porque creemos en una educación de calidad. Creemos que detrás de estos casi 12 mil alumnos hay una gran esperanza y tenemos una tremenda oportunidad de seguir mejorando juntos, los necesitamos a ellos, a las familias, el compromiso de los padres y que hoy, de acuerdo a la pandemia, queda más claro que nunca la importancia y el apoyo de sus círculos en la construcción de aprendizajes y principalmente de la educación y de los valores de nuestra sociedad".

A la ceremonia realizada en la emblemática escuela Bernardo Philippi de Frutillar asistió el intendente Harry Jürgensen, quien destacó la política de Estado y el avance de la profesionalización de la educación pública. "Si bien se recupera la educación al Estado, también significa imponerle calidad, generar participación permanente con una organización que va a actuar permanentemente en relación a las realidades de cada una de las comunas", sostuvo.

El alcalde de Frutillar, Claus Lindemann, recalcó el compromiso del municipio con la educación pública. "El fantasma del financiamiento para la educación local termina hoy día para nosotros, por lo tanto, podemos abocarnos con mayor generosidad a colaborar con la educación en sí, sin tener el problema que alcancen o no los recursos que llegaban todos los meses a las arcas de nuestra educación municipal. Nos da una sensación de alivio, por un lado, pero nos compromete mucho más que antes", dijo.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Puerto Montt, Álvaro Mesa, dictó acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Cajsi) por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos acaecidos en 1973.

Las víctimas corresponden a Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez Sepúlveda, José Alfredo Argel Marilicán, Jaime Nolberto Vera Vera, Edis Rodríguez Robeiro, Jorge Segundo Ovando Agüero, Ramón Alberto Zambrano Toledo, José Teodomiro Vargas Niello, Luis Alberto Silva Hernández, Luis Humberto Villegas Alvarado, Luis Alberto Guerrero Uribe, Marcia Noelía Oyarzo Groff, Juan Guillermo Leonhardt Catalán, Paulo Hernán Anderson Muñoz, Mario Enrique Contreras Vegas, César Vladimir Leiva Garrido, Jaime Alfonso Moraga Zamorano, Marco Antonio Romero Arias, y Saúl Sergio Espinoza Villalobos.

En la resolución, el ministro en visita atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 "Sangra"; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

Un hombre de 36 años quedó en prisión preventiva, tras ser imputado como el presunto autor de una violación contra una joven de 22 años, ocurrida el 25 de diciembre en un sector rural próximo a la ciudad de Futaleufú.

El fiscal subrogante Felipe Horn, explicó que al recibir la denuncia se instruyeron diversas diligencias, entre ellas, una orden de investigar dirigida a la Sección de Investigación Policial de Carabineros de Futaleufú con el fin de esclarecer los hechos. "Paralelamente la víctima, quien se encontraba muy afectada, fue derivada a nuestra Unidad de Atención de Víctimas y Testigos donde ha recibido atención psicológica y también psiquiátrica. Para el esclarecimiento de los hechos hemos trabajado incansablemente junto a las policías logrando establecer que el imputado corresponde a un hombre de 36 años, quien momentos antes había estado compartiendo con la víctima al interior de un inmueble", detalló.

En el control de detención fue formalizado por violación. "Durante la audiencia se pudo establecer la existencia del delito, la participación del imputado y también la necesidad de medidas cautelares quedando en prisión preventiva", concluyó Horn.

Tras reclamos de pequeños agricultores del sector Santa María, en la comuna de Puerto Varas, el consejero regional Manuel Rivera solicitó a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Seremi de Medio Ambiente investigar y pronunciarse respecto a una presunta intervención al estero Oyarzo, situación que dejó sin agua a los vecinos. "Es un tema muy delicado, el estero Oyarzo. si bien es pequeño, desemboca en el río Maullín y sus aguas que surcan el río permiten a sus vecinos acceder a este vital elemento. No es justo que la necesidad de producir papas por parte de grandes agricultores esté por sobre la subsistencia humana", explicó el core.

Rivera, quien es integrante de la comisión de Medio Ambiente del Core Los Lagos, solicitó una fiscalización en terreno para constatar los efectos de este posible abuso a pequeños agricultores y el daño ecológico que representa.