Avances para la descentralización
Hace pocos días se dio un paso sustantivo con la tramitación en curso de un proyecto que define quién resolverá las contiendas de competencia con el nivel central. Una de las incógnitas que encierra la próxima figura del gobernador regional pasará por las atribuciones con que contará.
El Senado aprobó en general el proyecto de ley que, en primer trámite constitucional, aspira a implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país, a partir de la entrada en vigencia de las leyes 21.073 y 21.074, que regulan, entre otros aspectos, la elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización, respectivamente. En la oportunidad, se fijó además como plazo para la presentación de indicaciones el viernes 22 de enero.
El estudio de la norma afina aspectos muy importantes antes de la elección e inicio del trabajo de los gobernadores regionales, que serán electos por primera vez a través del voto popular el 11 de abril. Su importancia es alta, pues la normativa busca precisar aspectos como la definición de transferencias de competencias en el nuevo escenario regional y comunal que se avecina.
La tramitación de esta iniciativa es relevante, sobre todo para reducir las dudas e incertidumbre que genera el inicio del trabajo de los gobernadores regionales, especialmente por la relación que se establecerá con el delegado regional, quien será designado por el gobierno en cada región.
Así, entre los contenidos del proyecto están las precisiones sobre el rol de la unidad de control del Gobierno Regional y se entrega al contralor general de la República la facultad de resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales, regulando al efecto el procedimiento de presentación, tramitación y resolución de la contienda.
Se debe recordar que este proyecto de ley da cuenta de los grandes acuerdos establecidos por la Mesa Técnica de Descentralización, entidad que inició su labor en junio de 2019 y de la cual formaron parte ex autoridades, académicos y representantes de fuerzas políticas que están en el Congreso.
El trabajo de la instancia se desarrolló durante cuatro meses, en los que luego del debate se establecieron las bases que se traducirían en esta iniciativa en discusión que ojalá sirva efectivamente para dar mayores certezas a los futuros gobiernos regionales en torno a sus competencias y funcionamiento.