Redacción

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reunió ayer en La Moneda con altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, para enfrentar la crisis humanitaria desencadenada por el arribo de cerca de 2.000 personas provenientes de Venezuela a Colchane, en la Región de Tarapacá, un pueblo que cuenta poco más de 1.000 habitantes. Los inmigrantes, la mayoría de ellos ilegales, han dormido a la intemperie en busca de entrar a Chile, por lo que el secretario de Estado afirmó que en los próximos días anunciará el Plan Colchane, aunque destacó que "no hemos hablado de refugio".

En momentos en que la nueva ley de migración espera ser revisada por el Tribunal Constitucional (TC), tras su aprobación en el Congreso, junto al requerimiento ingresado por el Frente Amplio (FA), donde se cuestiona que el Gobierno determine quién puede y quién no puede ingresar al país, más de 1.800 venezolanos se apostaban ayer en las calles de Colchane.

Por esto, cerca del mediodía el titular de Interior se reunió con los altos mandos de las FF.AA. para, luego de alrededor de dos horas, afirmar que "estamos preparando el Plan Colchane, que involucra otras definiciones más que anunciaré en los próximos días, pero tiene que ver con un apoyo al municipio en recursos para que puedan mitigar a su comunidad. Nos conectamos con ese sufrimiento. ¿A quién le puede gustar que una persona entre y rompa la puerta?".

Estas palabras aluden a la denuncia de una vecina de 70 años sobre el supuesto robo de enseres en tres casas, perpetrado, según ella, por los inmigrantes, indicó SoyIquique.

Refugio

Delgado señaló también que "no hemos hablado de (dar) refugio en Colchane, hemos estado en contacto con el alcalde y el nuevo gobernador ha estado allá. Necesitamos que el municipio se comprometa con este plan (que anunciará en los próximos días) y no me cabe duda de que va a ser así".

La Gobernación del Tamarugal, por su parte, instaló carpas en espacios públicos para que los viajeros puedan pernoctar, sobre todo los más de 200 niños y embarazadas que estos días han dormido a la intemperie con temperaturas bajo cero, a causa del desierto, y ya cobraron la vida de dos inmigrantes, de nacionalidades colombiana y venezolana.

Además, se dispusieron 30 servicios sanitarios móviles y, "desde el punto de vista de despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden, hemos aumentado nuestra dotación en la comuna para respaldar el control fronterizo, como también los aspectos administrativos que se deben desarrollar y para brindar una mayor seguridad y prevención dentro de la comuna", dijo el gobernador, Natan Olivos.

"un poco de contexto"

El ministro del Interior explicó, asimismo, que "hay que poner un poco de contexto: la entrada irregular en la zona de Colchane está relacionada con una crisis que va más allá de lo que pudiésemos explicar desde Chile".

"Es una crisis internacional, sanitaria, social, un gran porcentaje son de nacionalidad venezolana y tiene que ver con flujos migratorios que comenzaron hace años. Esos flujos no son nuevos en Chile, lo que pasa es que han ido mutando en virtud de los tiempos". Según Delgado, "el primer semestre de 2019, antes de que se pusiera la visa consular, 128.000 personas que se quedaron en Chile. Eso cambió en el segundo semestre a menos de 2.000".

"La entrada irregular está relacionada con una crisis que va más allá de lo que pudiésemos explicar desde Chile".

Rodrigo Delgado, Ministro del Interior

Un malabarista callejero murió la tarde de ayer luego de recibir múltiples disparos por parte de un efectivo de Carabineros en el centro de Panguipulli, provocando la reacción instantánea de los testigos que denunciaron el hecho con videos en redes sociales y levantaron barricadas en el lugar.

El joven, que trabajaba como artista callejero en una esquina de la ciudad, se habría resistido a un control de identidad realizado por dos carabineros que patrullaban la zona.

En un video ampliamente difundido por redes sociales, se aprecia cómo el joven es abordado por los policías que ya tenían su arma de servicio desenfundada.

Mientras discutían, según se puede ver en la grabación, uno de los oficiales realizó dos disparos, a lo que el malabarista arremetió en su contra, siendo abatido en medio de la calle, tras recibir tiros a quemarropa.

El joven portaba elementos para realizar acrobacias que asemejaban ser cuchillos.

Decenas de personas reaccionaron cortando calles y enfrentando al personal policial, que fue apoyado con un despliegue de Fuerzas Especiales para contener a la multitud.

En el lugar de los hechos trabaja el fiscal jefe de Panguipulli junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI para esclarecer los hechos.

Desde el gobierno

Desde el Gobierno, el intendente de la Región de Los Ríos, César Asenjo, lamentó el deceso del malabarista y aseguró que había pedido a la institución policial "ponerse a disposición y aportar todos los antecedentes" a la Fiscalía.

"Como Gobierno lamentamos la situación ocurrida la tarde de este viernes en la comuna de Panguipulli, donde en un incidente callejero que se está investigando, falleció una persona en la vía pública, luego de uqe Carabineros hiciera uso de su arma de servicio", dijo Asenjo en un video.

Añadió que "por instrucciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario Galli, hemos solicitado a Carabineros ponerse a disposición y entregar todos los antecedentes requeridos ante el Ministerio Público, para tener claridad sobre las circunstancias en que se produjeron estos hechos".

El alcalde Rodrigo Valdivia manifestó a CNN manifestó que lamenta "que estos hechos estén ocurriendo en la comuna". Dijo además que el malabarista sería un joven en situación de calle que pertenecía a los programas de ayuda del municipio y ayer habría sido controlado luego de presuntos reclamos de vecinos.

"Quiero que se aclaren los hechos y efectivamente hay mucho material, porque en la calle (…) habían cientos y cientos de personas comprando, es una calle muy concurrida", agregó Valdivia.

Desde la oposición pidieron explicaciones con dureza. El senador Alejandro Guillier calificó el hecho como "estremecedor", a la policía como "corrupta" y al Gobierno como "deslegitimado, que no quiere intervenirla".