Marcelo Galindo

Tres años y un día fue la condena que dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt contra dos personas acusadas por el delito reiterado de estafa. El dictamen establece que los encartados cumplirán la condena en libertad vigilada intensiva.

Según la investigación de la Fiscalía, la pareja engañó a cinco familias con el ofrecimiento de construir viviendas, proyectos que no se concretaron o avanzaron de forma parcial. En total, los sentenciados recibieron pagos por más de $94 millones.

De acuerdo a la acusación que formuló el Ministerio Público, los acusados "sin detentar oficio o profesión alguna relacionada con la construcción" y con el fin de "defraudar a terceros, promocionaban la empresa imaginaria Econoenergía, de la que ambos ostentaban ser titulares y representantes".

Sin embargo, la compañía no se encontraba "constituida legalmente bajo ninguna forma comercial o societaria conocida, aparentando la seriedad y experiencia de la misma, así como su solvencia, engaño que les permitió contactar clientes y generar confianza en las víctimas, quienes contrataron con ellos e hicieron pagos".

El ente persecutor añade que la pareja no contaba con los medios materiales, humanos o técnicos "para la realización de los servicios prometidos, siendo su único propósito defraudar a sus clientes".

Restricción

En la lectura de sentencia condenatoria, a cargo de la jueza Rosario Cárdenas, los abogados defensores solicitaron que mientras la sentencia "no adquiera el carácter de firme y ejecutoriada, se pueda disponer la omisión de los datos personales de sus representados en los medios de comunicación social". Esta petición fue acogida por la jueza Cárdenas.

Andrea Sanz, quien figura como víctima en esta causa, se mostró extrañada por la determinación de la magistrada, en cuanto a que se prohibió revelar la identidad de los acusados.

La magistrada Cárdenas, durante el juicio oral, fue acompañada por los jueces Rolando Díaz y Francisco Javier del Campo, quien hizo de presidente de sala.

Del Campo confirmó que tras la sentencia se condenó a ambos acusados a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) ($607.104) como autores de estafa en carácter de reiterado.

"Se acogió la demanda civil interpuesta por Julia Andrea Sanz Valenzuela, por $18.480.000 de daño emergente y $1.000.000 más por concepto de daño moral", explicó.

Reemplazo

De acuerdo al abogado Ignacio Herrera, querellante en la causa y representante de Andrea Sanz, es una buena sentencia, ya que en materia de estafas señala que "generalmente tienen guante blanco o se entregan salidas alternativas".

Herrera explica que la defensa recurrirá de nulidad "porque dicen que no cometieron delito. Yo voy a recurrir de apelación, porque voy a pedir el aumento de la pena. En la sentencia se considera que todas las estafas eran de menos de 400 UTM ($20.636.800), sin embargo, existe una de más de 400 UTM. Vamos a pedir que se haga una sentencia de reemplazo para que se considere este aspecto", comenta.

El abogado añade que lo que se va a solicitar en la Corte "es una apelación especial, porque es injusta la pena sustitutiva. La defensa no presentó informes de las conductas anteriores (de los dos condenados)".

Absolución

Rigoberto Marín, defensor de uno de los acusados, confirma que la sentencia está en una etapa de revisión.

Según Marín, la petición en el caso de "mi defendida era la absolución de todos los cargos por falta de participación, sin embargo, la Fiscalía y los querellantes le atribuyen participación conjunta. Estimamos que la participación no se iba a poder acreditar en el juicio y, en definitiva, lo tuvo por establecida sólo por los dichos de las víctimas".

El abogado agrega que cada una de las víctimas celebró un contrato notarial con el demandado y no con su representada. "Los contratos notariales daban cuenta de lo que se iba a construir y todos los pagos fueron realizados al imputado, no a mi representada. Muchas de las víctimas se contactaron con ella para ubicar al imputado", apunta.

El abogado Ricardo Oliva, defensor del segundo acusado, se excusó de entregar su opinión porque el caso será llevado por un abogado privado.

2015 es el año que se habrían registrado las primeras defraudaciones y siguieron hasta 2017.

6 años era la pena que estaba solicitando para ambos imputados el Ministerio Público de Puerto Montt.

En tiempos electorales no es sorpresivo que abunden las acusaciones entre candidatos a ejercer funciones públicas respecto de supuestas (o reales) situaciones de diversa índole que estarían alejadas de los estándares de la necesaria probidad que debe exhibir una persona que aspire a ejercer o esté ejerciendo un cargo público.

Es fundamental recordar que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo y los procesos democráticos de los países. La corrupción cuesta caro, especialmente si estos son países de desarrollo medio y bajo. En ellos -según diversos estudios recientes- se pierde una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la entregada para mejorar las condiciones básicas de las personas más vulnerables.

La corrupción, el soborno, malversación de fondos y el fraude fiscal cuestan alrededor de US$1.260 millones de dólares para los países en desarrollo al año.

La corrupción es una forma de hacer más pobres a los pobres. No es sólo una cuestión que sucede en ciertos ámbitos de la vida social y que únicamente pueda ser enfrentada con legislaciones más severas; de hecho, hay países que las tienen, pero que sus efectos han sido limitados.

Para la OCDE (2017 y 2019), la integridad no es sólo una cuestión ética; se trata de restablecer la confianza en el gobierno, en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos y las empresas. La integridad pública no es una cuestión que atañe solamente al sector público, involucra a las personas, la sociedad civil y la iniciativa privada.

Por tanto, no se avanza en la resolución de la creciente corrupción si no se asume la integridad como un enfoque basado en la sociedad. Vale decir, las organizaciones y las personas establecen normas y aceptan los valores de integridad pública como una responsabilidad compartida.

En particular, mientras la integridad pública no sea internalizada como un alineamiento consistente con los valores, principios y normas éticas compartidas en una sociedad, y que permita mantener y dar prioridad a los intereses públicos por sobre los intereses privados en el sector público, seguiremos observando situaciones de denuncias de corrupción en algunos sectores políticos en los cuales se trata de "empatar" probables hechos ilícitos con la finalidad de neutralizar el debate y enfocarlo más en el mensajero que en el mensaje.

Si la integridad pública es un asunto de toda la sociedad debemos concientizarnos de los beneficios de lograr un país donde la cultura de la integridad sea un valor irrenunciable. Para ello, debemos partir por ir reduciendo al máximo la tolerancia a las infracciones de las normas de integridad en el sector público.

En gran medida nos jugamos el desarrollo de nuestro país, región y comunas si seguimos eligiendo o reeligiendo autoridades políticas que no realizan rendiciones de cuentas, actos consistentes de trasparencia, declaraciones de patrimonio y acciones coherentes y con altos estándares de aplicación ética de la función pública.