Correo
Carnet verde
Los políticos justifican el establecimiento de "carnet verdes" en la necesidad de abrir la economía, pero recordemos que han sido ellos mismos los que han impuesto o validado los cierres que estamos padeciendo. También citan el ejemplo europeo e israelita, omitiendo que allá sí se considera inmunizado, total o parcialmente, a las personas que han tenido la enfermedad. Sí, a la antigua y con evidencia médica.
Pero lo que más llama la atención es la total omisión al tratamiento temprano de la enfermedad. A las personas con síntomas las envían para la casa con un Paracetamol y luego las entuban, pese a que ya se ha aclarado que este coronavirus es vascular y no respiratorio, y luego asustan a la población con las tasas de ocupación de las UCI.
En el año 2012, con la gripe H1N1, la OMS (Organización Mundial de la Salud) promovió los tratamientos tempranos con antivirales en pacientes riesgosos apenas comenzaran los síntomas.
En cambio, ahora la única consigna es vacunar, lo que nunca y en ninguna enfermedad ha sido la medida primaria de profilaxis.
Mientras la gente enferma, muere o se agrava, se vacuna a los individuos sanos, que a su vez se enferman y transmiten el virus en una proporción no despreciable.
Flor de negocio para las farmacéuticas y el sistema hospitalario; mal negocio para la ciudadanía.
René Fuchslocher Raddatz
Constitución y municipios
En los últimos años el esfuerzo de la descentralización ha estado en dotar de más poder a las regiones. Pero quienes vivimos en regiones vemos que, en la práctica, no se ha avanzado lo suficiente en una descentralización administrativa y menos en una fiscal.
Por lo anterior, las propuestas constitucionales en materia de descentralización deben apuntar a perfeccionar y profundizar la autonomía administrativa y permitir la modernización de las municipalidades en Chile, no sólo dotándolas de mayores recursos y facultades, sino también reconociendo aspectos fundamentales como la heterogeneidad territorial y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Pero sobre todo, aumentando sus estándares de probidad, transparencia y eficiencia del gasto público.
En esta materia se puede hacer mucho a nivel constitucional, pero tal vez mucho más a nivel legal, de gestión e incluso cultural. En el ámbito constitucional, puede contribuirse a este proceso consagrando fórmulas para potenciar que, al momento de distribuir competencias en el aparato público, deba siempre preferirse al órgano descentralizado, salvo justificación en contrario, como hoy nos ordena el principio de subsidiariedad territorial.
Debe existir un compromiso real por promover una descentralización efectiva que parta desde los municipios, que ellos tengan más competencias y sólo lo que ellos no puedan enfrentar, sea resuelto por los gobiernos regionales y el gobierno central.
Katerine Montealegre Navarro
Colegiatura obligatoria
Lo propuesto recientemente por el Colegio de Abogados -colegiatura obligatoria- resulta del todo problemático, pues la "libertad de asociación" es un derecho fundamental tutelado en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22); y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 16).
Si bien el ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones, éstas sólo pueden fundarse en aquellas necesarias para el resguardo de una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Evidentemente, no estar colegiado no pone en riesgo ninguna de las anteriores.
Por lo tanto, que la orden sugiera a los convencionales constituyentes establecer la colegiatura obligatoria es un llamamiento a vulnerar el Acuerdo por la Nueva Constitución, la reformada Constitución actual y lo refrendado ampliamente por la ciudadanía el 25 de octubre de 2020 en el plebiscito constitucional, toda vez que el artículo 135, inciso final, del Capítulo XV de nuestra Constitución Política, establece que el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, es uno de los límites al texto de nueva Constitución.
Así entonces, que el Colegio de Abogados, cuerpo de técnicos por antonomasia en un proceso constituyente, llame a desconocer el derecho, es una contradicción vital.
Javier Labrín Jofré
Tarea de constituyentes
Espero que los constituyentes elegidos comprendan que lo que esperamos de ellos es sensatez y capacidad de llegar a acuerdos. De lo contrario, todo habrá sido una pérdida de tiempo.
Esteban Meza