De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud, hasta marzo de este año había 12 mil 451 sumarios sanitarios en desarrollo, de los cuales sólo un 11,46 % -correspondiente a 1.427- ha culminado con una sentencia por parte de la autoridad regional de salud.

Sin embargo, de los procesos finalizados y de los cuales ya se ha dictado una resolución, sólo un 2,59 %, es decir 37 sumarios han sido pagados por los infractores, quedando pendientes 1.023, de acuerdo lo señalado desde la Seremi.

Respecto de los sumarios que han culminado en una sentencia, el jefe de Gabinete y abogado de la Seremi de Salud, Juan Antonio Espina, expresó que un 60 % de estas infracciones corresponderían a incumplimientos por toque de queda o por circular sin los permisos respectivos. En tanto, un 10 % estarían relacionados a personas que no usan mascarilla. Y otro 10 % estaría ligado a faltas que se han constatado en locales comerciales, en los que no se cumple con los aforos.

Mientras que el 20 % restante de los sumarios estarían asociados a fiscalizaciones realizadas a empresas en las que se ha constatado la transgresión de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del covid-19. "Generalmente están vinculadas a no contar con las señaléticas, no cumplir con los aforos, no tener demarcados los distanciamientos o informar tardíamente los contagios, entre otras faltas", señaló Juan Antonio Espina.

Acerca de las multas impagas, el abogado de la Seremi de Salud aclaró que la labor del Departamento Jurídico aborda hasta que se aplica la sentencia sanitaria, indicando que luego de esto "se establece un plazo de 40 días hábiles, para que se proceda a la notificación y pago de esa sentencia".

Finalmente, comentó que en el caso de quienes no han regularizado su situación pasados esos 40 días de plazo, desde la Seremi se envía el expediente al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se encarga de realizar las gestiones de cobranza, que pueden variar desde una carta de cobranza hasta acciones judiciales.

"Dependiendo de los montos de la multa, se puede llegar a tomar acciones judiciales en los tribunales. En esta instancia se puede realizar embargo de bienes, para asegurar el cumplimiento de las sanciones aplicadas", explicó el abogado.

Cifras de la fiscalía

Los infractores de medidas sanitarias no sólo son perseguidos vía administrativa, sino también penalmente. Desde marzo de 2020 a la fecha han ingresado a la Fiscalía Local de Puerto Montt diez mil 190 casos por infracción al artículo 318 del Código Penal, el cual sanciona al que "pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad". Estos casos involucran a un total de 11 mil 356 personas.

Según lo explicado por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, de las cifras entregadas, tres mil 172 personas han pasado a control de detención, "de los cuales sólo dos mil 609 han sido formalizados y se les realizó una investigación para determinar si es que efectivamente incurrieron en una conducta delictiva o de peligro".

Respecto de las personas que han sido multadas por infracción al artículo 318, el fiscal Maldonado indicó que "de los once mil 356 sujetos implicados en las causas, en diez mil 337 casos nosotros ejercimos la acción penal a través de un requerimiento monitorio, siendo acogido por el Tribunal un to-

"Dependiendo de los montos de la multa, se puede llegar a tomar acciones judiciales en los tribunales. En esta instancia se puede realizar embargo de bienes"

Juan Antonio Espina,, abogado de la Seremi de Salud.

"De los requerimientos que enviamos, hubo dos mil 439 que no fueron acogidos y precisamente porque estas personas se han opuesto a la multa"

Marcelo Maldonado,, fiscal jefe de Puerto Montt.