Marcelo Galindo

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó que la pareja de falsos constructores de viviendas cumplan en la cárcel la condena dictaminada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP), con lo que revocó el fallo de juicio oral, que determinó que cumplieran en libertad la sentencia en su contra.

Tras la apelación del abogado querellante, el tribunal de alzada dispuso que Gonzalo Andrés Heck Chinchón y María Alejandra Moreno Paredes, condenados por el delito de estafas reiteradas, completen la sentencia de tres años y un día en el penal de Alto Bonito.

A favor de rechazar la apelación estuvo el abogado integrante Mauricio Cárdenas, y por dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Juicio Oral, la ministra Ivonne Avendaño y el ministro (s) Moisés Montiel.

"Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 15, 15 bis, 37 de la ley 18.216; artículos 343 y 344 del Código Procesal Penal, se revoca, en lo apelado, la sentencia de fecha 13 de abril de 2021, en aquella parte que concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva a los condenados Gonzalo Andrés Heck Chinchón y María Alejandra Moreno Paredes y en su lugar se declara, que no cumpliéndose con los requisitos legales, no se concede ninguna de las penas sustitutivas de la ley 18.216, debiendo éstos dar cumplimiento efectivo a la pena impuesta, la que se les contará desde que se presenten o sean habidos, sin abonos por así constar en el fallo apelado", indica el documento.

Detención

Durante la jornada de ayer el Juzgado de Garantía de Puerto Montt entregó una orden de detención para ambos acusados, por no presentarse ante Gendarmería tras el fallo dado a conocer el lunes por la Corte de Apelaciones.

La orden de aprehensión fue despachada a la Policía de Investigaciones (PDI).

El documento señala que una vez detenidos, deberán ser presentados al Tribunal de Garantía para la audiencia de control de la detención.

Daño causado

El abogado querellante, Ignacio Herrera, puntualiza que los acusados no tenían fundamento legal para gozar de la libertad, "porque nunca pagaron un peso, evitaron el juicio tres veces seguidas, demorando un año y muriendo en ese lapso una de las víctimas".

Según Herrera, los acusados no hicieron nada en sus conductas de querer reincorporarse a la comunidad como personas útiles, "e incluso María Moreno estaba realizando otra empresa pyme de construcción", agrega.

El abogado también hizo una crítica tras la determinación de primera instancia al finalizar el juicio oral.

"El trabajo del Tribunal (de Juicio Oral en lo Penal) no fue bien ejecutado, porque estas personas, al no hacer nada para reparar el daño causado debían cumplir en cárcel efectiva la condena de tres años, aunque nosotros estábamos pidiendo diez (años)", sostiene.

Apunta que "hasta el último momento esta parte querellante dio la posibilidad de reparar y pagar los daños, pero ellos reaccionaron con soberbia y dijeron que 'nunca iban a pasar un día presos por esto' y que eran 'un par de viejas reclamando', que fue lo que dijo Gonzalo Heck", remarca.

Añade que la prensa está liberada "y se pueden dar los nombres, porque es la primera vez que ocurre en Chile que se impone una condena efectiva a estafadores por falsas constructoras. En la historia de la reforma procesal penal, es primera vez que se sanciona con una pena efectiva".

El abogado Rigoberto Marín, defensor de la pareja, explica que está esperando los certificados para poder recurrir a la Corte Suprema.

Marín señala que se trata de un recurso de queja, convirtiéndose ello en el último trámite que deberá ser resuelto por la máxima instancia del tribunal del país.

De acuerdo al defensor "existe un voto disidente que puede hacer la diferencia. Si se reúnen los requisitos y como no tienen antecedentes penales, ello propende la posibilidad que el cumplimiento se pueda hacer en el medio libre para lograr la reinserción social", explica Marín.

$ 144 millones es el monto total de las estafas cometidas por esta pareja, a través de una falsa constructora.

16 familias son las afectadas, pero sólo cinco llegaron a juicio oral. Existe otra causa similar en proceso.

La confirmación del comienzo de una investigación policial para establecer la procedencia de los fuegos artificiales que han sido activados durante las últimas noches en diferentes barrios de Puerto Montt, hizo ayer el general Patricio Yáñez, jefe de la Décima Zona de Carabineros, quien llamó a la comunidad a denunciar estos hechos, que son delito.

Yáñez respondió así a consultas sobre la falta de detenciones durante la noche del lunes último, tras largos festejos que hinchas de Universidad de Chile realizaron en distintos puntos de la ciudad, lanzando pirotecnia a modo de conmemoración ante un nuevo aniversario de ese club de fútbol.

"Lamentablemente, no se registraron detenidos, debido a la movilidad de estos sujetos y los lugares estratégicos que ocuparon. Pero, estamos ocupados en seguir realizando indagaciones a efecto de detectar la procedencia y el almacenaje de estos elementos, para poder tener mejores resultados", indica el jefe de zona.

Justamente a principios de año el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Felipe Sotomayor, advirtió de la posibilidad que en algunas viviendas, en ciertos barrios, se esté acumulando pirotecnia para vender a quienes la utilizan frecuentemente.

Lo que inquieta a Bomberos es la posibilidad que se use una casa para acopiar estos productos, con evidente riesgo para todos sus residentes.

El general Yáñez recordó que el manejo de estos elementos tiene una fuerte sanción. "Existen riesgos por la manipulación indebida de elementos que están prohibidos, sumado a las modificaciones que tiene la ley con altas penas".