Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que generó polémica entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición.

Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió ayer.

"El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima y, como consecuencia de eso, el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él", explicaron fuentes de la cancillería trasandina.

Investigación continúa

En septiembre de 2018, los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

La misiva iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Todos esos países integraban con otros seis más el Grupo de Lima, del que Argentina, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, decidió retirarse hace dos meses, al considerar que las acciones que el organismo impulsaba en el plano internacional, "buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada".

Al día siguiente, el ejecutivo argentino, cuya vicepresidenta, Cristina Fernández, tuvo una estrecha relación con el chavismo cuando fue la primera mandataria entre 2007 y 2015, envió a la CPI una carta en la que formalizaba el retiro del apoyo a la investigación.

"Argentina ha dejado de integrar el Grupo de Lima. En consecuencia, el Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco", señala esa misiva.

Las fuentes remarcaron que, independientemente de que Argentina desista de apoyar la demanda, la investigación de la fiscalía de la CPI seguirá su curso.

Opinión crítica

Una vez que trascendió la decisión del gobierno de Fernández, empezaron a proliferar las reacciones, tanto de la esfera política nacional como de Elisa Trotta, representante en Argentina del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

El hoy diputado por el estado de La Guaira ante la Asamblea Nacional de Venezuela fue reconocido en 2019 como presidente encargado de su país durante la administración de Mauricio Macri.

"Lamentamos profundamente esta decisión del gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas, beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada", señaló Trotta a través de la red social Twitter.

"Los asesinatos, las desapariciones forzadas, las persecuciones y amenazas, la represión desmedida, han sido y son un hecho en Venezuela", apuntó la abogada, cuyas credenciales como embajadora fueron retiradas en 2020 por las nuevas autoridades en la Casa Rosada.

De acuerdo con la delegada de Guaidó, "sus responsables están plenamente identificados, y la cabeza de todos ellos es quien hoy usurpa el poder: Nicolás Maduro".

Trotta fue muy crítica con el gobierno peronista cuando Fernández, que volvió a reconocer a Maduro como presidente tras llegar al poder en Argentina en 2019, afirmó el 18 de mayo pasado que "poco a poco" el "problema" de los derechos humanos en Venezuela "fue desapareciendo".

12 estados participaron en 2017 como fundadores del Grupo de Lima, al que luego se sumaron otros cuatro.

3 gobiernos se han

La noticia tuvo eco en Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora argentina. "El presidente reafirmó su apoyo al régimen de Maduro, dejándonos alineados con una dictadura al borde del colapso", opinó Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana. Por su parte, el diputado Waldo Wolff, consideró que el gobierno "termina de destruir una tradición de décadas de denunciar la violación de Derechos Humanos en la región". Según su colega Mario Raúl Negri, del partido Unión Cívica Radical (UCR), "para el kirchnerismo, los Derechos Humanos son una consigna electoral, no un derecho".

Naciones Unidas dio luz verde a la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las posibles violaciones de los derechos humanos antes y durante al último conflicto entre palestinos e israelíes, que cesó hace una semana tras provocar unos 240 muertos entre los primeros y más de una decena entre los segundos.

La decisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países y en cuyo inicio, la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo que los ataque de misiles lanzados por Israel contra Gaza (uno de los territorios más poblados del mundo) pueden constituir crímenes de guerra.

La resolución recibió 24 votos a favor, nueve en contra y 14 abstenciones.

Alemania y Austria rechazaron la resolución, por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades del grupo islamista palestino Hamás (que gobierna de facto Gaza desde 2007), que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los 11 días que duró el conflicto, mientras que Francia prefirió abstenerse.

Bachelet recordó que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como "Cúpula de Hierro" y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.

"Pese a que Israel defiende que muchos de esos edificios acogían grupos armados o eran utilizados con propósitos militares, no hemos visto evidencias en este sentido", indicó Bachelet.

"encubren terrorista"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó en duros términos la determinación.

"La vergonzosa decisión es un ejemplo más de la flagrante obsesión antisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", afirmó en un comunicado, en el que acusó a quienes aprobaron la investigación de "encubrir a una organización terrorista genocida que apunta deliberadamente a civiles israelíes, mientras convierte a los civiles de Gaza en escudos humanos", en referencia a Hamás.

Mientras, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, abordó con sus homólogos de Arabia Saudita y Qatar los esfuerzos para reforzar la tregua y recaudar ayuda humanitaria para Gaza.