Redacción

En medio del debate sobre las ayudas económicas del Estado para las familias más afectadas por la crisis sanitaria, ha vuelto a surgir la idea de fijar los precios de algunos productos básicos para evitar un mayor gasto de los hogares, en un contexto de fuertes caídas de los ingresos.

El planteamiento fue hecho el año pasado por algunos alcaldes, entre ellos el edil de Santiago, Felipe Alessandri. "En tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Necesitamos una fijación de precios para alimentos básicos mientras dure la pandemia", decía en mayo de 2020.

Construcción

La semana pasada, la alcaldesa electa de la misma comuna, Irací Hassler, reflotó el tema al plantear en Canal 13 que "la fijación de precios es una de las herramientas que tiene Chile, que debió y debe utilizarse, especialmente en algunos precios que son básicos en el país".

En el mismo sentido, el miércoles los senadores Carlos Bianchi (Ind.), Loreto Carvajal (PPD) y Álvaro Elizalde (PS), presentaron un proyecto de ley para que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) establezca un mecanismo para regular los valores de productos básicos como alimentos y materiales de construcción.

La iniciativa establece que el TDLC deberá "dictar, luego de declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y durante los doce meses siguientes a su término, las instrucciones de carácter general necesarias para fijar los precios máximos al consumidor de los alimentos y de los materiales para la conservación y reparación de la vivienda". Lo anterior, tomando como referencia la canasta de consumo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Por otra parte, el jueves la Cámara de Diputados aprobó, por 86 votos a favor y 20 en contra, una resolución que pide al presidente Sebastián Piñera que haga uso de las facultades que le concede el Estado de Excepción Constitucional para fijar y estabilizar precios de los productos de consumo básico para las familias.

El texto, promovido por diputados del PPD, argumenta que en el último año "los precios de alimentos básicos han elevado su precio hasta en un 66%, afectando sobre todo a las familias de menores recursos".

Combustibles

Además, alude al encarecimiento de los materiales de construcción. "En el IPC de abril del presente año esto se vio reflejado en que los productos que más subieron sus precios fueron los sellantes y pegamentos, con un alza de un 11%. Le siguieron las pinturas y el barniz, con un 9,9%; y materiales para la reparación de la vivienda, con un 7,9%", señala.

También se refiere a los precios de los combustibles, especificando que "las bencinas y el Diesel han tenido alzas continuas semanales desde noviembre del 2020 y hasta el día de hoy. El gas licuado bordea alzas de un 15% en su valor, al igual que la parafina".

El año pasado el gobierno manifestó sus reparos a la idea. En ese momento el ministro de Economía, Lucas Palacios, argumentó que este tipo de medidas puede desencadenar "quiebres de stock" y el surgimiento de un mercado negro, con precios aún más altos, para satisfacer la alta demanda de ciertos productos.

Aunque el gobierno anunció la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 80% al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), lo cierto es que dicho beneficio no llegará a todas las familias inscritas en dicho mecanismo de acreditación socioeconómica.

El propio presidente Sebastián Piñera, al hacer los anuncios, aseguró que quedarán excluidos los hogares pertenecientes al 10% de mayores ingresos. En términos prácticos, esto se traduce en dejar fuera a las familias que tengan un ingreso mensual de $800 mil líquidos por persona o $3,2 millones para un hogar de cuatro miembros.

La interrogante que quedaba instalada es si una familia con ese nivel de ingresos podría estar inscrita en el RSH. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, publicados por La Tercera, actualmente el registro cuenta con 6.960.015 hogares inscritos, de los cuales unos 260 mil tienen ingresos per cápita por sobre los $800 mil líquidos. Del total de las familias registradas, estas corresponden al 3,7%.

De este modo, en rigor la extensión del IFE no será al 100% del RSH, sino hasta el 96,3%.

Trámite legislativo

El Ingreso Familiar de Emergencia no sólo se ampliará en cobertura sino también en montos, partiendo en $177 mil por miembro del grupo familiar.

Ambos aspectos forman parte del proyecto que ya inició su trámite en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde sería votado el lunes, para ser revisado en la misma semana en el Senado.

Desde la oposición insisten en que los aportes son insuficientes, sin embargo, la senadora Yasna Provoste (DC) admitió que la propuesta constituye un aporte. "Si la pregunta es si lo que el gobierno propone es mejor que lo que existe, obviamente tengo que decirlo también con claridad: sí es mejor", dijo.

Ante las críticas de la legisladora, La Moneda informó que también está dialogando con otros parlamentarios opositores. "La senadora Provoste no es la única interlocutora de la oposición ni mucho menos", aclaró en radio Universo el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

Una fuerte recuperación en la actividad del comercio reveló el Índice de Volumen de Importaciones del Retail, indicador que elabora la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y que permite medir el comportamiento del consumo.

En el primer trimestre de 2021 el índice registró un crecimiento de 46,9% respecto del mismo periodo del año pasado, cifra que se suma al 20,3% anual que anotó en el último trimestre de 2020. Dichas alzas no se veían desde 2010.

En opinión del gremio, se confirma una tendencia a la reactivación de la actividad, impulsada en parte por los retiros desde los fondos de pensiones y por la reapertura paulatina de los comercios desde el segundo semestre del año pasado en adelante.

Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, aseguró que "este impulso llegó incluso a producir quiebres de stock en categorías de durables y el fuerte incremento en los volúmenes importados responden precisamente a este escenario junto a las expectativas de un mayor consumo futuro".

Todas las categorías de productos aumentaron sus importaciones, pero las que más se destacaron en el primer trimestre fueron electrodomésticos (191,3%), electrónica (88,4%) y línea blanca (64,7%).

Desde la CNC destacaron el aporte que el rubro representa para la actividad económica. "Claramente el sector comercio está siendo el motor de la economía, incidiendo de gran manera en el crecimiento mensual del país y es de esperar que en la medida que avance el proceso de vacunación y comiencen las mayores libertades el consumo seguirá impulsándose", comentó Bernardita Silva.

Con todo, el gremio advirtió sobre la importancia de lograr una reactivación más sólida. "Aún estamos con altos niveles de desempleo y si junto al exitoso proceso de vacunación no somos exitosos también en recuperar empleos formales y de calidad, este impulso del sector no será sostenible en el tiempo", acotó.

La Cámara Nacional de Comercio eligió como su presidente para el periodo 2021-2023 a Ricardo Mewes, quien ya había desempeñado el mismo cargo entre 2012 y 2017. En los días previos, Mewes había manifestado que una de las áreas de su gestión sería llevar la voz del gremio al proceso constituyente. En su discurso inaugural llamó a la unidad: "Tenemos que ser incluyentes y convocar a todos a trabajar en conjunto. Viene un trabajo duro y complejo". El presidente saliente, Carlos Stange, instó a las autoridades a facilitar el funcionamiento de las empresas del sector. "Para reactivar nuestra economía volvemos a afirmar que el comercio es el motor de la productividad nacional y principal empleador y esperamos que las autoridades estén a la altura del desafío, porque nosotros, los privados, lo estamos y lo estaremos siempre. Sólo necesitamos que nos dejen volver a trabajar", dijo.