El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) reconoció que la política de premiar las bajas de guerrilleros promovida durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) incentivó las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército y conocidas como "falsos positivos".

Santos, que fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009 en el Gobierno de Uribe, aceptó en una declaración voluntaria ante la Comisión de la Verdad de su país que "la presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron sin duda los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto".

Sin embargo, aseguró que hizo "todo lo humana y legalmente posible para detener los falsos positivos" y una vez que supo de esa política obró para tomar medidas.

"Tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado", añadió el Premio Nobel de la Paz.

Horrorosa práctica

Las víctimas de esas ejecuciones, uno de los capítulos más macabros del conflicto, eran en su mayoría jóvenes pobres reclutados por militares bajo falsas ofertas de trabajo para ser ejecutados en otras regiones del país y presentados como guerrilleros abatidos.

Así, los militares implicados mostraban mejores resultados a sus superiores para obtener permisos y premios.

El exmandatario admitió que entendió tiempo después de llegar al Ministerio de Defensa la gravedad de esa práctica y confesó que en sus primeros meses escuchó "los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos", pero como no pasaban de ser rumores sin evidencia no les dio credibilidad. "No me cabía en la cabeza", reconoció.

Derrotar a las farc

Informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a instancias del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, dan cuenta de que uno de los periodos en los que más hubo esas ejecuciones fue de 2002 a 2008, que coincide con los dos gobiernos de Uribe, con 6.402 casos documentados.

"No me cabe la menor duda de lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam", aseguró.

Santos declaró que cuando llegó a Defensa compartía con Uribe su objetivo de derrotar a la guerrilla, aunque tenían notables diferencias "en cómo".

"Uribe quería acabar militarmente a las FARC, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas", aseguró.

En su caso, como ministro de Uribe, "consideraba más viable y conveniente, más rápido y menos costoso, una derrota estratégica, debilitarlos psicológica y militarmente y llevarlos a una mesa de negociación", como ocurrió cuando fue presidente.

Dijo que en 2007 "se quitó al velo" sobre los "falsos positivos" debido a las advertencias de carácter confidencial que recibió de organismos internacionales, como la ONU, y de su entonces viceministro Sergio Jaramillo, además de los testimonios que escuchó.

Santos dijo que "todo se fue aclarando" con los casos emblemáticos de la localidad de Soacha y dio "inmediatamente" la orden de crear una comisión para investigarlos. Al conocer los resultados, decidió "que había que separar a 20 oficiales y siete suboficiales de las filas, incluyendo a tres generales y cuatro coroneles".

Santos hizo un mea culpa y reconoció que el "horror" que costó la vida a inocentes "nunca debió pasar".

"Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, jóvenes inocentes que deberían estar vivos", confesó. Agregó que el Ejército debe decirle a Colombia y al mundo que permitieron que sucediera y pedir perdón.

2007 Colombia habría

2002 comenzado a investigar los "falsos positivos" por orden de Juan Manuel Santos.

Tras las declaraciones del expresidente Santos, partidarios del exmandatario Álvaro Uribe apuntaron a que Juan Manuel Santos se desmarcó del Gobierno del que fue parte y salieron en defensa de Uribe. El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza se cuestionó "¿por qué Santos hace estas declaraciones a tres años de la presidencia de Duque, y no las hizo en los ocho años de su gobierno (...) ¿Cinismo, oportunismo, falsedad, cobardía?". Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, calificó a Santos y a Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, como "mitómanos narcicistas".

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, dijo que el "fraude en mesa" y la "izquierda internacional" están detrás del resultado de las elecciones que tienen al candidato Pedro Castillo, como virtual ganador, a falta de la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional Electoral (JNE).

La candidata, acompañada por el asesor legal Miguel Torres, insistió en la existencia de un "fraude en mesa" orquestado por el partido de Castillo, Perú Libre, para "vulnerar el resultado electoral".

En ese contexto, Fujimori y sus asesores apuntaron que ese partido "marxista-leninista" habría "infiltrado" las mesas de votación para manipular el resultado, y que su pedido para anular esos 200.000 votos responde a una medida para "conocer la verdad" sobre lo sucedido.

La candidata que se niega a reconocer la mayoría de votos que logró Castillo, también acuso al presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, de eludir su "obligación constitucional de ser imparcial" en el proceso electoral al llamar al escritor, Mario Vargas Llosa, para conversar sobre los comicios presidenciales.

"Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral", dijo Fujimori en alusión al polémico diálogo que mantuvo el presidente con Vargas Llosa, quien apoya abiertamente a la candidata de Fuerza Popular.

Sin embargo, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) descartó la existencia de "graves irregularidades" en las elecciones.

Hasta el cierre de esta edición, Castillo mantenía una ventaja de 50.938 votos sobre Fujimori cuando ya se han contabilizado el 99,89% de los votos de la segunda vuelta. El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ya procesó el 100% de las actas, indicó que Castillo suma 8.830.647 votos y Fujimori 8.779.709. En porcentaje de votos válidos, Castillo suma 50,145% del sufragio y Fujimori el 49,855%.

50,145% de las preferencias