ba la luz y que incluso vendía los terrenos. Quiero que me diga qué pruebas puede dar a conocer en mi contra, en estos momentos estoy en la Municipalidad y después vamos a Carabineros a interponer una denuncia por las injurias de esta persona hacia mí", agrega.

Sandra Mansilla asegura que "él me acusó que yo era la que lanzaba cadenas a los cables, cuando yo tengo un problema de movilidad, y ando en sillas de ruedas. Que me explique o me diga cómo lo hice".

Conexiones

La vecina de la toma argumenta que seguirá con todas las acciones legales: "Incluso fuimos a Saesa para que haya una solución, porque hay una persona que anda haciendo gestiones para instalar postes para el campamento".

Señala que solicitaron en Saesa que ubiquen postes provisorios para no intervenir los sistemas eléctricos. "Queremos pagar nuestro suministro. Saesa tiene que pedir permiso al dueño del terreno, porque producto de todo esto la costanera (doble vía a Pelluco) está con el alumbrado público apagado, algo que lleva hace mucho tiempo así", relata.

Producto de todo lo que ha pasado, Sandra detalla que hace dos meses que están sin electricidad y sólo se alumbran con velas y con generadores, que lo ocupan pocas veces porque es muy cara la mantención. "En estos momentos hay alrededor de 60 familias en la toma y siguen llegando personas, de ellas 50 estamos sin electricidad, y lo extraño es que estas personas que hacen las conexiones tienen electricidad. De todo tenemos fotos y grabaciones", apunta.

Cuando comenzaron las conexiones ilegales -puntualiza- cobraban $5 mil. "Ahora cobran $40 mil, lo que hacen cada 15 días. Cuando no se paga, simplemente cortan la luz. Por eso ahora somos como 50 familias que estamos sin electricidad", acusa la pobladora.

Catastro

A fines de mayo la empresa suministradora de electricidad Saesa reconoció que existen fallas en el alumbrado público, relacionadas con las conexiones ilegales en la toma. En esa oportunidad admitieron que el tema lo abordan tanto en forma técnica como legal.

Pese a ello, la denuncia por estos hechos surgieron desde el mismo asentamiento, sin que a la fecha la eléctrica haya judicializado la irregularidad.

La gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, comenta que el desalojo está decretado. Precisa que esta medida tuvo una orden de no innovar en un comienzo, pero "se defendió en los tribunales y se ganó, por lo que ahora lo único que queda es proceder con este desalojo, que en una primera instancia fue para 20 personas".

Apunta que debido a situaciones que no se hicieron en su momento este terreno sigue siendo ocupado de manera ilegal y lo que procede ahora, para el dueño del terreno (EFE), es pedir un nuevo desalojo para las otras familias que no estaban en el primer catastro".

Oyarce resalta que están esperando que se cumpla por parte del dueño del terreno el decreto del desalojo "haciendo cumplir la ley y además resguardando la seguridad de la vida de las familias que están en ese lugar, porque tienen peligro de poder sufrir un accidente por las condiciones del terreno, por riesgo de derrumbes".

Soluciones

Valentina Mazuela, de Techo Chile, apunta a la realización de un próximo barrido en Puerto Montt en el "campamento que sería el único nuevo, porque la comuna no ha tenido un aumento tan drástico de asentamientos".

Revela que muchas de las familias que antes tenían arriendos formales perdieron sus trabajos, tuvieron una baja de sus ingresos y se fueron a campamentos.

"Como Techo las soluciones son complicadas. Apoyamos a campamentos en sus caminos a viviendas definitivas y mejorar las condiciones básicas de habitabilidad", comenta. Valentina Mazuela observa que el proceso del Serviu es lento "y sobre todo para estos campamentos nuevos, que al no estar catastrados estas familias no tienen llamados especiales, los que sí pasan con los campamentos que están catastrados. Entonces por sistemas y formas es difícil. Bajo la informalidad es complejo".

Remarca que es necesario analizar por qué estas familias están allí, porque las soluciones deben ser formales. Hay que ayudarlos a encaminar soluciones".

Resalta que "los nuevos campamentos se instalaron con condiciones muy bajas de habitabilidad. Es gente que se instaló sin agua, sin conexión a luz, y las casas se construyeron con materiales de segunda mano. La precariedad es tremenda", afirma.

Jorge Guevara, seremi de Vivienda y Urbanismo, invitó a las familias a que

"comiencen a trabajar con nuestro equipo de campamentos para incorporarlos. La idea es construir viviendas para estas familias. Ellos se deben organizar para trabajar con nosotros y lograr los objetivos de la casa propia".

"Es gente que se instaló sin agua, sin conexión de luz y las casas se construyeron con materiales de segunda mano"

Valentina Mazuela,, Techo Chile

"Pedimos al personal del OS 9 que realizara una serie de indagaciones para determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron las conexiones a estas personas"

Marcelo Maldonado,, fiscal jefe de Puerto Montt

60 familias estarían viviendo hoy en el asentamiento, el que ha tenido un importante crecimiento en dos años.

40 mil pesos estarían cobrando los instaladores del sistema eléctrico ilegal en la toma, lo que motivó una investigación.

20 familias habían en este lugar en diciembre del año pasado. Quienes residen allí reconocen que se triplicaron las mediaguas.