Redacción

La propuesta encabezada por el presidente de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silber (DC), y otros diputados, de declarar feriado irrenunciable el próximo viernes 17 de septiembre -extendiendo así en un día el periodo de Fiestas Patrias- ha encontrado una dura resistencia, especialmente en actores del comercio.

Gremios como la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, rechazaron "categóricamente" la iniciativa ingresada este lunes, asegurando que "representa intereses de funcionarios públicos y de trabajadores de las grandes empresas, con tal desconocimiento del mundo privado, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que han sido gravemente dañadas, primero con el estallido social, y luego por la pandemia".

En esa línea, la organización aseguró que "una gran cantidad de mipymes están haciendo un gran esfuerzo por no quebrar, lo que afectaría a la economía y especialmente al empleo", llamando a no legislar "a la rápida y con falta de información".

DEBATE

En tanto, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), gremio que agrupa a los principales actores del sector, también se sumó a quienes rechazan la iniciativa. "El momento es para generar puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia (…) Claramente para nuestro sector, que es el que más ha sufrido y donde hay todavía suspensión de contratos vigentes, no es el momento más adecuado para tener un feriado irrenunciable", dijo en Cooperativa.

Según el líder gremial, "estas iniciativas nos preocupan de cara lo que estamos viviendo. Me parece que no es una buena idea, así lo hemos planteado y espero que no siga avanzando su tramitación", añadió, calificando su eventual aprobación como un "golpe".

En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) buscan impulsar la moción esperando que "este proyecto sea respaldado por todos los sectores políticos", calificándolo como un "gesto" a quienes "han estado incansablemente prestando servicios como empresas de primera necesidad y servicio a la comunidad".

En el Parlamento las opiniones se dividen. El diputado de Chile Vamos Frank Sauerbaum dijo en Biobío que no votaría a favor, al considerarla "un tackle a la recuperación económica, justo ahora, cuando la gente quiere volver paulatinamente a la normalidad".

En la oposición, la diputada Alejandra Sepúlveda afirmó que lo apoyaría siempre y cuando se exima al sector del turismo "que ha estado muy golpeado en la pandemia", así como "proteger a la pequeña y mediana empresa", indicó en radio Agricultura.

Por decisión unánime de sus miembros, el Consejo del Banco Central de Chile decidió -en su reunión de política monetaria desarrollada este martes- aumentar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base, llegando hasta 1,5%, el mayor crecimiento en 20 años de la tasa rectora fijada por el ente emisor.

En la antesala, el mercado esperaba un alza en la tasa de 50 puntos, por lo cual la definición del organismo regulador de este martes sorprendió, aunque de todos modos el contexto externo e interno, marcado por la inflación, la depreciación del peso y el aumento de la actividad, incidieron en la decisión.

"El Consejo ha respondido a la necesidad de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podría provocar un aumento más persistente de la inflación que la lleve a desviarse de la meta de 3% a dos años plazo. Por ello, el Consejo decidió intensificar el retiro del estímulo monetario, aumentando la TPM en 75pb en esta Reunión", indicó la institución presidida por Mario Marcel a través de un comunicado.

Corto plazo

"El mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo prácticamente cerraron la brecha de actividad en el segundo trimestre, y la volverán positiva en lo venidero, elevando la presión sobre los precios. Esto ha implicado un alza de la inflación y eleva sus perspectivas de corto plazo", añade el organismo.

De acuerdo con el Banco Central, en este resultado se suma "el desfavorable comportamiento de otras variables relevantes para la inflación, como el mayor traspaso cambiario de la depreciación idiosincrática del peso, una oferta global que aún no ha logrado restablecerse completamente tras la pandemia y el aumento del precio de los combustibles".

Según adelantó el organismo, durante esta jornada se publicará el IPoM".

Esta pregunta adquirió actualidad esta semana luego que se supo que una de las varias comisiones de la Convención Constitucional había excluido esa facultad del listado de los derechos fundamentales.

¿Hay razones para hacer eso?

Una probable es la que sigue.

Según sabemos por una abundante literatura, la familia es una fuente de desigualdad. Cada familia es portadora de una determinada cantidad de cultura, redes, prestigio y capital económico. Así, la familia donde cada uno nace le transfiere al recién llegado a este mundo ventajas o desventajas inmerecidas. Ni Pedro merece el capital que encontró en la cuna, ni Diego las carencias en medio de las que nació. Luego, parece evidente que en la medida que usted confiera mayor peso a las familias, mayor será la posibilidad que la desigualdad se transmita y se reproduzca. Ahí tiene usted una razón a favor de no considerar fundamental el derecho de los padres a educar a sus hijos de manera preferente.

En vez de eso, habría que fortalecer el deber del estado de brindar educación, única manera, podría agregarse, que los futuros ciudadanos posean la misma experiencia inicial que en el futuro les permita encontrarse.

¿Hay alguna razón en sentido opuesto?

Sí, hay al menos una.

Es verdad que la familia es una fuente de desigualdad; pero también es cierto que la familia es una fuente de valores y formas de vida que los padres querrán transmitir a sus hijos. No se trata solo de ventajas económicas, sino de formas de vida, maneras de convivir e ideas del bien que los padres desean transmitir a sus hijos. Esa labor, podría usted argüir, es consustancial al hecho de ser padre o madre. Ser padre o madre no es haber contribuido a la reproducción biológica de la vida, sino haber guiado a los hijos en una cierta búsqueda del bien. Padres católicos, por ejemplo, tendrían un comprensible interés en que su hijo o hija se eduque en los principios que emanan de esa religión, de la misma manera que un inmigrante italiano querría que sus descendientes se eduquen en esa cultura, o un mapuche en la suya ¿no sería entonces razonable admitir el derecho de los padres católicos o de los inmigrantes o de los mapuches a asociarse y fundar un colegio para transmitir a sus hijos lo que juzgan mejor o más bueno para ellos?

Como se ve hay razones fuertes tanto en favor del derecho de la comunidad para formar a sus miembros y también las hay a favor de los padres para que sean ellos quienes elijan la mejor forma de educar a sus hijos.

Quizá el error consista en creer que el debate constitucional debe decidir a favor de uno de esos dos principios cancelando el otro, cuando lo más probable es que una buena deliberación conduzca a compatibilizarlos. Aspirar a jerarquizar los principios o los derechos disponiendo que uno de ellos ha de primar o suprimir del todo al otro -la libertad de los padres aplastar el derecho de la comunidad, o viceversa- significa olvidar que la vida social está demandada por principios igualmente urgentes y que el arte de la política consiste en lograr que los bienes que cada uno de ellos persigue se alcancen en la máxima medida posible.

Cuando se revisa la historia constitucional, se advierte que ella, en lo que respecta a la educación, ha sido un esfuerzo sostenido por alcanzar ese equilibrio. Allí se encuentra el germen de la provisión mixta en el sistema escolar; pero allí está también la razón de que existan objetivos curriculares que todos, escuelas privadas y públicas, deben alcanzar. Es un error entonces creer que el conflicto de principios -del que este no es más que un caso entre varios- deberá zanjarse por la vía de omitir uno y elevar el otro.

La política no es un arte deductivo donde una cosa se sigue consistentemente de otra, como parece creer una parte de la Convención, sino un arte defectuoso en el que casi siempre es necesario escribir con letra levemente torcida como única forma de adecuarse a la porfiada realidad.

"Es un error creer que el debate constitucional debe decidir a favor del derecho a la educación pública y en contra de la libertad de enseñanza o viceversa: lo más probable es que una buena deliberación conduzca a compatibilizarlos