to Varas y de Osorno; las instituciones más reclamadas en el último año son además del municipio de Puerto Montt, el Hospital de Puerto Montt y la Seremi de Salud. Esto coincide, y nos ha pasado mucho a nivel nacional, con la sensibilidad en el tema de la salud, a propósito de la situación sanitaria, hace que sean los más reclamados.

- ¿Por qué situaciones son los más requeridos?

- Por tres cosas: porque no se entrega la información solicitada, porque la información está incompleta o porque las personas están disconformes con aquello que se les entregó. En cualquiera de esas instancias pueden recurrir al Consejo para la Transparencia. Es importante decir que la Región de Los Lagos es la séptima con más requerimientos de información pública; pero, es la quinta con más reclamos.

- ¿Qué le parece que haya una investigación contra el ex alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger; una en la Fiscalía contra el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, por compra de propiedades; y, un informe de la Contraloría que detectó que el director jurídico del municipio puertomontino, Egidio Cáceres, litigó en una causa privada durante horas de trabajo?

- Cuando se trata de casos judiciales o que están siendo investigados por la justicia, son esas instancias las que se tienen que pronunciar. No le corresponde al Consejo para la Transparencia pronunciarse sobre eventuales delitos o irregularidades. Lo que sí podemos decir es que dada la institucionalidad que en Chile se ha ido aprobando en los últimos años y que permite levantar información de estas características, es que tenemos hoy en día más posibilidades de controlar a la autoridad. Es decir, la declaración de intereses y patrimonio, instrumento que es válido para saber que no haya enriquecimiento ilícito. Las autoridades tienen que renovar todos los años esa declaración. Mentir en esas declaraciones es muy grave. Quien sanciona en ese cuadro, es la Contraloría General de la República. Pero, toda la gestión respecto a la transparencia de esa plataforma, está en infoprobidad.cl que contiene todas estas declaraciones.

No tengo más instrumentos para referirme en específico a lo de Puerto Montt, pero, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero hace un par de meses levantó la alerta a propósito del ex director de la Policía de Investigaciones, lo que terminó gatillando esta investigación por la que hay un proceso en la justicia y vamos a ver cómo se resuelve. En caso de un alcalde, es más o menos lo mismo. Existen obligaciones legales que nos permiten ver si eventualmente ha incurrido en un eventual enriquecimiento ilícito, si hay algún tipo de conflicto de interés no adecuadamente sancionado, como por ejemplo que haya un asesor que tenga doble práctica en sus labores habituales, etcétera. Tenemos instrumentos hoy en día y hay que utilizarlos.

- Ante los últimos casos conocidos de los ex alcaldes de San Ramón y de Vitacura, ¿considera que los municipios son fuentes de corrupción?

- Tenemos una tarea muy relevante que hacer y esto lo decía hace algunos años la Comisión Engel, que ponía el foco respecto a lo que estaba pasando en los municipios. Tenemos que generar más mecanismos de control sobre las municipalidades. Hay corporaciones municipales que están bajo la potestad de la Ley de Transparencia y tienen obligaciones en esa materia y otras que no, básicamente las que se conciben como corporaciones de derecho privado. Desde el Consejo para la Transparencia estamos dando la pelea en el Congreso Nacional para poder adecuar esa norma, de manera tal que toda corporación o fundación -y esto más allá de los municipios- que reciba recursos públicos, tiene obligación de rendir cuenta respecto a esos fondos. Por lo tanto, tienen que tener obligaciones de transparencia. Nos parece que eso es fundamental. Porque o si no, tenemos siempre mantos de opacidad, espacios de cajas negras donde nadie sabe lo que ocurre.

Ahí tenemos una necesidad de avanzar y sobre los municipios tenemos que avanzar muchísimo más. Hoy existe una serie de normas que son obligaciones de los alcaldes, pero creo que no es suficiente, en la medida que los mecanismos de control o no están operando adecuadamente o, aún más, la ciudadanía no los ocupa. Hay instrumentos para descubrir actos de corrupción, de irregularidades y hay que utilizarlos. Luego, hacer las denuncias donde corresponda, para que las sanciones operen como tienen que operar".

"La corrupción genera mucho daño a los países. Creo que tenemos que evitar normalizar o caer en una especie de desesperanza aprendida con la corrupción o las irregularidades, como pasa en muchos otros países de la región. El daño a la democracia es muy grande, por lo tanto debemos ponerle un freno y ser muy tajantes respecto a la imposibilidad de aceptar cosas como estas".

- ¿Esta es una tarea para los legisladores?

- Una cosa es siempre ir mejorando la legislación; pero, no existe una bala de plata contra la corrupción. Creo que siempre hay que ir perfeccionando los mecanismos. La lucha contra la corrupción es un trabajo permanente que hay que seguir perfeccionando en el tiempo. En Chile hemos hecho un trabajo importante respecto a lo que tenemos, pero hay que mejorar los mecanismos de sanción para que actúen efectivamente como disuasivos relevantes. Hay que mejorar las normas que tenemos para poder controlar a las autoridades y hay que mirar el ecosistema en materia de transparencia e integridad pública en su conjunto. Es importante para entender que lo que aquí tenemos es ni más ni menos un flagelo para el sistema político, para la democracia y eso es muy grave.

- Entre ello, también hay que reforzar la Ley del Lobby...

- Una de las cosas que hemos dicho de manera permanente es justamente mejorar la Ley del Lobby, que si uno la mira desde la perspectiva comparada, tenemos una buena legislación, que hace mucho más que en varios países, pero eso no nos puede dejar conformes. Creemos que hay que aumentar la cantidad de sujetos obligados como sujetos pasivos de lobby (autoridades), pero también hay que aumentar la cantidad de registros, desde los sujetos activos y manejar mejores criterios para registrar aquello que tiene que tiene que ver con las reuniones; pero, por otro lado, aquello que tiene que ver con el contenido de las reuniones. Hoy en día, uno tiene un registro que establece cuestiones muy genéricas respecto de lo que se trata en esas reuniones. Uno debería tener mayor especificidad, si eventualmente hubo algún tipo de documento y que quede a disposición. Lo que hace el lobby es regular este espacio institucional en materia de incidencia en la toma de decisiones y eso tenemos que cuidarlo. De lo contrario, se producen simetrías en la proximidad al poder y en la toma de decisiones para incidir en algún momento en las decisiones públicas.

1.605 casos habían ingresado hasta el 22 de agosto, al Consejo para la Transparencia. De ellos, 246 fueron por reclamos y 1.359 de amparo.

El caso del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vader, quien mintió al asegurar que padece de cáncer, fue motivo de análisis de la presidenta del CPLT, quien comentó que "probablemente, si alguien quiere vulnerar la norma, la fe pública, siempre va a encontrar una manera de hacerlo. Eso nos indica lo importante que es avanzar hacia una cultura de la transparencia, de la probidad, donde el ejercicio de la función pública tenga ese valor. Por lo tanto, que las personas que tengan que ejercerla, vayan y funcionen con los más altos estándares".

Respecto al acto que el propio Rojas Vader reconoció, De la Fuente subrayó que "pone en una situación difícil a la propia Convención Constitucional, que debiera estar cerrando el tema reglamentario y no discutiendo sobre una situación particular. Creo que hay un desafío respecto a la toma de decisiones sobre lo que va a suceder con este convencional constituyente y las señales que va a dar la Convención. Es lamentable en términos de probidad, de ética pública. Creo que es reprobable la situación, más aún porque se trata de un proceso muy importante, muy delicado, que todos los chilenos tenemos que cuidar. En ese cuadro, la mentira es inaceptable".

La actual Constitución no establece la renuncia de los parlamentarios. Sólo expresa esta opción ante alguna condición de salud que imposibilite a estos realizar su labor. De hecho, cuando los parlamentarios dejan el Congreso para asumir el cargo de ministro, lo hacen a partir de una interpretación asociada a las incompatibilidades.

En ese contexto, y al existir en forma tácita una "dinámica" de homologación de la realidad de los parlamentarios con la que afecta a los convencionales constituyentes, entonces es posible señalar que no existe norma que permita a un convencional constituyente renunciar.

En ese sentido, y ante la mentira del convencional Rodrigo Rojas Vade relativa a configurarse como un enfermo de cáncer, no existe forma jurídica que sustente el llamado ético a renunciar.

La mentira de Rojas Vade no sólo es grave por mermar la confianza política que La Lista del Pueblo quiso generar en la ciudadanía, sino también porque mintió en su declaración de intereses y patrimonio, al exponer que sus deudas eran generadas por el tratamiento contra el cáncer, evidenciándose así no sólo un delito, sino también una falta de respeto a todas las personas que han sido afectadas por esta desgraciada enfermedad.

En esencia, el convencional constituyente no sólo mintió al inicio de su figuración pública, sino también sostuvo su falsedad, construyendo un discurso a partir de este engaño, lo que le empoderó electoralmente como activista y víctima de un sistema de salud que no ha garantizado este derecho a las(os) chilenas(os).

Por lo tanto, e independiente a los motivos que Rojas Vade haya tenido para construir esta mentira, lo que él hizo no debe ser calificado como un error puntual asociado a su inmadurez, tal como él lo señaló, sino una demostración de una conducta que se ha sostenido en el tiempo, que está reñida con la ética y que sólo se transparentó después que su mentira fuese expuesta por un medio de prensa.

No obstante, y a pesar de toda esta compleja situación, y sin saberlo, el constituyente Rojas Vade quizás sí pudo haber "aportado" al país. Lo anterior, en virtud que su mentira ha puesto de relevancia la necesidad de analizar la revocación del mandato popular cuando los elegidos han traicionado la confianza del pueblo a partir de la vulneración de las normas asociadas a la probidad.

En ese sentido, y en el caso que el Congreso no legisle por miedo a que esta potencial nueva norma "salpique" a los parlamentarios en ejercicio, es esperable y deseable que la Convención Constituyente establezca en la propuesta de texto constitucional algunas normas consideradas como mecanismos democratizadores, tal como lo es la posibilidad de establecer plebiscitos revocatorios y determinar las respectivas sanciones a aquellas(os) representantes populares que no respeten en forma absoluta el principio de probidad.

"El constituyente Rojas Vade quizás sí pudo haber "aportado" al país. Lo anterior, en virtud que su mentira ha puesto de relevancia la necesidad de analizar la revocación del mandato popular cuando los elegidos han traicionado la confianza del pueblo.