Erwin Schnaidt

El Juzgado de Garantía de Hualaihué decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse al senador Iván Moreira (UDI), en contra de José Sandoval (31), formalizado como autor de la agresión sufrida por el parlamentario, cuando participaba del acto conmemorativo del 42° aniversario de esa comuna de la Provincia de Palena.

En la audiencia, la magistrada Carolina Norambuena estableció la restricción de acercamiento en un radio de 100 metros, donde sea que Moreira esté, tanto en su domicilio, lugar de trabajo o en cualquier lugar que concurra o visite habitualmente, especificó.

Definió asimismo que esa medida "incluye si la víctima se encuentra o no asistiendo a un evento público o no".

La medida rige en un plazo de 50 días, que la jueza Norambuena accedió para el cierre de la investigación, lo que solicitó el fiscal subrogante de Hualaihué, Piero Buscaglione.

Agua y golpe

En la audiencia realizada en forma virtual, por medio de la plataforma Zoom, la Fiscalía expuso que alrededor de las 15 horas del pasado martes 21, se produjo la detención por parte de personal de Carabineros.

El arresto ocurrió en la plaza de Armas de Hornopirén, en la esquina de las calles 21 de Septiembre con Lago Pinto Concha, luego que Sandoval fue sindicado tanto por la víctima como por testigos "como autor del delito de atentado contra la autoridad".

Detalló que al acercarse al senador Moreira, "comenzó a insultarlo señalándole textualmente: 'Moreira, corrupto de mierda, te vienes a pasear a esta comuna. Eres socio de Penta, ladrón estafador. Tienes cara de venir'. Para inmediatamente, el imputado lanzarle a la víctima, un líquido que mantenía contenido (con material orgánico) en una botella de plástico". A ello agregó que el imputado se fue contra el senador "con violencia, golpeándolo en el rostro y retirándose del lugar, señalando: 'Esta es el agua cochina que toma la gente de aquí, en Hualaihué'".

El fiscal (s) Buscaglione precisó que Moreira sufrió un golpe "en la región cigomática izquierda (de su cara), evoluciona con dolor y aumento de volumen local, leve. Lesión clínicamente, de carácter leve".

Concluyó que le atribuyen al imputado la calidad de autor material del delito de atentado contra la autoridad, en grado de desarrollo consumado.

Por ello, pidió establecer como medida cautelar la prohibición para el imputado de acercarse al senador donde este se encuentre, así como de "asistir a reuniones donde esté la víctima", y añadió que se defina un radio de distancia "de al menos 100 metros".

La jueza Norambuena accedió a ello, así como a la petición de 50 días de plazo para la investigación.

Rechazo transversal

Diferentes actores del mundo político local reaccionaron al conocer el incidente, que condenaron en forma unánime.

El senador Rabindranath Quinteros (PS), calificó el hecho como "repudiable" y acotó que "las diferencias, por muy profundas que sean, no pueden manifestare a través de la violencia y la humillación hacia las personas".

El legislador por la Región de Los Lagos dijo lamentar lo ocurrido a su colega Moreira y consideró que son "hechos inusuales en nuestra región y espero que no se repitan".

Para el gobernador regional, Patricio Vallespín (DC), fue una situación "lamentable". Explicó que ello implica que "la tolerancia y el respeto se van reduciendo demasiado y así al país no necesariamente le va a ir mejor".

Pero también estimó que es un hecho preocupante "porque puede ser una práctica que se empiece a desarrollar en forma cotidiana. Las democracias no se construyen así. Los países que se desarrollan y crecen son los que ven a través del diálogo, de la interacción respetuosa, con posiciones diversas, pero con tolerancia. Por lo tanto, espero que sea una situación que no vuelva a ocurrir".

Vallespín apuntó que la región cuenta con opciones para "desarrollarse, crecer, ser mejores. Pero este tipo de acciones no son las que llevan por ese camino".

Mientras que el diputado Fidel Espinoza (PS), dijo que hace diez años hubiese opinado que "el que siembra vientos, cosecha tempestades. Pero, creo que en los tiempos difíciles de hoy, hay que cuidar el país y su democracia".

Añadió que no está de acuerdo con esa agresión, ya que "ni Moreira, ni nadie se merece un trato así. La política es una actividad que fortalece la democracia y por ello hay que cuidarla".

En tanto que el diputado Alejandro Bernales (PL), repudió la agresión sufrida por el senador Moreira y añadió que "quienes estamos en política tenemos el deber de condenar todas las formas de violencia. Las diferencias de ideas se solucionan a través del diálogo", postuló el legislador.

15 horas del martes tuvo lugar la agresión contra el senador Iván Moreira, en la comuna de Hornopirén.

100 metros de distancia del senador Moreira deberá guardar el imputado, mientras dura la investigación.

Las recientes denuncias en torno a situaciones de supuesta corrupción en emblemáticas municipalidades del sector oriente de la Región Metropolitana, las cuales están entre las más ricas del país, no hace más que ratificar que la falta de transparencia y la ausencia de sistemas de control interno sólidos (y probos) son una constante en la gestión municipal del país.

Como sabemos, la realidad municipal chilena está marcada por una alta heterogeneidad territorial e institucional a nivel local, con desiguales condiciones territoriales, sociodemográficas, capacidades financieras y de recursos humanos, pero con la responsabilidad de entregar bienes y servicios de calidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Cuestión que de hecho no ocurre, pues no todas se caracterizan por ser eficientes y eficaces. Y hoy, ante la evidencia de los hechos, no son pocas las que también carecen de probidad.

Más allá del tamaño de la municipalidad, de las disponibilidades de recursos, su ubicación territorial y del color político de sus alcaldes, la corrupción se ha ido instalando transversalmente en la gestión local.

Ya casi no sorprende conocer denuncias sobre faltas a la probidad en la administración municipal de manera regular, e incluso se empieza a constatar con fuerza la penetración del crimen organizado en sus ámbitos de gestión y de articulación socio-territorial.

La lista de situaciones de falta a la probidad se hace interminable, las cuales son diversas, preocupantes y que impactan la confianza de la ciudadanía: el caso de las luces LED, enriquecimiento ilícito, sobresueldos, uso y abuso en las corporaciones municipales, pago de excesivas horas extras, contratación de personas ligadas al narcotráfico, nepotismo, opacidad en no pocas direcciones de obras, cohecho, uso de bienes públicos para intereses particulares, contratos "truchos" a empresas de seguridad, escuelas de fútbol fantasmas, presupuestos falsos, concursos a cargos directivos y profesionales arreglados, en fin, una interminable lista de situaciones contrarias a la ética pública y muchas de ellas constitutivas de delitos.

Más allá de la diversidad de casos que se han evidenciado en tiempos recientes, todos ellos comparten -a lo menos- dos variables transversales. Por una parte, los débiles mecanismos de control interno y, por otra, la falta de procesos rigurosos de rendición de cuentas. Aspectos sustanciales en un escenario de creciente aumento de las disponibilidades de recursos financieros en las municipalidades.

Por tanto, no es novedad que los chilenos tengan una alta percepción de que las administraciones públicas se caracterizan por desplegar prácticas corruptas. Por cierto, las municipalidades son consideradas entre las instituciones de menor confianza en lo que respecta a transparencia y probidad.

Lograr con urgencia fortalecer las unidades de control interno y potenciar la labor fiscalizadora de la Contraloría General son pasos claves para contener una creciente cultura de falta a la probidad municipal, las cuales al final del día perjudican la imagen de miles de esforzados y probos funcionarios municipales que observan perplejos como su labor se ve enlodada por personas que consideran a dicha institucionalidad como un botín que debe ser capturado a toda costa para sus mezquinos intereses personales.

"Las municipalidades son consideradas entre las instituciones de menor confianza en lo que respecta a transparencia y probidad"