Marcelo Galindo

Revelando lo importante que ha sido la Defensoría Penal Pública durante la pandemia para aquellas personas detenidas por infringir normas sanitarias, la defensora regional María Soledad Llorente, entregó su cuenta pública en la que hizo alusión a un fallo de la Corte Suprema que marcó un precedente en Puerto Montt y en todo el país.

Mientras que el acto, por primera vez, se realizó frente a las imputadas e imputados que se encuentran en el penal de Alto Bonito.

Precedente

La defensora calificó como de un precedente a nivel nacional el fallo de la Suprema que se originó en Puerto Montt luego de la detención de personas en situación de calle. Un hecho ocurrido en plena pandemia y durante la cuarentena.

Este fallo de la sala penal de la Corte Suprema confirmó que las actuaciones de Carabineros en estos casos constituyeron una vulneración a la libertad personal y seguridad individual de los imputados, puesto que se les detuvo en lugar de brindarles protección, de acuerdo con las instrucciones del "protocolo para el resguardo de las personas en situación de calle en estado de excepción constitucional de catástrofe", establecido por el Ministerio de Desarrollo Social en marzo del año pasado y destinado, precisamente, al personal policial y de las Fuerzas Armadas.

El máximo tribunal hizo otra observación en este documento, en el sentido que Carabineros de Puerto Montt "debe adecuar sus actuaciones" a lo establecido en el protocolo de apoyo para las personas en situación de calle y que sus funcionarios deben abstenerse de detener a personas por el solo hecho de permanecer en la vía pública debido a su situación de indigencia, como había ocurrido.

Vulneratorios

En su cuenta pública, María Soledad Llorente expuso que la Corte Suprema estableció como ilegales las detenciones por delitos sanitarios de dos personas que vivían en esta condición. Incluso, uno de ellos ya había sido detenido 14 veces por la misma razón.

"Son casos que muchas veces pasan desapercibidos, pero no por eso son menos graves, sobre todo cuando el tribunal más importante del país declara que hechos como estos son vulneratorios. Esto último cobra mayor importancia cuando comprobamos que, según un estudio encargado por la Defensoría, el 63% de las personas considera que el sistema penal chileno no respeta ni garantiza los Derechos Humanos, lo que agrava aún más el uso abusivo de la prisión preventiva", señaló la defensora.

En la oportunidad, Llorente confirmó que durante 2020 la Defensoría Penal Pública asumió la representación de más 22 mil 700 causas penales, de las cuales un 50% correspondió a la Provincia de Llanquihue. Es decir, cerca de 11 mil 400 causas.

Dentro de los principales delitos se ubicaron las lesiones, los delitos contra la libertad e intimidad de las personas y aquellos originados en una infracción a la ley de tránsito.

La cuenta pública participativa de la Defensoría Penal Pública fue transmitida también a los internos e internas de los recintos penales de la región.

Boris Hrzic, jefe de estudios de la Defensoría Regional, describe las principales dificultades que debió sortear la defensa para asegurar el trabajo en pandemia.

"La principal dificultad fue la adaptación a litigar por videoconferencia, lo que provocó al menos dos modificaciones importantes. Por una parte, un entrenamiento diferenciado, que permitiera entregar información de manera más efectiva al tribunal, en un contexto de comunicación donde se pierde el poder de ciertos elementos adicionales a la comunicación verbal. Y por otra resguardar adecuadamente las garantías que las personas tienen en el proceso penal, sobre todo en los juicios orales remotos".

Milena Galleguillos, defensora local jefa de Puerto Montt, ilustra este cambio. "Primero, realizamos muchas pruebas con la administración del tribunal para finalmente terminar realizando las audiencias por Zoom; pero también la pandemia significó trabajar muchísimo con los usuarios, para contactarlos y enseñarles a utilizar estas plataformas, de manera que pudieran conectarse a las audiencias en las que eran requeridos, con el objeto de evitar eventuales órdenes de detención por no presentarse a las mismas".

"Según un estudio encargado por la Defensoría, el 63% de las personas considera que el sistema penal chileno no respeta ni garantiza los Derechos Humanos"

María Soledad Llorente, defensora regional

De cuidado y fuera de riesgo vital se encuentra aún internado en el Hospital de Puerto Montt el niño de 8 años que tuvo graves complicaciones tras ser vacunado contra el covid en la escuela Arturo Alessandri de Frutillar.

Fue el doctor Arturo Vargas, subdirector de gestión clínica del Hospital de Puerto Montt, quien se refirió a la condición de salud del escolar.

El médico dijo que se trata de un paciente pediátrico "que se encuentra, en estos momentos, en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPC) y con ventilación mecánica protectora, preventiva de daño neuronal con una planificación de posible extubación durante estos días".

De acuerdo al doctor Vargas, "el paciente está de cuidado, pero por el momento fuera de riesgo vital y está recibiendo todo el cuidado y estudios necesarios en la UPC".

Sin embargo, hasta el momento, el Instituto de Salud Pública (ISP) no se ha referido a la causa del problema de salud del niño, aunque en el Hospital Puerto Montt entregaron un diagnóstico.

Es así como indican que el jueves recibió su primera dosis de vacuna contra el coronavirus, Sinovac, "en conjunto con la de difteria, tétano y pertusis. Pero el viernes evoluciona con deterioro de conciencia, por lo que es derivado al Servicio de Urgencia y se plantea como diagnóstico una encefalitis viral o autoinmune".

Remarcan que "se han realizado todos los exámenes pertinentes para un diagnóstico de encefalitis, una resonancia nuclear de encéfalo, punción lumbar con análisis de líquido cefaloraquídeo para patógenos virales".